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El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha emplazado a la Fiscalía que dirige Teresa Peramato a revisar "cuanto antes" el protocolo de conformidad después de lo ocurrido en el caso del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Hemos trasladado a la nueva fiscal general, prácticamente desde su toma de posesión, la necesidad de, si cabe, reforzar el protocolo. Vistas algunas fallas, la consideración que el propio Tribunal Supremo ha hecho sobre esta cuestión, reforcemos todavía más", ha instado González en una entrevista con Europa Press.

La sentencia del Supremo sobre García Ortiz, que le condenó a dos años de inhabilitación para el cargo, incidía en que, "sin confidencialidad, el pacto de conformidad se aleja de su propia naturaleza y puede generar, en el caso de difusión, un irreparable perjuicio para el justiciable". "El protocolo de conformidad impone al fiscal un deber de confidencialidad, incluso cuando esa negociación se sitúa en el vestíbulo del juicio oral", agregaba.

Para los magistrados del Supremo, García Ortiz o alguien de su entorno, "y con su conocimiento", filtró a medios de comunicación un correo del abogado de González Amador a Fiscalía para ofrecer que su cliente reconociera dos delitos fiscales a cambio de eludir la cárcel. También tuvieron en cuenta la nota de prensa de la Fiscalía donde se detallaba el cruce de 'emails' entre la defensa y el fiscal.

Una sentencia que llevó a la Abogacía a reclamar "la necesidad de preservar la confidencialidad en las negociaciones entre defensa y Fiscalía" y a urgir "a elaborar un nuevo protocolo de conformidad".

Para el presidente de la Abogacía Española, ese caso ha trasladado "una sensación de incertidumbre" y "un atisbo de inseguridad" a la ciudadanía. "Cuanto antes reforcemos, revisemos, reactualicemos ese protocolo que ya teníamos, y al que hace referencia la sentencia, pues perfecto", ha subrayado.

González ha pedido "no hacer abstracción del problema concreto o del momento político" y abordar el asunto "técnicamente, jurídicamente, para dar confort al ciudadano de lo que ya es una realidad" y "cerrar ese resquicio de disfuncionalidad del mecanismo".

Porque, según ha resaltado, las conformidades "están funcionando perfectamente en todo el territorio con respeto a esa confidencialidad y a lo que está en juego, que son los derechos de los ciudadanos en la justicia penal".

"Las conformidades son un mecanismo de solución ágil que se está produciendo a satisfacción de profesionales y de ciudadanos en todo el territorio", ha insistido.

GARANTIZAR LOS DERECHOS DEL CIUDADANO SI LOS FISCALES INSTRUYEN

Preguntado por la reforma que busca que los fiscales pasen a instruir las causas penales en lugar de los jueces, el presidente de la Abogacía ha recordado que "es un proyecto que se ha abordado por gobiernos de distintos signos políticos" y que ya está "implantado a nivel de Fiscalía Europea en España".

"El problema no es ese, el problema es que es un cambio estructural en la justicia de más hondo calado y requiere de mucha escucha, de mucho consenso", ha avisado, para ahondar en que supone "cambiar la relación de la Administración de Justicia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

González ha asegurado que "lo más importante", de aprobarse esa reforma, es "gestionar bien el cambio", antes de incidir en que una crítica común a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha transformado los juzgados unipersonales en tribunales de instancia, es que "quizá se hubiera necesitado más tiempo", por lo que no sabe "si cinco años serán suficientes" para adaptarse al nuevo modelo de que los fiscales instruyan.

"Pero no va tanto del periodo de tiempo, sino de la forma de gestionar ese cambio, escuchando a todos, poniendo encima de la mesa las disfunciones que pueden surgir desde un principio, avanzando en el modelo y en la gestión de ese modelo", ha añadido.

En este punto, ha indicado que no cree que haya "un problema con la Fiscalía" en este momento como para que esa reforma se trunque, ya que "no es esta Fiscalía General, probablemente tampoco la siguiente, la que vea o la que aborde este cambio".

González ha precisado que es una reforma "pensando a futuro": "Estamos pensando en algo estructural, en algo que va a cambiar algo tan importante como la justicia penal, la más severa del país".

"Y eso tiene que hacerse respetando todos los derechos de los ciudadanos en momentos claves como es una instrucción penal", ha demandado, antes de resaltar que hay "consenso" y que lo pendiente es ponerse de acuerdo en "cómo llevarla a término, que sea una realidad sin que en el camino se perjudiquen garantías".

IMPLANTACIÓN "IRREGULAR" DE LOS TRIBUNALES DE INSTANCIA

Respecto a los tribunales de instancia, González ha señalado que la modificación de "toda la estructura de la Administración de Justicia" genera, "sin duda, disfunciones", aunque ha matizado que se trata de "un problema que en cualquier caso se tenía que producir".

Aunque ha echado de menos que no se haya ofrecido una "escucha activa" a la Abogacía, que viene reclamando que se convoque la Comisión para la Calidad del Servicio Público de Justicia, "donde deben de estar todos los operadores, tanto a nivel nacional como las comunidades autónomas", para que se les escuche y "de una vez por todas" poder "ir limando todas las cuestiones que están surgiendo".

González ha asegurado que mantiene reuniones con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para "entender las dificultades" y ha reivindicado que la Abogacía desempeña "un papel esencial" porque "es la profesión que se convierte en el altavoz del ciudadano" y la que "tiene la primera respuesta al retraso que se va produciendo en la Administración de Justicia".

El presidente de la Abogacía también ha demandado "criterios más uniformes en todo el territorio" para poder llevar a cabo la reforma "con mayor eficacia", puesto que "el nivel de implantación es irregular" entre los partidos judiciales más pequeños y los más grandes, ya que los problemas "tienen que ver también con la situación de cada tribunal de instancia en cada territorio".

González ha aseverado que la Abogacía ha propuesto "un análisis de aquellos sitios en los que está funcionando mejor y donde hay más problemas, para buscar las buenas prácticas y abandonar aquellas que no están dando el resultado".

Y ha apelado a un buen entendimiento entre la Abogacía y "los responsables de este cambio", en referencia a la Administración y los Tribunales Superiores de Justicia, para "conseguir la mejor implantación posible del nuevo sistema".

"APORTAR" A TODAS LAS REFORMAS

Sobre las relaciones con el Ministerio de Justicia, González ha indicado que ha trasladado al departamento que dirige Félix Bolaños su "preocupación" por "la falta de recursos" y por "la gestión del cambio, que no siempre ha sido la más idónea".

Ha reclamado más recursos y la participación de todos los agentes en las reformas, porque "es un reto global" que necesita "cohesión" y que "se analice y monitorice el proceso de cambio" para "ver dónde está funcionando y dónde se están retrasando" los objetivos.

"Colaboración, proposición, escucha y entendimiento de la situación en la que estamos", ha resumido González su postura, para añadir que es "lógico" que haya "quejas" porque se trata de adaptarse a un "sistema nuevo".

En este contexto, ha precisado que las relaciones con el Ministerio de Justicia "son cordiales, de carácter institucional y reivindicativas de lo que exige la profesión, queriendo sumar y aportando al proceso".