El Ciudadano
En plena recta final de la campaña presidencial, el Partido Republicano enfrenta una nueva controversia que vuelve a tensionar su discurso y su manejo interno. Esta vez, el foco lo tomó el diputado José Carlos Meza, uno de los voceros más visibles del sector, quien declaró en una entrevista que apoyaría conmutar penas a reos terminales sin distinguir el tipo de delito, incluyendo a condenados por abuso o violación de menores.
Las declaraciones generaron críticas inmediatas por relativizar crímenes de extrema gravedad, especialmente aquellos que afectan a niños, niñas y adolescentes. Mientras organizaciones y actores políticos denunciaron que la propuesta “borra” la especificidad y gravedad de los delitos sexuales contra menores, el comando republicano intentó contener La indignante postura de Republicanos: de indultar a criminales de lesa humanidad a liberar a condenados por abuso infantil.
Consultado directamente sobre si Meza se equivocaba, José Antonio Kast optó por evadir la polémica.
“Eso no es lo relevante”, afirmó ante la sorpresa de periodistas y adherentes, insistiendo en que no se desviaría del debate “que realmente importa a la gente”. Lejos de cerrar el episodio, la respuesta lo profundizó: Kast evitó corregir o desautorizar a su diputado, incluso después de que Meza reafirmara su postura cuando se le preguntó específicamente por abusadores de niños.
El episodio ocurre en una semana particularmente compleja para la candidatura republicana. Tras el debate ARCHI, desde republicanos han debido salir a desmentir o reinterpretar parte de su propio programa: la derogación de la Ley de 40 Horas y el aumento de la edad de jubilación, hasta la falta de claridad del propio Kast respecto de un posible indulto a Miguel Krassnoff, criminal de la dictadura con más de mil años de condena, a quien el candidato ha visitado en Punta Peuco.
Kast ha declarado en distintos momentos que no descarta otorgarle un indulto por razones humanitarias y que, en su experiencia personal, “no cree todas las cosas que se dicen de él”. Estas afirmaciones, sumadas a los dichos de Meza, reactivan temores y cuestionamientos sobre la visión del sector respecto de los derechos humanos y la justicia penal.
En un contexto donde Meza propone beneficios penitenciarios incluso para violadores de menores y Kast evita deslindes claros, críticos y observadores advierten un patrón preocupante: la relativización de delitos gravísimos que chocan con los estándares contemporáneos de derechos humanos y con la obligación de proteger a la infancia.
Aunque el comando republicano busca bajar el costo político, el efecto ya está instalado en la discusión pública. La polémica no solo tensiona la campaña: abre un debate ético de fondo que difícilmente se cerrará con la frase “eso no es lo relevante”.
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