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Chile está lejos de estar en quiebra; el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue enfático en negarlo. Con todo, nuestra situación fiscal es cada vez más estrecha. En los últimos 18 años, el Estado de Chile ha gastado más de lo que tiene, aumentando su deuda pública en más de 10 veces, pasando de 3,9% del PIB en 2007 a 41,7% del PIB en 2025. El último informe de Balance Estructural y nivel prudente de deuda del Consejo Fiscal Autónomo nos advierte que en 2026 el Estado podría, por cuarta vez consecutiva, incumplir su meta fiscal, sobrepasándose en cerca de 6 mil millones de dólares.

Ante este escenario, el ministro Quiroz firmó un oficio que establece la reducción del 3% en el presupuesto de los ministerios con un recorte adicional de mil millones de dólares, que juntos suman 4 mil millones de dólares y todavía se queda corto. Gobernar en tiempos de escasez no debe ser nada grato, sin embargo, esta nos ofrece la oportunidad de avanzar en eficiencia, un valor bastante ajeno al funcionamiento del Estado. Así, en vez de decidir dónde el Estado de Chile debiera gastar más, los ministros se ven enfrenados a la incómoda tarea de decidir dónde el Estado debiera gastar menos. En educación ello implica reducir el gasto actual en $524 mil millones. Ante este desafío se puede intentar salvar el año, reduciendo gastos que no sean permanentes, como, por ejemplo, inversión en infraestructura, o tomar el toro por las astas y hacer reformas estructurales que permitan reducir grasa de un Ministerio, cuyo presupuesto representa cerca del 19% de presupuesto de la nación. En esta línea, aquí van algunas sugerencias.

1. Ajustar la dotación de los establecimientos administrados por los SLEP. En promedio, los colegios particulares pagados tienen un asistente de la educación cada 40 alumnos, los colegios particulares subvencionados tienen uno cada 20 alumnos, los SLEP tienen uno cada 12 alumnos. Si se desvincula solo al 10%, se ahorraría al menos 50 millones de dólares anuales.

2. Eliminar los Departamentos Provinciales de Educación (DEPROV). Después de la creación de la Agencia de la Calidad y del nuevo Sistema de Educación Pública no tiene sentido seguir manteniéndolos.

3. Eliminar el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), traspasando las funciones relativas al desarrollo profesional docente a la Dirección General de Educación, la Evaluación Diagnóstica de las carreras de pedagogía a la subsecretaría de educación superior o, en su defecto, al DEMRE, y la Evaluación Integral de la Docencia a la Agencia de la Calidad.

4. Reducir al mínimo la dotación de la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE). En la actualidad, gran parte de las tareas que realiza la UCE pueden ser externalizadas con mejores resultados y menor costo.

5. Modificar el Estatuto Administrativo, reduciendo el número de semestres de estudio requerido para el estamento directivo y profesional, junto con incentivar la reducción de la duración de las carreras universitarias y profesionales, que son de las más largas del mundo. Ello tendría un impacto importante en el gasto destinado a educación superior, entre otros beneficios.

A esto agregaría la voluntad política ya declarada de cobrar el Crédito con Garantía Estatal (CAE), cuya deuda supera los 14 mil millones de dólares, y fiscalizar que la gratuidad se entregue solo a estudiantes del 60% más pobre, pues los datos indican que de facto los estudiantes del séptimo decil también la están recibiendo. Pero esto no basta, necesitamos perfeccionar tanto la gratuidad como el CAE para que sean sostenibles en el tiempo.

Los cambios aquí propuestos son políticamente costosos, pero no solo contribuyen a reducir los $524 mil millones de ajuste fiscal, sino también a tener holguras para financiar adecuadamente la educación parvularia y hacer más atractiva la carrera docente, que son dos nudos críticos para mejorar la calidad y equidad de la educación en nuestro país.

Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP.