El Ciudadano
Por Alejandro Hernández Lemus
Cada cierto tiempo, Chile vuelve a conmocionarse frente a hechos de discriminación que generan indignación pública, debates en redes sociales y declaraciones oficiales. Sin embargo, pasada la polémica, el país parece continuar su rumbo normal.
Para millones de personas con discapacidad y sus familias, en cambio, la discriminación no desaparece después de algunos titulares: Es una realidad permanente, cotidiana y muchas veces silenciosa.
El reciente caso protagonizado por el ejecutivo Germán Naranjo contra la tripulación de Latam, ocurrido y posteriormente judicializado en São Paulo – Brasil, vuelve a abrir una discusión incómoda pero necesaria: el trato que nuestra sociedad sigue teniendo hacia quienes considera diferentes.
Durante cuatro décadas, en mis recorridos por todo Chile y América, desde el corazón de la Patagonia al corazón de Estados Unidos, he visto cómo familias completas deben enfrentarse no solo a las dificultades propias de la discapacidad, sino también a barreras humanas, culturales y sociales profundamente arraigadas.
Muchas veces, el mayor obstáculo no es la condición física, cognitiva o sensorial de una persona, sino la mirada discriminadora de una sociedad que aún no comprende plenamente el valor de la inclusión y el respeto.
… seguimos observando cómo miles de personas quedan fuera de oportunidades laborales, pese a tener estudios, experiencia y grandes capacidades.
Chile ha avanzado en leyes, discursos y campañas. Sería injusto negar aquello. Pero también sería irresponsable ignorar que la discriminación sigue instalada en espacios tan cotidianos como el transporte público, los colegios, estadios, locales comerciales y especialmente, el mundo laboral.
Las cifras son elocuentes. En nuestro país viven aproximadamente 3,2 millones de personas con discapacidad. Si incorporamos además a sus familias y cuidadores, estamos hablando de cerca de 9,6 millones de chilenas y chilenos que conviven directa o indirectamente con esta realidad.
Aun así, seguimos observando cómo miles de personas quedan fuera de oportunidades laborales, pese a tener estudios, experiencia y grandes capacidades.
La Ley 21.015, impulsada originalmente por la Fundación Nacional de Discapacitados en 2008 y promulgada en 2017, significó un paso importante al establecer cuotas de contratación en instituciones públicas y privadas. Sin embargo, las bajas tasas de contratación demuestran que persiste una discriminación silenciosa, difícil de detectar y muchas veces normalizada.
Por eso creo que Chile necesita avanzar hacia una modernización profunda de la Ley Antidiscriminación o Ley Zamudio. No basta con condenar socialmente estas conductas; se requieren sanciones efectivas y reparaciones reales para quienes sufren humillación, exclusión o vulneración de derechos. Si queremos un cambio cultural real, debemos avanzar hacia sanciones económicas severas que reparen directamente a las víctimas y no únicamente al Estado.
La inclusión no puede quedarse solo en discursos o campañas simbólicas. Debe transformarse en una política concreta, visible y sostenida desde las más altas autoridades del país.
La discapacidad no puede seguir siendo invisibilizada en el debate público. Estamos hablando del grupo históricamente más discriminado del país y Latinoamérica, y aun así continúa siendo uno de los menos escuchados.
También creo que el Estado debe asumir un rol mucho más activo y ejemplificador. La inclusión no puede quedarse solo en discursos o campañas simbólicas. Debe transformarse en una política concreta, visible y sostenida desde las más altas autoridades del país.
Por ello, hacemos desde Fundación Nacional de Discapacitados, un llamado al gobierno del Presidente José Antonio Kast, para impulsar un verdadero Plan Nacional de Inclusión Laboral, que parta desde el Palacio de La Moneda, y que se traduzcan en contratación de personal alineada con la Ley de Inclusión Laboral 21.015
La forma en que un país trata a las personas con discapacidad habla directamente de su nivel de humanidad, de empatía y desarrollo social. Chile todavía tiene una deuda enorme en esa materia, en especial dentro de las instituciones públicas y empresas privadas.
Por Alejandro Hernández Lemus
Presidente y Director Ejecutivo de Fundación Nacional de Discapacitados. @fundacionfnd
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
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