El Ciudadano
Por Andrea Zondek, presidenta de Fundación TACAL
Las empresas chilenas están atrapadas en un callejón sin salida. La Ley 21.015 de Inclusión Laboral exige que al menos un 1% de la dotación esté conformada por personas con discapacidad. Pero para que ese contrato sea reconocido, la persona debe contar con la certificación oficial de la COMPIN. Y ahí comienza el problema: el Estado no está cumpliendo su rol.
Un artículo de El Mercurio -publicado recientemente- expuso con claridad la magnitud del cuello de botella: las solicitudes de certificación pueden tardar 8 meses o más, cuando la ley obliga a la COMPIN a emitir resolución en un plazo máximo de 30 días.
El resultado es absurdo: las personas con discapacidad quedan sin credencial y, por ende, sin acceso a beneficios sociales básicos; y las empresas, aunque contraten, no pueden acreditar cumplimiento ante la Dirección del Trabajo, quedando expuestas a multas.
La paradoja es brutal. El Estado, que debería ser garante de derechos, se convierte en el principal obstáculo para ejercerlos. La COMPIN, sobrecargada y lenta, bloquea el acceso a subsidios, becas, pensiones y ayudas técnicas. Y al mismo tiempo, bloquea la inclusión laboral efectiva, porque sin credencial no hay registro válido.
Así, la ley que nació para abrir puertas termina cerrándolas.
Estamos ad portas de un nuevo proceso en que las empresas deberán informar si cumplen o no la Ley de Inclusión. ¿Cuántas compañías quedarán marcadas como incumplidoras, a pesar de tener contratadas a las personas con discapacidad?
El riesgo es evidente: multas injustas que castigan a quienes sí están haciendo la pega, mientras la burocracia estatal se demora meses en cumplir su obligación legal.
Las empresas enfrentan un dilema imposible: contratar personas con discapacidad y arriesgar sanciones por no poder acreditarlas, o desistir de hacerlo para evitar multas. En ambos casos, la inclusión se ve debilitada. No es falta de voluntad empresarial, es falta de gestión estatal. La consecuencia es un círculo vicioso que erosiona la confianza en la ley y desincentiva la contratación inclusiva.
La inclusión laboral no puede depender de un trámite que el Estado es incapaz de resolver. Si la COMPIN no certifica, la ley se convierte en letra muerta. Y lo más grave: se vulnera el derecho de las personas con discapacidad a ser reconocidas, a trabajar y a acceder a beneficios que les corresponden.
El problema no es de las empresas. El problema es del Estado. Mientras no asuma su responsabilidad, seguirá castigando a quienes intentan cumplir y seguirá negando derechos a quienes más los necesitan.
Es urgente que el gobierno y la COMPIN actúen ahora: simplificar procesos, aumentar recursos y garantizar plazos efectivos. La inclusión no puede esperar a que la burocracia despierte.
Andrea Zondek, presidenta Fundación TACAL
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