La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha rechazado el incidente de nulidad de todas las actuaciones planteada por una acusación particular que pedía su recusación y que, además, planteaba elevar testimonio de particulares al Ministerio Fiscal para que investigara la posible comisión de delitos de coacciones, revelación de secretos por parte de profesionales obligados a confidencialidad, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos por una autoridad o funcionario público.
El incidente lo planteó el abogado y youtuber Raúl Gisbert el pasado 26 de febrero y la jueza instructora ha rechazado sus pretensiones en un auto de este mismo lunes en el que considera que el escrito presentado "destila una absoluta animosidad" hacia ella y "rezuma de desprecio, no solo profesional, sino una inquina personal" del letrado, que quiere, según subraya la instructora, que se denuncie a sí misma ante el fiscal.
La magistrada reprocha que el escrito es "una mezcolanza de ideas que nuevamente nos sitúa en una realidad paralela, procesal y fáctica, en la que se obvian principios básicos del ordenamiento procesal y en los que el objetivo principal no es el avance en la instrucción, sino simple y llanamente la desaparición de todo lo actuado, de todas y cada una de las actuaciones procesales, ofrecimientos de acciones, testificales, informes periciales y declaraciones de investigados".
"Más de medio millar de personas han acudido al presente órgano judicial, antes Juzgado, hoy Tribunal de Instancia", recalca la instructora, que considera que esa acusación formula una pretensión "que solo podría calificarse como propia de una defensa".
Y al respecto añade: "poco interés del letrado sr. Gisbert existe en este procedimiento cuando se desea hacer tabla rasa. Poco respeto hay por parte de dicho letrado hacia los familiares de las víctimas mortales, a los lesionados, cuando se les desea que vuelvan a contar el calvario que sufrieron. Poca voluntad de investigar hay cuando se desea que desaparezcan todas las pruebas, como informes, grabaciones, llamadas, vídeos....", mientras que, por contra, "sorprendentemente" a través de la procuradora "se solicita la prórroga del plazo de instrucción", en un escrito sin el nombre ni la firma del abogado.
Ante esta dualidad, la magistrada pide que se "aclare para bien de todos". En todo caso, considera que la "voluntad de dinamitar" el procedimiento, que no es propia de la posición procesal de acusación, "choca con la simple aplicación de la Ley" porque la nulidad "se ha de articular a través de los oportunos recursos, se ha de limitar a los concretos actos procesales y ha de derivar en indefensión", lo que no ocurre en este caso.
CARENTE DE "SENTIDO" Y FUNDAMENTO ALGUNO"
Por ello, señala que ese escrito "carece de sentido alguno" y apunta que la "simple lectura" del artículo 241 de la LOPJ debe llevar "a su rechazo de plano": no se desprende que haya indefensión para esa parte y el plazo para pedir la nulidad es de 20 días. Y sobre la recusación, recalca que, de las 16 causas tasadas previstas por la ley, "no se cita ni una sola", que es "carente de fundamento", "constitutiva de fraude procesal" y en la que "no se cumplen los requisitos formales".
De otro lado, subraya que el hecho de que no haya más investigados en la instrucción, especialmente de la administración central, no es consecuencia de sus resoluciones "sino que deriva de lo acordado por la Audiencia Provincial de Valencia" y reitera las resoluciones adoptadas por la sala al respecto de la competencia en la gestión de la emergencia, en protección civil y dirección del Cecopi.
La jueza incide en que el letrado en cuestión se ha limitado a solicitar la investigación de la delegada del Gobierno y la elevación de una exposición razonada respecto del aforado --Carlos Mazón--, que fue rechazada por extemporánea. "A lo anterior ha de sumarse su escasísima asistencia, presencial o telemática, a las numerosas declaraciones testificales practicadas en la presente causa", agrega.
Para la magistrada, "es comprensible la frustración profesional" del letrado "por su nulo éxito en las únicas pretensiones que ha formulado, pero no que se torne en un torrente de descalificaciones, a cada cual más gruesa hacia mi persona", señala, ya que el resultado de sus esfuerzos en la Audiencia Provincial de Valencia fue también "absolutamente nulo".
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