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Entre 1990 y la crisis financiera internacional del 2008, dominó en las relaciones internacionales una específica filosofía económica y política que moldeó instituciones multilaterales, reglas comerciales bilaterales, y proveyó de una específica racionalidad práctica a los actores políticos.

Esta filosofía, el liberalismo, fue conducida en sus hombros por EEUU y la UE, pero luego se difundió a la mayoría de las economías post caída de la URSS y se cristalizó en una red de acuerdos comerciales, liberalizaciones unilaterales de áreas económicas, privatizaciones y creación de una arquitectura comercial global que fijaba reglas comunes de comercio (la OMC). El comercio internacional no paraba de crecer, y las naciones parecían forjar crecientes vínculos comerciales, productivos, financieros, tecnológicos, etc. El mundo, se decía en los 1990s, era ahora una gran ‘aldea global’.

Esta filosofía, tan poderosa en sus resultados prácticos, se sostenía en base a cuatro principios. Primero, que el comercio global entre privados generaría relaciones de mutua dependencia y de progreso compartido, en tanto la división del trabajo de acuerdo a las ventajas comparativas de cada nación generaría un mayor crecimiento para cada una, junto a densas redes económicas que minarían la posibilidad de quebrar el orden, o de entrar en conflictos entre naciones. Segundo, la apertura comercial iría generando, a partir del desparrame de sus efectos positivos sobre la población, crecientes apoyos, de forma que cada liberalización iría creando más bases de apoyo para subsiguientes liberalizaciones en mayores ámbitos (incluido el político). No por nada, en los 1990 y 2000, EEUU creía firme e ingenuamente que la entrada de China al comercio internacional presionaría a una adopción de la democracia liberal. Tercero, como ha recalcado Quinn Slobodian, para que el mercado pudiera expandirse y generar estos efectos beneficiosos colectivos, era menester crear reglas (internacionales y nacionales) que la ‘protegieran’ de las intervenciones de los Estados: limitar legalmente políticas industriales nacionales, uso de aranceles, reglas pro-desarrollo a inversiones extranjeras, etc. Finalmente, si lo anterior era correcto, era de perogrullo que cualquier posición política que buscara, por ejemplo, proteger salarios frente a la competencia externa o promover industrias más allá de las que derivaban de las ventajas comparativas asignadas por el mercado, era considerada peyorativamente como un soberanismo nostálgico y un anacronismo que frena el progreso colectivo para proteger sectores ineficientes e ideas provincianas.

En la actualidad, sin embargo, ninguno de los pilares institucionales del cosmopolitismo liberal pareciera gozar de buena salud. Ni los TLC han protegido al mercado, ni la OMC funciona, ni sus principios generales se consideran seriamente, ni la UE (en su momento la reina del cosmopolitismo) pareciera dispuesta a defenderla. ¿Qué pasó con esa filosofía dominante tan poderosa en su momento? ¿por qué ninguno de sus promotores originales pareciera seguir sus preceptos?

La causa directa es bastante evidente. La industrialización de China ha sido tan intensa que hoy representa alrededor de un 30%-40% de la manufactura global, desplazando a las economías occidentales de sus fuentes de desarrollo. Esto ha forzado a que dichas economías estén dispuesta a sacrificar toda su arquitectura internacional liberal en pos de defender sus sectores tecnológicos.

Si bien esta respuesta es correcta, es insuficiente. La causa es más profunda y tiene relación con los propios preceptos de la filosofía que dominó sus decisiones económicas. En particular, esta filosofía era ciega a qué sectores desparecían y cuáles emergían a partir de la competencia global. EEUU y la UE experimentaron décadas de desindustrialización a vista y paciencia de elites políticas que no veían en ello una señal de alarma (por el contrario, los principales economistas liberales hablaban de cómo EEUU caminaba hacia una era post-industrial a partir de servicios financieros). En los 1990s y 2000s, pocos se cuestionaron que el boom económico español se sostenía en base a profundizar la especialización en turismo, desarrollo inmobiliario y construcción, a costa de perdida profunda de tejido industrial. En lugar de reestructurar la industria en los 1990s, España canalizó crédito barato hacia construcción, creando una burbuja que estalló en la crisis del 2008. A su vez, en nuestra región, pocos dudaron de la afirmación de que el giro exportador en torno a recursos naturales y fuerza laboral de baja cualificación era, sencillamente, su adaptación a sus ventajas comparativas y que, por tanto, era la llave para el desarrollo futuro.

Esta ceguera permitió que se fueran constituyendo patrones de especialización frágiles, inestables y con profundas brechas entre sectores y clases, como efectivamente pasó en EEUU, la UE y América Latina. Contrario a lo esperado, la apertura no generó un desparrame de progreso, sino una creciente base de sectores de baja productividad, empleos de baja cualificación y con salarios deprimidos. Y con lo anterior se iba constituyendo un creciente malestar social que demandaba a los gobiernos protección y apoyos sectoriales pero que, sin embargo, recibían por parte de las elites cosmopolitas (tanto de izquierda como de derecha) acusaciones de que sus demandas eran un mero chovinismo nostálgico o un resultado de su propia incapacidad de competir en el mercado global.

En este sentido, la competencia de China, más que la causa profunda, lo que hizo fue acelerar esta tendencia interna de malestar social que la propia filosofía liberal dominante fue gestando lentamente desde los 1990s, pero que fue tercamente ciega a su crecimiento, y arrogante en su trato. Karl Polanyi decía en 1944 que ‘la victoria del fascismo fue hecha prácticamente inevitable por la obstrucción de los liberales frente a cualquier reforma que implicara planificación, regulación o control’. Su declaración no deja de resonar en nuestro presente. Las décadas de trato displicente a los sectores que demandaban protección de industrias y de empleos, fue acumulando un rechazo que solo pudo ser capitalizado por actores externos al orden político establecido, pero cuyas soluciones solo conllevan a mayor belicosidad en las relaciones entre estados y a una mayor centralización del poder en las relaciones internas.

En último término, las salidas ‘iliberales’ del presente parecen ser un resultado natural del consenso liberal y sus cegueras.

Por José Miguel Ahumada, académico del Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile.