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Las investigaciones en torno a la Junaeb han vuelto a poner la corrupción en el centro del debate público. La Fiscalía investiga delitos vinculados a licitaciones del Programa de Alimentación Escolar: fraude al Fisco, falsificación, cohecho, tráfico de influencias y otras irregularidades. Alcanzarían a una empresa proveedora, funcionarios y personeros políticos. Se indagan, entre otros antecedentes, pagos por raciones no entregadas, certificados falsificados y adulteraciones de registros. Todo ello deberá esclarecerse; por ahora, prima la presunción de inocencia.

Tendemos a medir la corrupción en montos de dinero. Siendo grave su pérdida, ella no es lo peor. Cada peso público tiene un destino y detrás de él existe una persona. En la Junaeb hablamos de recursos dirigidos a alimentar a niños y jóvenes, en su mayoría pobres. Se habría, entonces, burlado la finalidad misma para la cual fueron asignados. El dinero importa, pero todavía más el bien humano que con este se debía proteger.

La corrupción rara vez es obra de un individuo solitario. Para concretarse necesita una trama: alguien que ofrece, quien acepta, aquel que proporciona información, el que intercede. En este caso, resultaría inexcusable que por mera codicia personas pertenecientes a ámbitos empresariales, administrativos y políticos hayan, concertadamente, podido dejar de servir al propósito (noble) de sus respectivas funciones sociales.

Junto con su (eventual) irresponsabilidad, habrá existido otra: la de quienes supieron, callaron y permanecieron pasivos. Con frecuencia el deterioro moral comienza por transgresiones menores: pequeños silencios, señales que nadie quiere investigar o irregularidades que terminan normalizándose. Una institucionalidad éticamente sana no es aquella en que es imposible que ocurra algo malo, sino aquella en que sus miembros tienen la disposición y la fortaleza para impedir que las conductas incorrectas se conviertan en costumbre.

Por eso, el daño más difícil de reparar es la pérdida de confianza social. Cada episodio de corrupción hace que el ciudadano vuelva a sospechar del proveedor, del funcionario, del parlamentario, del proceso de licitación, y del propio Estado. El dinero perdido es (a veces) susceptible de ser recuperado. Los controles, procedimientos y fiscalizaciones pueden ser mejorados. Mucho más difícil es regenerar la convicción ciudadana de que quienes administran lo que pertenece a todos lo hacen probamente.

Para combatir la corrupción se requieren buenas leyes e instituciones fuertes. Pero, ellas nunca podrán sustituir completamente la falta de calidad moral de las personas. La rectitud requiere virtudes: honestidad, justicia, fortaleza, responsabilidad, sentido del deber.

La corrupción -que parece estar cada vez más extendida- no consiste únicamente en la apropiación indebida de bienes ajenos. Es una traición a la confianza social. Es una gangrena que corroe sin pausas el entero tejido social. ¡Es otra emergencia nacional!

Por Álvaro Pezoa, Director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, U. de los Andes