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La suspensión de la construcción del tramo poniente de la ciclovía de la Alameda se ha intentado justificar bajo una premisa de austeridad: un proyecto de 9.000 millones de pesos sería “muy caro”. Sin embargo, cuando se analiza la inversión pública con rigor técnico, la conclusión es distinta: se posterga una infraestructura que traería importantes beneficios sociales.

Para cuantificar qué estamos perdiendo, usemos una adaptación de la metodología Noruega V712, que cuantifica el beneficio en salud por viajar en bicicleta (reducción de enfermedades crónicas y mortalidad prematura), ajustando sus valores a la realidad de Chile.

Gracias a sus contadores automáticos, hoy sabemos cuánta gente usa el tramo ya construido. Si tomamos como base el contador de República —el punto de menor flujo del eje, con cerca de 95.000 viajes mensuales durante abril de este año— y proyectamos (conservadoramente) esa demanda al tramo suspendido de 3,3 kilómetros, se pierde un beneficio social asociado sólo a salud de al menos 1.200 millones de pesos anuales, el que permitiría recuperar la inversión en menos de 10 años. Si incorporamos, además, una valoración ajustada de la seguridad vial —el beneficio de segregar a miles de usuarios en una calzada de alto riesgo—, el retorno social asciende a 3.100 millones de pesos por año, recuperando la inversión en menos de cuatro años.

Postergar esta obra no es “ahorrar”. Lo que no se invierte hoy, se terminará pagando de forma fragmentada en tratamientos cardiovasculares, licencias médicas y siniestros viales que eran evitables. Además, esta suspensión profundiza la brecha de equidad territorial, dejando al sector poniente postergado y obligando a sus habitantes a elegir entre inseguridad vial o sedentarismo.

La Alameda no es una autopista, es la principal avenida y espacio público de Santiago. El proyecto de la ciclovía contribuye a mejorarla no sólo para ciclistas, sino también para todos sus usuarios. Negarle a la ciudad una infraestructura con esta rentabilidad social es un retroceso en la planificación urbana, alejándonos de ser una ciudad eficiente con sus recursos y justa con sus ciudadanos.

Por Tomás Echiburu, investigador posdoctoral Cedeus, y Ricardo Hurtubia, académico UC e investigador principal Cedeus.