El Ciudadano
Estudiantes secundarios alzaron la voz en contra de la agenda del gobierno de José Antonio Kast. A través de una declaración pública, los centros de estudiantes de liceos públicos de la región Metropolitana expresaron su rechazo al proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”, que prevé la revisión de mochilas, bolsos y pertenencias en la entrada de los recintos educativos y el recorte presupuestario que golpea al Ministerio de Educación (Mineduc).
El documento, construido a partir de asambleas y espacios de participación interna, reúne a comunidades estudiantiles de establecimientos emblemáticos como el Instituto Nacional y los liceos 1 Javiera Carrera, 4 Isaura Dinator, Manuel Barros Borgoño, Carmela Carvajal, 7 José Toribio Medina, Experimental Artístico, Confederación Suiza, Aplicación y José Victorino Lastarria, y fue difundido durante la jornada del miércoles en la que los estudiantes secundarios se movilizaron por el centro de Santiago en el marco de un nuevo “Mochilazo Estudiantil”, contra la educación de mercado y el tijerazo aplicado desde La Moneda al sector.
En el texto, plantearon que la violencia en los espacios escolares es una realidad que requiere atención urgente, sin embargo cuestionaron el enfoque del proyecto de ley que se encuentra en discusión en el Congreso y que consideran insuficiente y contraproducente «al centrarse principalmente en medidas de control, vigilancia y sanción, sin abordar de manera integral las causas estructurales».
“La iniciativa adopta un carácter punitivista que no solo limita su efectividad, sino que puede profundizar las dinámicas de conflicto dentro de las comunidades educativas”, indicaron.
Asimismo, cuestionaron que se busque implementar medidas como la revisión de mochilas, que generan serios cuestionamientos respecto a su efectividad real y «sus implicancias en materia de derechos, instalando una lógica de desconfianza hacia el estudiantado y abriendo espacios a prácticas arbitrarias».
En el comunicado, los secundarios manifestaron su preocupación por a la falta de definiciones claras dentro del proyecto. y en concreto se refieren a conceptos como “objeto peligroso” y la ausencia de protocolos detallados que regulen su aplicación, lo que —según advierten— podría derivar en múltiples interpretaciones dispares y eventuales vulneraciones de derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.
A la par, alertaron que la ampliación de facultades disciplinarias, sin criterios claros ni mecanismos efectivos de supervisión, genera inquietud ante el riesgo de que se puedan registrar situaciones de abuso de poder o aplicaciones desiguales de sanciones y señalaron que la falta de un enfoque inclusivo hacia estudiantes con necesidades educativas especiales, neurodivergencias y contextos emocionales diversos podría incrementar la exclusión y discriminación
A esto se suman reparos a restricciones vinculadas a la vestimenta o a la manifestación estudiantil, las que según los podrían afectar libertades como la expresión y la organización.
El documento también pone énfasis en los efectos que podrían tener las medidas disciplinarias sobre estudiantes con necesidades educativas especiales, advirtiendo posibles escenarios de exclusión. A esto se suman las restricciones vinculadas a la vestimenta y la prohibición de interrupciones a las clases, que según los centros de estudiantes de liceos públicos podrían afectar libertades como la expresión y la organización.
De igual modo, cuestionaron el carácter sancionatorio de la iniciativa y las medidas que afectan el acceso a los beneficios educativos. “La posible pérdida de derechos asociados a la educación superior resulta desproporcionada y afecta con mayor fuerza a estudiantes en contextos de vulnerabilidad”, afirmaron.
“En cuanto a la implementación, advertimos serias dificultades: falta de claridad en el financiamiento, sobrecarga para docentes y funcionarios, ausencia de personal especializado y limitaciones de infraestructura en numerosos establecimientos“, expusieron.
Para los secundarios, el recorte del 3% al presupuesto del Ministerio de Educación aplicado por la administración de Kast es una «medida regresiva que no considera las condiciones actuales de la educación pública”.
“La magnitud de esta reducción genera incertidumbre respecto a su impacto real, especialmente en áreas críticas como infraestructura, financiamiento de establecimientos, programas educativos y condiciones laborales de las comunidades escolares”, argumentaron.
Con relación a la Circular N°16 del Ministerio de Hacienda en el marco del Presupuesto 2027, que contempla el ajuste o la descontinuación de programas, proyectos y becas del Mineduc, advirtieron que puede derivar en la «disminución de derechos y oportunidades para miles de estudiantes, afectando directamente su acceso , permanencia y proyección educativa».
“Sostenemos que estas medidas podrían profundizar la crisis de la educación pública, debilitando su capacidad de respuesta y afectando directamente a quienes dependen de ella como principal herramienta de desarrollo y movilidad social“, indicaron, al tiempo que dejaron en claro que rechazarán cualquier posibilidad de nuevos recortes al Mineduc.
Frente a este escenario, los estudiantes secundarios plantearon la necesidad de que exista mayor transparencia en los criterios del ajuste y que la educación pública sea considerada una prioridad estratégica para el Estado,
. “Como estudiantes de la educación pública, reafirmamos que los desafíos del sistema educativo no se resuelven mediante el aumento de la vigilancia o la reducción de recursos, sino a través de más educación, más participación y mayor apoyo a las comunidades educativas”.
La entrada La educación pública no se protege con tijera ni vigilancia: secundarios rechazan agenda del Gobierno de Kast se publicó primero en El Ciudadano.
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