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La Ley de Seguridad Municipal, a partir de una indicación de la senadora Provoste, incluyó un test para alcaldes. De prosperar aquella norma, se transformaría en la primera regulación legal permanente que obligaría a autoridades a someterse a estos controles, incluso con el riesgo de perder sus cargos. Hay otra moción de las diputadas Labra, Jiles y Ahumada para obligar a parlamentarios y al presidente.