El Ciudadano
El área de reportajes del Canal 13 se nos adelantó por poco e hizo publica la denuncia contra Camila Flores, que también El Ciudadano investigaba en paralelo. La denuncia revela presuntos sueldos pactados y acuerdos con dineros públicos. Eventuales pagos a trabajadores con “elástico” y que luego habrían retornado a manos de la senadora para gastos personales, definidos como: La Cuota Flores.
Por Equipo El Ciudadano
Poco después de resultar electa como senadora por la Región de Valparaíso con más de 87 mil votos (7,5% del total), la diputada Camila Flores (Renovación Nacional) hizo noticia a nivel nacional no por alguna de sus propuestas legislativas o políticas, sino que por un tema exclusivamente personal.
Su marido, el exconsejero regional por Valparaíso, Percy Marín (también RN), la denunció en sus redes sociales por “maltratos, humillaciones y abuso de poder” tras el término de su matrimonio, acusando que la senadora electa lo expulsó de su casa en la madrugada y no lo dejó ver a su hija por más de 40 días.
La noticia circuló en prácticamente todos los medios nacionales, incluso aquellos dedicados a la farándula, que publicaron fotos y videos de la separada pareja bailando y celebrando el triunfo de Donald Trump en EEUU, entre otros registros. Según Marín, el quiebre matrimonial ocurrió cuando él no resultó electo como diputado, cargo al que postuló por el Distrito 6. “Entiende que ahora soy senadora” le habría dicho ella para justificar su alejamiento de la vida conyugal que ambos compartían.
Por esos mismos días, llegaba a la casilla de El Ciudadano una denuncia anónima, en la cual se daban a conocer una serie de antecedentes “de altísima complejidad” que involucraban a la diputada de RN y a algunos de los integrantes de su equipo de trabajo en el Congreso.
Según la denuncia recibida, se trataba de la “Cuota Flores”, una situación “que ha afectado por largo tiempo a trabajadores del Congreso y que por sus características podría cuadrar con más de algún tipo penal, ya que además por lo reiterado, constituye un verdadero modus operandi por parte de la diputada Camila Flores para defraudar el Estado”.
En síntesis, sería un mecanismo para extraer recursos provenientes de las asignaciones parlamentarias, y que habría sido ideado por la misma diputada en el segundo año de su primer periodo en la Cámara (2018-2022).
“Para ello, hizo una serie de contrataciones en personal donde para dar un ejemplo: El señor X es contratado por un monto de $2.640.939, de los cuales $1.800.000 debían ser entregados en efectivo a la diputada para su uso personal”, dineros que además serían recaudados por una de sus trabajadoras quien incluso “apremia con mensajes de whatsapp al resto cuando se acerca la fecha de recaudación”, agrega la denuncia.
“Como el cajero automático, no entrega tales cantidades, el trabajador debe mensualmente hacer giros por ventanilla. Esto lo vienen haciendo desde hace 7 años”, aseguró el denunciante anónimo, quien parecía conocer muy de cerca los entretelones de la vida laboral de la diputada Flores y su equipo: entregó los nombres de los funcionarios involucrados, el monto de sus sueldos e incluso señaló dónde la diputada guardaría el dinero en efectivo, el cual ocuparía algunas veces “para pagarle el sueldo a sus nanas”.
Finalmente, la denuncia indicaba que al menos uno de los funcionarios involucrados estaría dispuesto a hablar del tema, ya que estaba “cansado de participar”.
Nos pusimos de inmediato a investigar. Lo primero fue verificar que los funcionarios mencionados en la denuncia trabajaran realmente con la diputada Flores, lo cual comprobamos revisando el portal de Transparencia de la Cámara. Esta parte de la información resultó ser verídica, incluyendo el monto de sus respectivos sueldos.
Seguidamente, nos pusimos en contacto con el funcionario que supuestamente estaba dispuesto a dar su testimonio. Le escribimos al teléfono que se nos entregó, pero su respuesta fue tajante: “No tengo ningún problema con mi pago (…) no sé a qué se refieren”, manifestando su sorpresa ante la denuncia.
