Ibiza, 4 abr (EFE).- El Ayuntamiento de Ibiza ha recibido la autorización judicial para desalojar el asentamiento de sa Joveria, en la que hay infraviviendas, casetas y tiendas de campaña y donde se estima que residen unas 130 personas, según los últimos recuentos de la Policía Local y los servicios sociales municipales.
Tras recibir la autorización de entrada, desmontaje y limpieza de esta parcela, emitida por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma, el consistorio ha informado este sábado en un comunicado que ha propuesto al juzgado ejecutar el desalojo el 21 de abril a las 10.00 horas.
La parcela linda al norte con la autovía EI-20, al este con el Recinto Ferial y al oeste con el colegio público Sa Joveria y el hospital Can Misses, y las personas que allí residen lo hacen “sin unas condiciones mínimas de higiene y seguridad”, han justificado desde el consistorio.
En noviembre, el Ayuntamiento exigió a los propietarios de la parcela, mediante un procedimiento de orden de ejecución, que cumplieran con su deber de conservación de la propiedad con la retirada exhaustiva de los residuos y demás actuaciones necesarias.
Ante la imposibilidad de la propiedad de llevarlo a cabo, se inició el procedimiento judicial que ahora ha autorizado la entrada, desmantelamiento y limpieza de la parcela, que después será vallada para evitar que esta situación se vuelva a producir.
Entre las condiciones en las que viven sus habitantes, el Ayuntamiento ha incidido en que carecen de fosas sépticas, agua potable y tratamiento de residuos, con grave riesgo para su salud y seguridad por existir riesgo de plagas.
También existe un alto riesgo de incendio, ya que se han identificado hornillos, estufas, bombonas de gas y otros elementos para cocinar y a hacer fuego.
Entre la documentación presentada por el Ayuntamiento, y que forma parte del expediente y procedimiento judicial, se encuentran informes de técnicos municipales de Medio Ambiente, Policía Local, Aqualia, Valoriza y el Hospital Can Misses.
En concreto, el hospital alerta de riesgos por desplazamiento de objetos próximos a su helipuerto, accesos no autorizados al recinto hospitalario, ausencia de servicios básicos como el abastecimiento de agua potable, la acumulación de residuos sólidos y vertidos líquidos, la proliferación de plagas, como mosquitos, roedores e insectos, y potenciales vectores de transmisión de enfermedades.
También ha señalado el riesgo ambiental y sanitario por posible contaminación del suelo y, en su caso, de aguas subterráneas, y el aumento del riesgo de episodios infecciosos vinculados a condiciones de higiene insuficientes.
Alerta además del uso no autorizado de instalaciones y suministros del hospital por personas ajenas al centro, así como un aumento de la carga operativa sobre los servicios de seguridad, desinsectación y desratización.
Este desalojo será previo a otro que está previsto para el 29 de abril en un solar privado ubicado detrás del estadio de Can Misses, donde residen unas 80 personas también en caravanas, infraviviendas y tiendas de campaña. EFE
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