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SEÑOR DIRECTOR:

Resulta pertinente ampliar el debate sobre seguridad fronteriza más allá de los ejes tradicionales de migración irregular y crimen organizado. La frontera norte de Chile es, ante todo, un territorio mayoritariamente rural, condición que incide directamente en la naturaleza de las amenazas y en la capacidad de respuesta del Estado.

Quince de las diecinueve comunas que conforman la Macrozona Norte son rurales, lo que equivale a un 79% del territorio. Este dato no es menor: define un escenario operativo caracterizado por baja densidad poblacional, limitada infraestructura crítica, brechas en conectividad y una dotación insuficiente de recursos humanos especializados.

El territorio, en este sentido, no es solo un espacio geográfico, sino un factor estratégico. Su extensión, complejidad y porosidad generan oportunidades para el tránsito ilícito y el asentamiento de economías ilegales, lo que exige incorporar el conocimiento local como un insumo clave en el diseño de políticas públicas de seguridad.

Por ello, iniciativas como el denominado Plan Escudo Fronterizo, si bien necesarias, deben complementarse con una estrategia integral de mediano y largo plazo que fortalezca las capacidades locales. Esto implica inversión en infraestructura, profesionalización del capital humano en seguridad y, especialmente, una gobernanza que incorpore activamente a los actores territoriales. Los municipios rurales no solo son la primera línea de contención institucional, sino también portadores de un conocimiento crítico para la anticipación y gestión de riesgos.

Abordar la seguridad fronteriza sin considerar su dimensión rural no solo es incompleto, sino estratégicamente ineficaz.

Christian González

Director ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales