
El Tribunal Supremo de Brasil ha cerrado 2025 condenando a 29 de los 31 acusados por la trama golpista con la que se pretendía mantener en el poder al expresidente Jair Bolsonaro, quien ha sido el que peor parado ha salido de este proceso judicial histórico, con una pena de más de 27 años de cárcel, que cumple ya de manera efectiva en un centro de detención en la sede de la Policía en Brasilia.
Hace unos días finalizaron los juicios de los cuatro grandes núcleos en los que se ha dividido la causa, a la espera de que se analice la denuncia contra el influencer Paulo Figueiredo, quien conforma el quinto bloque, y más allá de las centenares de personas que participaron en los ataques a las instituciones de enero de 2023, con las que la Fiscalía, en muchos casos, ha llegado a acuerdos.
La causa contra el llamado núcleo central de la trama golpista ha concluido. Siete de los ocho acusados cumplen condena, entre ellos Bolsonaro. No así quien fuera el jefe de la agencia de Inteligencia brasileña, Alexandre Ramagem, quien se encuentra fugado en Estados Unidos, aunque con una petición de extradición.
La mayoría de los acusados han sido condenados por los cinco delitos expuestos por la Fiscalía: organización criminal, golpe de Estado, abolición violenta del Estado de derecho, daños y deterioro de patrimonio histórico. No obstante, el peso de la pena ha dependido del grado de implicación en los mismos.
Las penas más severas han caído sobre los hombros de Bolsonaro --considerado el líder de la trama-- y algunos de sus ministros, todos dentro de ese núcleo central, como son los extitulares de Defensa Walter Braga Netto y Paulo Sergio Nogueira; de Justicia Anderson Torres; o el exjefe de Gabinete de Seguridad, Augusto Heleno Ribeiro, quien busca el arresto domiciliario, supuestamente aquejado de Alzheimer.
Quienes hayan sido condenados a más de ocho años de prisión deberán comenzar a cumplir sus penas en régimen cerrado. No obstante, todos ellos disfrutarán de medidas muchos más laxas a medida que vayan cumpliendo años. Es el caso de Bolsonaro, que podrá solicitar arresto domiciliario una vez cumplidos siete años.
Algunos han comenzado a cumplir sus condenas en régimen abierto, como el coronel Mauro Cid, quien fuera 'mano derecha' de Bolsonaro como muestra que apareciera en casi todas las causas judiciales del expresidente, gracias a su colaboración con la Justicia y a pesar de formar parte del núcleo principal de la trama.
EL RESTO DE BLOQUES DE LA TRAMA GOLPISTA
Si bien el bloque principal ha concluido, en los otros tres aún caben recursos. El segundo de ellos, considerado el estratégico, también contempla algunas de las penas más grandes, con más de dos décadas de prisión, como es el caso del exjefe de la Policía de Carreteras Silvinei Vasques.
Cinco personas están acusadas, entre otras cosas, de haber participado en la elaboración en el 'borrador' de la trama golpista, o de bloquear las carreteras para evitar el desplazamiento de potenciales electores del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones.
El tercer grupo --con penas de entre 16 y 24 años de cárcel-- está formado por altos mandos del Ejército a quienes la trama encargó organizar y ejecutar los ataques contra autoridades, incluida la operación 'Puñal Verde y Amarillo' con la que se pretendía matar a Lula da Silva, a su vicepresidente Geraldo Alckmin, o al juez del Supremo e instructor de esta macrocausa, Alexandre de Moraes.
El último bloque se centra en los responsables de difundir desinformación sobre el proceso electora, así como por ataques cibernéticos contra las instituciones y sus autoridades. Hasta siete personas han recibido condenas entre siete y 17 años.
Desde que comenzaron los juicios en septiembre solo dos personas han sido absueltas tras rechazar el Supremo los cargos por falta de pruebas. Pendiente está el caso de Paulo Figueiredo --nieto del último dictador brasileño João Figueiredo y residente en Estados Unidos-- a quien aún no se le ha notificado para que presente alegaciones por difundir desinformación contra el proceso electoral.
MÁS DE 800 CONDENAS POR LOS ATAQUES DE ENERO DE 2023
En total han sido más de 1.700 casos los que ha tenido que analizar el primer panel del Tribunal Supremo. Antes de que se encargara de los altos responsables de organizar y ejecutar la trama golpista, ya había condenado a 810 personas por los episodios de violencia de enero de 2023 en Brasilia, si bien solo al cinco por ciento se les ha impuesto penas de más de doce años de prisión.
Por otra parte, la Fiscalía ha logrado más de 560 acuerdos de culpabilidad para evitar e ir a juicio, pactando condenas alternativas. Otras 346 causas están en trámite y se han presentado 98 acusaciones contra quienes financiaron los ataques, precedidos de semanas de vigilias y acampadas ante sedes de las Fuerzas Armadas.
Lo acontecido estos últimos años de Brasil marca un antes y un después en la historia del país desde que regresó a la democracia hace unos 40 años. Se trata de la primera vez que un expresidente y varios altos mandos militares han sido condenados por intentar cometer un golpe de Estado.
Mientras tanto, los seguidores de Bolsonaro han sacado adelante una ley en el Congreso para reducir drásticamente el tiempo que han de permanecer en prisión. Un texto que el presidente Lula da Silva ya ha confirmado que vetará. En el horizonte están las elecciones de 2026, en las que la ultraderecha intentará volver al poder y las aspiraciones de elaborar una amnistía que libre al expresidente y los suyos.
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