La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y ex 'número dos' de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, a dos años y medio de cárcel por irregularidades en los contratos adjudicados a la empresa Waiter Music para la celebración de las fiestas populares en distintos municipios madrileños en el marco del 'caso Púnica'.
Así lo ha decidido la Sala de lo Penal en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que le imponen esa pena de cárcel por un delito continuado de fraude.
También le condenan por un delito continuado de prevaricación, por el que le imponen ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El tribunal señala que la intervención de Granados "no se articula como gestor directo del expediente administrativo, sino como elemento impulsor y facilitador del sistema desde una posición de poder político e influencia determinante".
La Audiencia Nacional sostiene que Granados "mantuvo una capacidad de influencia continuada sobre los órganos decisores, aun sin ostentar formalmente competencia administrativa directa, y se benefició de la relación mediante la recepción sistemática de prestaciones en especie no retribuidas, consistentes en eventos privados sufragados por el empresario" José Luis Huertas.
Y añade que "la propia dinámica de los hechos evidencia que la adjudicación de contratos en su ámbito de influencia se producía en un contexto en el que la relación personal y política facilitaba la obtención de decisiones favorables, en conexión con la obtención de beneficios económicos indirectos para el empresario, pero sin una influencia directa".
ENCARGOS A CAMBIO DE FAVORES POLÍTICOS
La sentencia se enmarca en una pieza separada de la macrocausa 'Púnica', en la que han sido juzgadas 14 personas, entre alcaldes y técnicos, por una serie de contratos otorgados entre 2007 y 2014 por la Comunidad de Madrid y por distintos ayuntamientos de la región en favor de Waiter Music, propiedad de Huertas, quien no pudo ser juzgado por fallecimiento.
La Audiencia Nacional señala que "tal relación comercial fue posible debido a que los diferentes expedientes administrativos, cuando los había, estaban predeterminados para que fuesen adjudicados, bien a Waiter Music o bien a empresas controladas directa o indirectamente" por Huertas.
Para los magistrados, la empresa "realizaba los festejos de conformidad" y "proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos, bien en extras decididos en el momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal, bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados".
"Huertas realizaba tales encargos para seguir contando con el favor de los diferentes políticos municipales en la adjudicación de festejos, asumiendo el coste de algunos directamente y, en otros casos, presentando facturas por un importe mayor al propio del beneficio mercantil del coste de los actos", explica la Audiencia Nacional.
CONDENADOS TAMBIÉN EXALCALDES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El tribunal detalla los servicios celebrados con los distintos ayuntamientos madrileños de acuerdo "con la anterior dinámica" y que se materializaron en la organización de fiestas patronales, Carnavales o Cabalgatas de Reyes, entre otros, desde 2007 y a lo largo de varios años.
La sentencia señala que dicha empresa estuvo trabajando para el Ayuntamiento madrileño de Valdemoro desde 2004 hasta 2013 y entre 2007 y 2011 Móstoles, San Martín de la Vega, Algete, Chinchón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Moraleja de En medio, todos ellos gobernados por alcaldes del PP de la Comunidad de Madrid.
Además de Granados, la Audiencia Nacional condena a dos años de prisión por delito continuado de fraude a los exalcaldes de la localidad madrileña de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno, y a los exregidores de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera, y de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada.
El tribunal absuelve a quienes fueron alcaldes de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz, así como a otros dos acusados en este procedimiento. No obstante, condena al exsenador del PP David Erguido a dos años de cárcel por delito continuado de fraude.
La Fiscalía pedía cara al juicio para los acusados entre dos y seis años de prisión por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
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