Madrid, 4 jul (EFE).- La defensa de la exmilitante socialista Leire Díez ha pedido la nulidad del caso al considerar que su detención el pasado 10 de diciembre fue desproporcionada, que se vulneraron sus derechos fundamentales y que hubo falta de motivación y autorización judicial en las actuaciones policiales y judiciales.
Los abogados de Díez, que está siendo investigada por su presunta implicación en una trama que habría tratado de influir en actuaciones de la justicia y de la Guardia Civil, han presentado un incidente de nulidad de actuaciones de su detención, así como de la información obtenida de los objetos y dispositivos electrónicos, móviles y físicos que se le incautaron.
En el escrito al que ha tenido acceso EFE este sábado, firmado por su procurador y abogada, también se pide la nulidad de todas las actuaciones procesales, diligencias y resoluciones judiciales derivadas de la incautación.
Según la defensa, la detención de Díez, investigada también por su presunta implicación en operaciones vinculadas a la SEPI y por su presunta injerencia en los casos judiciales que afectan al presidente Pedro Sánchez y su entorno, se basó en indicios genéricos y no en hechos concretos y se produjo cuando no existía riesgo de fuga ni delito flagrante.
Fue por tanto "completamente desproporcionada, injustificada y no ponderada en relación con los derechos de la detenida" y por tanto es "ilegítima" y nula de pleno derecho, ya que vulnera el derecho fundamental a la libertad recogido en el artículo 17 de la Constitución Española.
Se produjo además "de manera sorpresiva" y en una calle plenamente concurrida a medio día, un año después del descubrimiento de los supuestos indicios contra ella, cuando "bastaba con una mera citación" para que compareciera, ya que Díez tiene domicilio conocido en España y es "un personaje público".
En el momento de la detención, afirman los abogados, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil carecían de auto judicial habilitante para practicarla y tampoco tenían autorización para incautar y acceder a todo el contenido de los dispositivos incautados tanto en ese momento como en las entradas y registros efectuados paralelamente a la detención.
La Guardia Civil incautó el teléfono móvil, archivos, dispositivos y objetos personales de Díez, tanto en su poder como en su vehículo, y se realizaron registros en varios domicilios de la investigada en diferentes provincias, donde se requisaron agendas, libretas, ordenadores y otros documentos.
La defensa denuncia que el acceso y volcado de información de los dispositivos electrónicos y físicos de Díez se realizó sin autorización judicial y de forma masiva e indiscriminada, afectando incluso a comunicaciones privadas y familiares, lo que consideran una vulneración del secreto de las comunicaciones.
El escrito concluye que todas estas actuaciones han vulnerado derechos fundamentales de la investigada y solicita que se declare la nulidad de pleno derecho de las mismas, con las consecuencias procesales que ello implica, en un caso que podría marcar un precedente sobre los límites de la actuación policial y judicial en investigaciones de corrupción. EFE
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