La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado señalar la fecha para la celebración del juicio oral contra la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse y el resto de acusados por el denominado 'caso ITV', una vez admitida la mayor parte de las pruebas propuestas por las acusaciones y las defensas y concluida la fase intermedia del procedimiento.
Asi consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la Sala acuerda que se de traslado al Letrado de la Administración de Justicia del Tribunal, para que atendiendo a la Agenda de Vistas, y el movimiento de asuntos de la Sección, proceda a señalar día y hora para la celebración del juicio oral.
De igual modo, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial acuerda admitir las pruebas de interrogatorio de los acusados, testificales, periciales y documentales interesadas tanto por la Fiscalía como por las acusaciones y las defensas, con algunas excepciones.
La causa tiene su origen en el acuerdo alcanzado en 2020 entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria de la ITV para poner fin al litigio derivado de la concesión administrativa de la estación de inspección de vehículos.
Las acusaciones sostienen que dicho pacto, aprobado por la Junta de Gobierno Local, resultó arbitrario y ocasionó un perjuicio económico a las arcas municipales al reducir el crédito que el Consistorio mantenía frente a la mercantil, por lo que atribuyen a los acusados delitos de prevaricación administrativa y malversación. Las defensas niegan cualquier irregularidad y sostienen que el acuerdo se adoptó conforme a la legalidad y en interés del Ayuntamiento.
Entre los acusados figuran la exregidora socialista Noelia Posse, varios exmiembros de su equipo de Gobierno, el exconcejal Aitor Perlines, responsables municipales, la mercantil ITV Móstoles S.L. y otros investigados.
La Sala rechaza, no obstante, algunas de las diligencias solicitadas por las partes. En concreto, deniega la petición del Ayuntamiento de Móstoles para que el Tribunal de Cuentas determinara el importe del supuesto perjuicio económico causado a la corporación al considerar que ese organismo no puede actuar como perito del tribunal penal y que esa valoración podrá realizarse con las pruebas ya existentes en la causa.
Asimismo, inadmite parte de la documentación solicitada por la acusación popular y por varias defensas al entender que gran parte de esos documentos ya constan incorporados al procedimiento o carecen de relevancia para el objeto del juicio.
El tribunal también acuerda que, salvo que alguno solicite lo contrario dentro del plazo de diez días, los acusados declaren al final de la práctica de la prueba. Contra este auto no cabe recurso, sin perjuicio de que las partes puedan reiterar al inicio del juicio la práctica de las pruebas que han sido rechazadas.
La Fiscalía solicita para la exalcaldesa una pena de 12 años de inhabilitación especial por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación, mientras que para el resto de exconcejales y cargos públicos procesados reclama ocho años de inhabilitación.
Por su parte, la acusación popular eleva su petición a seis años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta para los responsables políticos, además de tres años y seis meses de cárcel para la mercantil ITV Móstoles S.L. Asimismo, el Ayuntamiento de Móstoles, personado como acusación particular, reclama 817.453,94 euros por el presunto perjuicio causado a las arcas municipales.
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