La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado que los correos electrónicos intercambiados entre Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, "recogen información oficial" y requerirlos, como hizo el juez Juan Carlos Peinado, "no constituye una intromisión en la esfera privada".
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados rechazan una aclaración solicitada por la defensa de la asesora de la esposa del presidente del Gobierno, tras avalar que el juez instructor del 'caso Begoña Gómez' pidiera esos correos.
La defensa de Álvarez solicitó una aclaración a la Audiencia Provincial indicando que el excargo de la UCM no ofreció, cuando declaró ante el juez como testigo, aportar esos correos electrónicos.
"Como puede comprobarse en la grabación en vídeo de las declaraciones prestadas por el testigo, lo cierto es que Doadrio no ha ofrecido nunca, en ningún momento de sus declaraciones, la aportación voluntaria a la causa de esos correos electrónicos", expuso su abogado en un escrito.
Los magistrados se oponen a la aclaración solicitada "porque lo que pretende el solicitante es un nuevo pronunciamiento, sobre lo que ha sido resuelto en el recurso de apelación, al no mostrarse conforme con las cuestiones que ya fueron objeto de resolución".
"Doadrio manifestó que poseía unos ciento y pico de correos, que en un principio se comunicaba con Begoña Gómez, pero después lo fue Cristina Álvarez, con lo que el testigo puso de manifiesto un dato de importancia para la investigación", subrayan.
CORREOS DESDE DIRECCIONES OFICIALES
La Audiencia de Madrid incide en que, con "unos correos dirigidos desde direcciones oficiales como los correspondientes al Palacio de la Moncloa, como los remitidos desde la Universidad Complutense, no constituye una intromisión en la esfera privada del individuo".
"Recogen información oficial y en referencia a la investigada aportan datos de interés para valorar la participación de Cristina Álvarez en una esfera ajena a las funciones de su cargo como asistente de la esposa del presidente del Gobierno", concluye.
Álvarez, una de las tres investigadas junto a Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés, recurrió la decisión del juez Peinado de requerir esos correos a través de una providencia, al entender que debía de haber optado por un auto ya que lo que reclamaba afectaba de manera directa --alegó-- a sus derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.
La esposa de Sánchez figura como investigada por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.
Todo ello en el marco de cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias a favor del empresario, a su vez investigado, Juan Carlos Barrabés; la gestión de la cátedra y los dos másteres que codirigía Gómez en la UCM; la presunta apropiación indebida del 'software' de dicha cátedra, y el nombramiento de Álvarez como asesora.
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