La frágil propuesta de gobernanza migratoria

El Ciudadano

Por Daniela Poblete Godoy y Hedilberto Aguilar

El año 2016 la migración haitiana tuvo su peak en Chile. El fenómeno fue leído casi exclusivamente como “crisis migratoria” y hacia el año 2025 el senador Bianchi hablaba de un “ingreso masivo” por reunificación familiar. Durante 10 años los ingresos se han asociado a juicios racistas y xenófonos. Lo que queremos destacar es la escasa relevancia mediática que ha tenido el tráfico ilícito de migrantes, las estafas, las responsabilidades civiles y penales de aerolíneas, agencias y autoridades. Así mismo, nos preguntamos sobre la responsabilidad ética de los medios de comunicación. Comparamos llamativos contenidos mediáticos en los últimos dos años:

2023 (Ciper): decenas de niños devueltos a Haití porque una aerolínea no cumplió requisitos documentales; el gobierno denunció a la empresa.
Abril 2025 (Biobío): vuelos con niños “que lucen como gira de estudios”, sospechas de uso irregular de visas y redes que se aprovechan de las familias.
Agosto 2025 (El mostrador): tráfico de migrantes haitianos que ha sido condenado por la Fiscalía.
Octubre 2025 (24 Horas): vuelo con más de 60 niños haitianos y serias dudas sobre el vínculo con sus acompañantes.
Diciembre 2025 (Sernac): 34 agencias investigadas por posible estafa a familias migrantes que pagaron por reunificación familiar.

Sin embago, por otro lado, hay datos que desmienten la supuesta entrada “masiva” de migrantes irregulares o por reunificación familiar:

Solo 3,4% de la población haitiana estimada está en situación irregular (INE–Sermig).
Desde 2021, la migración haitiana tiene saldo negativo: salen más de los que entran (SJM 2024).
Haití está entre quienes más solicitan residencia temporal por vía regular desde el extranjero; haitianos y ecuatorianos figuran entre los grupos con menor ingreso irregular.
Según el Banco Mundial (2024), las personas migrantes usan menos servicios públicos de lo que aportan, incluso menos que la población nacional.

Gobernanza migratoria y responsabilidad civil

En 2018, el visado consular para personas haitianas se justificó con la frase de Sebastián Piñera: “abrir las puertas a todo aquel que le hace bien a nuestro país, pero cerrar las puertas a todo aquello que les causa daño a los chilenos”. Así se consolidó una jerarquía: migrantes “deseables” (blancos, europeos), “tolerados” (peruanos, bolivianos) e “indeseables” (colombianos, venezolanos y haitianos, los “caribeños”).

Al mismo tiempo, la falta mano de obra en el campo ya era advertida durante el mes de septiembre del 2025 por Ignacio Walker, presiente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Ya el 1 de enero de 2026 el presidente electo José Antonio Kast dijo estar “muy de acuerdo” con una visa temporal por faena determinada para migrantes en el agro propuesta por Ignacio Walker. Decisión paradójica cuando en octubre del año 2025 hizo un abierto llamado a los inmigrantes irregulares para abandonar Chile.

Esa fórmula profundiza una gobernanza migratoria frágil porque normaliza que el estatus migratorio dependa de ciclos productivos. Al acortar los ciclos de residencia y precarizar la mano de obra, se debilita la estabilidad residencial, coartando la reunificación familiar. Esto deja un nuevo espacio abierto para el tráfico ilícito de migrantes, estafas a cambio de visados, entre otras irregularidades producidas por intermediarios de los visados agrícolas de corta estadía.

La gobernanza migratoria no es solo “control de fronteras”: implica cómo Estado, empresas, agencias y medios de comunicación asumen responsabilidad civil frente a la movilidad. Hoy esa gobernanza es débil: se criminaliza a personas migrantes mientras se tolera el lucro de intermediarios.

El gobierno saliente ha reconocido su incapacidad de respuesta tras cuatro años y descarta un proceso de regularización extraordinaria. El nuevo gobierno enfrenta un dilema: insistir en visados por faena o construir reglamentos que garanticen ingreso regular, así como la protección frente al tráfico y penalización efectiva para los traficantes de personas.

Por Daniela Poblete Godoy, Universidad de Los Lagos, y Hedilberto Aguilar, Universidad Arturo Prat.

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