Dijeron que es para proteger la privacidad de quienes tienen cuentas en los bancos…lo que incluye a criminales de la droga y las finanzas. En cambio, desde la oposición se votó a favor de esa iniciativa que, por cierto, especifica que se usaría ese procedimiento en causas investigativas, no en general.
“El Siglo”. Valparaíso. 9/6/2026. Los senadores de la derecha y la extrema derecha impidieron que avanzara el proyecto de levantar el secreto bancario de narcotraficantes y del crimen organizado. En cambio, los legisladores progresistas y de izquierda, estuvieron por implantar esa legislación para seguir la ruta del dinero de los delincuentes y concretar operativos para golpearlos y desarticularlos.
Por tercera vez, hoy en una sesión en la Cámara Alta, hubo un empate respecto al proyecto. 24 a favor, 24 en contra. Y se perdió. La iniciativa iba dentro del Subsistema de Inteligencia Económica. Ahora pasará Comisión Mixta, del Senado y la Cámara Baja. Pero su destino es incierto.
Ante este resultado, el senador Daniel Núñez dijo que “lo que me sorprende es la desidia y la indiferencia del gobierno (de José Antonio Kast) para combatir a las organizaciones criminales, de narcotraficantes, como el Tren de Aragua, que hoy están infiltrando las instituciones bancarias, y no sabemos qué otras instituciones privadas y públicas han infiltrado”.
Hizo ver que “la principal herramienta que tiene el Estado para combatir las organizaciones criminales y su infiltración en el sistema financiero es la Unidad de Análisis Financiero y la ley de Inteligencia Económica, que dota de más capacidad, de más herramientas, permitiendo que se articule en un sistema con Aduanas y con el Servicio de Impuestos Internos”.
En esa línea, el senador declaró: “¿Y qué ocurrió hoy en el Senado? Ese proyecto de Inteligencia Económica no tiene urgencia, al gobierno no le interesa que se apruebe, no le interesa que en 24 o 48 horas más entren a regir nuevas atribuciones para combatir a estas bandas criminales que están usando Cuentas Corrientes para lavar las ganancias que obtienen de la extorsión, del narcotráfico y cualquier delito”.
El legislador expresó que “el primer llamado que hago al gobierno es a ponerle discusión inmediata a la ley de Inteligencia Económica, y en ese escenario, por supuesto, a respetar lo que decida el Congreso”. Y agregó: “Espero que de una vez por todas, las y los parlamentarios, se decidan firmes y aprueben levantar el secreto bancario a las bandas criminales”.
Daniel Núñez recordó que Chile, junto con Australia, son los únicos países que no cuentan con “esa facultad administrativa para detectar cuándo comienza a operar el lavado de dinero por parte de mafias, del crimen organizado, y en ese sentido, el levantamiento del secreto bancario es una herramienta clave”.
Los senadores del oficialismo votaron en contra de esa iniciativa a pesar de evidencias como la reciente Operación Tokio que demostró que dos empleados de dos bancos habían penetrado el sistema financiero con dineros del crimen organizado.
El objetivo es “perseguir la ruta del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado, a través de nuevos métodos, tales como el análisis de datos, la trazabilidad de operaciones, el levantamiento del secreto bancario, la ampliación de rubros obligados a informar y un trabajo interinstitucional robusto”. Se trata de permitir el acceso a datos financieros sin previa autorización judicial para casos específicos, no generales.
En la iniciativa se incorpora un Subsistema de Inteligencia Económica, integrado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas. La idea es que puedan existir más facultades y normas para seguir la ruta del dinero, detectar y encarar el lavado de dinero e ilícitos financieros para perseguir, sobre todo, al crimen organizado y el narcotráfico, tanto en sus orgánicas locales como trasnacionales. A estas instancias nuevas “se les habilita a acceder a información protegida por el secreto o reserva bancaria sin autorización judicial, cuando dichos antecedentes fueran necesarios y conducentes a desarrollar o completar el análisis de una operación sospechosa previamente reportada a la Unidad o detectada por ésta en ejercicio de sus atribuciones”.
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