Consultado por esta situación, el informante anónimo lamentó no tener más antecedentes para entregar por el moemento y que pudieran corroborar la veracidad de su denuncia.
Otra denuncia anónima
Por esos mismos días, el medio nacional Fast Check informaba de otra denuncia anónima que involucraba a Camila Flores.
Esta vez, se trataba de un documento ingresado a la Contraloría General de la República donde se acusaba a la madre de la senadora electa, Verónica Oporto González, de utilizar licencias médicas falsas para ausentarse de su trabajo en Gendarmería de Chile.
De acuerdo al citado medio, Contraloría envió un oficio pidiendo antecedentes a Gendarmería sobre este caso, detallando que la mujer habría hecho uso de estas licencias fraudulentas para ir a Futrono, donde tendría una propiedad.
Este último dato se conecta con otra información que había sido dada a conocer días antes por el medio Contrapoder, y que tiene relación con un oficio enviado por Camila Flores, en su rol de diputada de la República, para consultar por el trámite de una propiedad de su madre, en la Región de Los Ríos.
“Según la página oficial de la Cámara de Diputadas y Diputados, Camila Flores emitió un oficio de fiscalización el 28 de agosto de 2025, solicitando información a Jorge Pacheco, secretario regional Ministerial de Bienes Nacionales de Los Ríos, respecto a la tramitación de un inmueble gestionada por Verónica Oporto González en el Conservador de Bienes Raíces de la región”, se lee en la publicación de Contrapoder.
Es decir, “queda en evidencia que la parlamentaria utilizó su cargo para gestionar un trámite familiar”, agrega la nota del citado medio.
Antecedentes previos
La aparición de estas denuncias, dos de ellas anónimas, tuvieron lugar justo después de que la noticia del quiebre matrimonial de Camila Flores y Percy Marín apareciera en los medios, con los detalles ya expuestos al inicio de esta crónica.
Pero no es primera vez que el ahora exmatrimonio aparece vinculado a irregularidades. En 2019, un informe de la Contraloría concluyó que entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2018, el entonces consejero regional Percy Marín recibió más de 9 millones de pesos en viáticos -alimentación, alojamiento y reembolso de combustible-, los cuales justificó dando domicilios falsos o no habitados.
Por estos hechos, el Tribunal Regional de Renovación Nacional en Valparaíso incluso le suspendió su militancia. Finalmente, desde la misma Contraloría confirmaron que Marín restituyó en 2020 este dinero “mal habido”.
Además de este bochornoso episodio, Percy Marín también tiene en su registro como consejero regional una denuncia por votar a favor de la asignación de fondos públicos -36 millones de pesos- a una organización liderada por su hermana, Cynthia Marín, quien posteriormente fue condenada -en 2019- a cinco años y un día de cárcel por el delito de estafa.
En este caso, la ahora excuñada de la senadora electa Camila Flores fue procesada al comprobarse que asesoró dos proyectos presentados en 2012 al Gobierno Regional de Valparaíso, para supuestamente realizar talleres contra el bullying, los cuales nunca se realizaron. El monto defraudado ascendió a $37 millones y Cynthia Marín -exconcejala RN por Limache y exjefa de gabinete de la gobernación de Valparaíso durante el primer gobierno de Piñera- cumplió su condena en julio 2024.
En esa línea, una revisión del expediente judicial de este caso, realizada por el medio Contrapoder, reveló que Camila Flores participó en un momento del directorio de la “Agrupación para el Desarrollo de la Familia”, utilizada por Cynthia Marín para concretar la estafa por la que fue condenada, pero luego dejó de participar para abocarse a sus labores políticas.
Cuando cerrábamos esta crónica, Canal 13 apareció con su reortaje, todo indica que el mismo denunciante anónimo que asegura la existencia de la “Cuota Flores” contactó a más de un medio de comunicación.
Al parecer las aguas están lejos de aquietarse en el entorno de la ahora senadora Camila Flores.
El Ciudadano
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