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El tribunal que juzga a la familia Pujol en la Audiencia Nacional (AN) por su presunto enriquecimiento ilícito ha aceptado "muy condicionadamente" que testifiquen cinco policías, entre ellos el comisario jubilado José Manuel Villarejo, relacionados con la llamada 'Operación Cataluña'.

Así lo ha expresado el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, este miércoles durante la cuarta sesión del juicio. De Prada ha manifestado que "se citarían a los cinco testigos en la misma sesión" porque no quiere que se forme "un proceso dentro del proceso".

El magistrado ha sugerido a las defensas que presenten la declaración de Villarejo "como una documental", es decir, "por vía de testimonio" la declaración completa o sus "aspectos concretos".

Cabe recordar que la instrucción de la 'Operación Cataluña' se está llevando a cabo en un juzgado en Andorra, que investiga si hubo presiones por parte del Gobierno español en el Principado en 2014 para obtener información bancaria en poder de Banca Privada de Andorra, una de las entidades en la que presuntamente ocultaba su dinero el 'clan' Pujol, según el escrito de acusación la Fiscalía.

Así, el magistrado ha considerado "excesivo" abrir diligencias en relación con la 'Operación Cataluña', una presunta trama de espionaje para tumbar a líderes independentistas. Además, De Prada ha expresado que, en todo caso, la práctica de esas diligencias "va a ser ineficaz" y que "no nos lleva a ningún lado".

La defensa de Josep Pujol, uno de los hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, pidió la nulidad del caso en sus cuestiones previas por la forma en la que los datos bancarios de la familia habían trascendido a la prensa.

"Existen informes del comisario José Manuel Villarejo sobre el denominado sumario Pujol. Y en estos informes, y muy particularmente sobre las cuentas bancarias andorranas, el propio Villarejo vincula sin ambages a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la obtención de los datos bancarios publicados por 'El Mundo' el 7 de julio de 2014", espetó en la primera sesión del juicio.

El juicio comenzó el pasado 24 de noviembre contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, sus siete hijos y más de 15 presuntos colaboradores por haber formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

Presidido por el magistrado De Prada y con las magistradas María Fernanda García, como ponente, y Mercedes del Molino, este tribunal juzga a los acusados por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes. Terminada esta cuarta sesión, De Prada ha anunciado que el juicio continuará el próximo 12 de enero de 2026.

FISCALÍA NEGÓ UNA "INVESTIGACIÓN PROSPECTIVA"

El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo negó en la sesión del pasado 26 de noviembre que existiesen "supuestas maniobras irregulares" en el juicio por el presunto enriquecimiento ilícito de la familia Pujol, en respuesta a las tesis algunas de las defensas que denuncian un origen político de esta causa. "Se ha pretendido convertir rumores políticos en causas de nulidad", apuntó

Bermejo expuso que "lo que no se puede hacer" es introducir cuestiones "de índole político" en una cuestión "procesal, jurídica y sustantiva".

Del mismo modo, negó una "investigación prospectiva" por parte del magistrado instructor José de la Mata, al haber "indicios concretos" de la comisión de delitos. En concreto, los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la base de datos de la Agencia Tributaria y el comunicado que el padre de la familia publicó en 2014, en el que admitía tener dinero en el extranjero.

ANTICORRUPCIÓN PIDE HASTA 29 AÑOS DE PRISIÓN

La Fiscalía Anticorrupción reclama para el expresidente 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros. Para sus siete hijos pide penas de entre 8 y 29 años de prisión, según su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press.

Anticorrupción pide la pena más alta, 29 años, para el hijo mayor de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, y una multa de más de 6,5 millones. Para su exmujer Mercè Gironès, quien la fiscal señala que compartió el patrimonio con el que fue su marido, pide 17 años de cárcel y más de 600.000 euros de multa.

Al margen de las multas, el Ministerio Público reclama también que la familia Pujol devuelva el dinero del que presuntamente dispuso, más de 45 millones de euros.

Para el resto de acusados, que son empresarios, la Fiscalía pide penas de dos y tres años de prisión por delitos de falsedad de documento mercantil en relación medial con un delito de blanqueo de capitales. Y, además, solicita se les imponga multas que van desde los 200.000 euros hasta los 8 millones.