El Ciudadano
Por Patricio Medina Johnson
Hay algo que el Gobierno no está diciendo del todo claro.
La llamada “ley miscelánea” —un paquete de 43 medidas— no es solo una agenda de reactivación económica. Es, en la práctica, una redefinición del ajuste que Chile enfrentará en los próximos años.
Y eso importa, porque no es lo mismo reactivar que ajustar.
El diagnóstico del Gobierno es correcto, y ahí hay que partir. Chile lleva más de una década creciendo en torno al 2% anual, muy por debajo de su potencial.
Al mismo tiempo, el país enfrenta una situación fiscal estrecha: el déficit estructural llegó a 3,6% del PIB en 2025, en un contexto de menor crecimiento y mayores presiones de gasto.
En simple: el Estado tiene menos margen para gastar, justo cuando las demandas sociales siguen altas.
Hasta ahí, el diagnóstico es compartido. El problema es la respuesta.
El corazón de la ley es una rebaja del impuesto corporativo: de 27% a 23% en un plazo de cuatro años, con mecanismos que incluso podrían llevarlo a niveles cercanos al 20% en ciertos casos.
A esto se suman subsidios al empleo, incentivos a la inversión, beneficios a la vivienda —como la suspensión temporal del IVA— y una ventana para repatriar capitales con tasas preferentes.
La lógica económica detrás es conocida: bajar impuestos para incentivar inversión, aumentar el crecimiento y, con eso, generar empleo. El problema es que esa cadena no es automática.
La lógica económica detrás es conocida: bajar impuestos para incentivar inversión, aumentar el crecimiento y, con eso, generar empleo. El problema es que esa cadena no es automática.
El propio Ministerio de Hacienda sostiene que, por cada punto de reducción del impuesto corporativo, el PIB podría aumentar en torno a 0,65% en el largo plazo.
Pero la palabra clave es “largo plazo”. Porque en el corto plazo, el efecto es mucho más claro: menor recaudación.
Y ahí aparece la pregunta incómoda que el proyecto no responde del todo: ¿cómo se financia esta rebaja en un contexto de estrechez fiscal?
Hoy, cada punto de recaudación es crítico para sostener gasto público. De hecho, el diseño original de la reforma implicaba un costo fiscal relevante, lo que obligó al Gobierno a introducir gradualidad para evitar ajustes del orden de US$ 4.000 millones en los primeros años.
Es decir, el propio gobierno reconoce el problema: el costo fiscal es real, inmediato y significativo.
Lo que se está haciendo, en la práctica, es apostar a que el crecimiento futuro compense la caída de ingresos actuales. Pero esa apuesta no es segura. Y además tiene un sesgo claro.
El beneficio inicial no es neutro: se concentra en los actores con mayor capacidad económica.
Las empresas afectas al impuesto corporativo concentran una parte relevante de la actividad económica, pero también concentran los ingresos. Por eso, cuando se baja este impuesto, el beneficio inicial no es neutro.
De hecho, según cifras del propio Ministerio de Hacienda, cerca del 80% del costo fiscal de bajar un punto del impuesto corporativo beneficia al 1% de mayores ingresos, mientras que el 50% de menores ingresos recibe un impacto prácticamente marginal.
No es necesariamente incorrecto. Pero sí es una decisión política que define quién gana primero y quién asume el riesgo después.
No es necesariamente incorrecto. Pero sí es una decisión política que define quién gana primero y quién asume el riesgo después.
Algo similar ocurre con otras medidas del proyecto. La suspensión del IVA a la vivienda o los incentivos a la repatriación de capitales pueden dinamizar sectores específicos, pero también funcionan como alivios directos a sectores que hoy están bajo presión económica.
Entonces la discusión de fondo no es ideológica. Es económica.
El Gobierno está apostando a una idea simple: que menos carga tributaria hoy se traduzca en más crecimiento mañana.
Pero esa estrategia tiene tres riesgos claros.
Primero, que el crecimiento no se materialice al ritmo esperado.
Segundo, que la recaudación caiga en el corto plazo, tensionando aún más las cuentas fiscales.
Tercero, que ese ajuste termine trasladándose —directa o indirectamente— a las políticas públicas, ya sea vía recortes, postergaciones o menor capacidad del Estado.
Y ahí aparece el punto central que hoy no está en la discusión pública.
La ley miscelánea no es solo un paquete técnico de medidas. Es una definición de modelo económico.
La ley miscelánea no es solo un paquete técnico de medidas. Es una definición de modelo económico.
Implica priorizar inversión sobre recaudación, asumir un riesgo fiscal en el corto plazo y confiar en que el crecimiento resolverá, hacia adelante, las restricciones actuales.
En simple: no es solo una política de reactivación. Es, en el fondo, una apuesta.
La reactivación económica es necesaria. Chile necesita volver a crecer, y con urgencia.
Pero cuando esa reactivación se construye sobre menor recaudación en un contexto de estrechez fiscal, ya no estamos solo frente a una política económica. Estamos frente a una apuesta.
Una apuesta donde el costo es inmediato, pero el beneficio es incierto.
Y donde, además, los beneficios se concentran primero en la parte alta de la distribución, mientras el riesgo fiscal lo asume el conjunto del país.
Porque cuando el crecimiento no llega a tiempo, el ajuste deja de ser una proyección técnica. Se vuelve inevitable.
Por Patricio Medina Johnson
Ingeniero Comercial. Licenciado en Ciencias Económicas. Magíster Economía Financiera, Universidad de Santiago de Chile. M.Sc. Governance of Risk and Resources(C), University Heidelberg.
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
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