El Ciudadano
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda civil de indemnización de perjuicios contra el senador Miguel Ángel Calisto (Ind.-Demócratas) con la que busca recuperar más de $131 millones habrían sido obtenidos de manera fraudulenta desde Congreso Nacional y el Gobierno Regional (Gore) de Aysén.
La acción legal, ingresada por el procurador fiscal Paulo Gómez, representa el más reciente embate judicial contra el parlamentario, y se suma a un creciente entramado de diligencias penales que ya enfrenta por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos.
Asesorías parlamentarias fraudulentas
La partida más relevante que el CDE busca recuperar asciende a $105.554.697, correspondientes a dineros que el Congreso Nacional habría desembolsado por concepto de asesorías parlamentarias. De acuerdo con los antecedentes recopilados en la demanda, entre 2018 y 2022 Calisto se habría concertado con Roland Cárcamo y Carla Graf —ambos imputados—para acceder a recursos fiscales mediante un mecanismo defraudatorio que consistía en la contratación de Graf como asesora parlamentaria del entonces diputado, pese a que, según sostiene el organismo, esta no habría cumplido efectivamente con las funciones pactadas
La acción detalla que los contratos de asesoría no eran más que una fachada y que Calisto realizó las gestiones necesarias ante la Cámara Baja para concretar la contratación de Graf, a pesar de que supuestamente tenía conocimiento de que ella no cumpliría con las asesorías comprometidas. Durante ese período, Roland Cárcamo habría estado prestando labores de asesoría política para Calisto, mientras Graf figuraba formalmente como asesora parlamentaria y recibía los pagos provenientes del Fisco, consignó Bio Bío Chile.
De esta manera, el dinero destinado a fortalecer el trabajo legislativo terminó financiando una estructura paralela que beneficiaba al senador y a su círculo cercano.
Los fondos regionales y recursos para proyectos que no se ejecutaron
La acción del CDE también apunta a $25.970.000 provenientes del Gobierno Regional de Aysén, específicamente a recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que habrían sido desviados mediante tres proyectos que serían ejecutados por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud de la región. Según el organismo, los imputados habrían accedido a esos recursos a través de iniciativas que nunca se habrían ejecutado, pese a que los fondos fueron efectivamente transferidos desde la institucionalidad regional.
Los tres proyectos identificados corresponden a «Formando monitoras por la igualdad de género», por un monto de $10 millones; «Conversatorios no más violencia», por $5.998.000; y «Ambientes laborales más seguros», también por $10 millones. La organización beneficiaria, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud de Aysén, contaba con Roland Cárcamo como dirigente, quien junto a su hermana Natalia Cárcamo y Carla Graf se habrían beneficiado de estos desembolsos.
La nueva acción judicial se produce luego de que, el pasado 25 de junio, Fiscalía Regional de Aysén presentara acusación contra el congresista y solicitara su desafuero, que debe ser analizado por la Corte de Apelaciones de Coyhaique lo que evidencia la gravedad de los cargos que enfrenta. El CDE ya se había querellado criminalmente contra Calisto, Graf, Cárcamo y otros imputados por una serie de maniobras que habrían permitido desviar recursos provenientes de asignaciones parlamentarias. El organismo sostiene que los contratos suscritos habrían constituido un mecanismo fraudulento para obtener dinero de parte del Fisco, afirmando que el dinero habría sido destinado a beneficio personal o a otras personas, lo que agrava aún más la situación legal del senador y sus presuntos cómplices.
Con ambas partidas, el CDE busca recuperar para el Estado más de $131 millones en perjuicios económicos, mientras avanzan simultáneamente las acciones penales y civiles destinadas a determinar las eventuales responsabilidades en los hechos investigados.
La demanda civil representa una vía complementaria a la acción penal que ya enfrenta el parlamentario, y busca asegurar la reparación económica de los montos presuntamente defraudados al erario nacional, independientemente del resultado que pueda obtenerse en el proceso penal que determinará si existió o no responsabilidad criminal en la comisión de estos hechos.
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