El último fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el estado de Louisiana ha convertido la clásica batalla partidista por la redistribución de mapas electorales entre republicanos y demócratas en un ataque frontal contra la Ley del Derecho al Voto de 1965, que blinda la representación de las minorías negras en las urnas.
El término 'gerrymander' --la táctica política de manipular los límites de los distritos-- se popularizó a raíz de una caricatura publicada en 1812 en la prensa de Boston, en Massachusetts, que representaba al condado de Essex como una salamandra. El dibujo era un juego de palabras para referirse al gobernador demócrata-republicano Elbridge Gerry, que ese año firmó una medida destinada a mantener a su partido en el poder tras redefinir el mapa electoral de cara a las elecciones al Senado estatal.
Esta práctica, no obstante, ya estaba asentada casi desde el inicio de la democracia, siendo el padre fundador Patrick Henry uno de los primeros en recurrir a ella a fin de garantizarse la victoria frente a su rival, James Madison, en los primeros comicios al Congreso de Virginia a principios de 1789.
En los últimos años, el 'gerrymandering' ha dejado de ser una simple estrategia para debilitar al rival político a convertirse en un mecanismo geográfico para diluir el voto de las minorías negras, fragmentando sus distritos o concentrándolos en uno solo para restarles peso en las urnas.
Esto ha traído una larga cola judicial en los tribunales, que se han convertido en el verdadero campo de batalla en el que se decide el valor de cada papeleta, según el Centro Brennan para la Justicia, un 'think tank' cuyo objetivo es proteger los derechos constitucionales.
LA LEY DEL DERECHO AL VOTO DE 1965
La represión por parte de la Policía contra manifestantes negros en Alabama el 7 de marzo de 1965, enmarcada en las protestas impulsadas por el activista Martin Luther King, acabó precipitando la promulgación de la llamada Ley del Derecho al Voto, calificada como una de las conquistas más importantes del movimiento por los derechos civiles.
La histórica legislación, concebida para obligar a los estados a cumplir con las enmiendas Decimocuarta --que garantiza la igualdad de todo ciudadano ante la ley-- y Decimoquinta --que prohíbe restringir el voto por motivos de raza--, permitió eliminar prácticas discriminatorias, como pruebas de alfabetización o la obligación de pagar impuestos para ejercer el sufragio.
En 1982, el Congreso enmendó la sección segunda para permitir que se pudieran impugnar aquellos mapas que pudieran diluir el voto de las comunidades negras, si bien desde hace años ha sufrido numerosos reveses que han ido desmantelando poco a poco sus pilares fundamentales.
Uno de ellos fue el fallo del Supremo en junio de 2013, que en la práctica dejó sin efecto la sección quinta, que exige a los estados con un pasado de segregación y exclusión racial obtener aprobación previa del Gobierno federal para poder modificar las normas electorales. Los demandantes alegaron entonces que el país había cambiado drásticamente desde 1965, especialmente en un momento en el que Barack Obama se encontraba al frente de la Casa Blanca.
Menos de 24 horas después de la caída de la sección quinta, numerosos estados, como Texas o Carolina del Norte, anunciaron restricciones al voto que afectaban específicamente al electorado negro, hispano y de bajos ingresos, exigiendo métodos de identificación más estrictos a los votantes.
Pero la ofensiva no se detuvo ahí. Un nuevo fallo del Supremo en 2021, alineado con las restricciones impulsadas por Arizona, causó un daño significativo a la sección segunda --aquella que prohíbe a los estados limitar el voto por motivos de raza o color--, dificultando la impugnación de cualquier norma discriminatoria en contra de las minorías.
La decisión dejaba a las organizaciones civiles sin su última gran herramienta de defensa y daba vía libre a una nueva oleada de restricciones en un momento de tensiones en las calles de todo el país tras el asesinato, un año antes, del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un agente de Policía en Minneapolis, en el estado de Minnesota.
EL MAPA ELECTORAL DE LUISIANA
El último golpe de gracia que desmantela por completo la sección segunda de la ley llegó el pasado 29 de abril. El Supremo tumbó el mapa que obligaba a mantener en el estado de Louisiana dos distritos de mayoría negra, al considerarlo inconstitucional por priorizar la raza y discriminar a la mayoría de votantes blancos.
La redistribución fue realizada tras un fallo de un tribunal inferior que determinó que el diseño anterior, de febrero de 2022, perjudicaba el voto negro al reducirlo a un solo distrito. La decisión del Supremo --redactada por el juez Samuel Alito y rechazada por las liberales Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown- dificultará aún más la presentación de demandas en regiones del sur, históricamente de mayoría negra.
Como ya ocurriera en junio de 2013, estados como Carolina del Sur, Tennessee, Florida o Alabama han puesto sobre la mesa sus respectivos mapas ante el precedente creado por el Supremo en abril. Más allá de las matemáticas partidistas --que permitirán a los republicanos rascar algún escaño de cara a las próximas elecciones de medio mandato-- el verdadero trasfondo de esta disputa sigue estando en el peso del voto negro, que suele ser de tendencia demócrata.
PARADOJA DE LA CEGUERA AL COLOR
El debate en torno a la "ceguera al color" se centra en la premisa de que las leyes e instituciones deben garantizar la neutralidad. Bajo esta lógica, los jueces del Supremo sostienen que la Constitución es "daltónica" ante la raza, lo que justifica su oposición radical a tratarla como un criterio legal.
Sin embargo, este enfoque resulta insostenible, ya que choca con "siglos de prejuicios legales y constitucionales", según explica a Euroa Press el historiador jurídico Paul Finkelman. Esta profunda asimetría ha tenido en los últimos años su máximo exponente y catalizador social en las movilizaciones del movimiento Black Lives Matter.
El respaldo judicial al rediseño de los distritos como si fuera una simple estrategia partidista funciona como un "subterfugio" legal. Así, al permitir que se camufle el factor racial, se da 'luz verde' a la fragmentación de comunidades y a la dispersión del voto de las minorías, dejándolas sin opciones reales de representación.
"Al mismo tiempo, estos jueces han permitido hasta ahora que el Gobierno federal, a través del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, detenga, interrogue e incluso arreste a personas basándose en su acento, el idioma que hablan o su apariencia. Estas son, por supuesto, categorías directamente vinculadas a distinciones raciales y étnicas", explica.
El economista y jurista Chika Okafor coincide con la postura de Finkelman en un estudio publicado en 2025 en el que apunta a que este enfoque parte de una premisa falsa, ya que incluso si no existiera discriminación, las minorías recibirían menos oportunidades debido a la homofilia, la tendencia a relacionarse con personas similares.
En política, esta exclusión se agrava aún más porque las mayorías conservan una mayor ventaja numérica y de recursos en sus redes. El estudio concluye así que abolir los distritos de las minorías bajo una supuesta neutralidad no genera equidad, sino que consolida la desigualdad estructural existente.
La "ceguera de color" no solo ha tenido impacto en el terreno electoral, sino también en el educativo. Un fallo de la máxima corte puso fin a la 'discriminación positiva' en los criterios de acceso a las universidades tras dictaminar que no se podía considerar la raza en estos casos.
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