La Justicia estadounidense ha desestimado el recurso presentado por Burford Capital para anular la revocación de la sentencia de primera instancia relacionada con la expropiación de la petrolera YPF, la cual reconocía a sus afectados una indemnización de 16.100 millones de dólares (13.877 millones de euros).
"La decisión del tribunal [...] constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país [el 27 de marzo]", ha anunciado la Procuración del Tesoro en un comunicado oficial.
"Este resultado representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público", ha añadido.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ha rechazado el 'rehearing en banc' solicitado en el caso Petersen/Eton Park tan solo dos meses después de que se fallase que la primera sentencia había interpretado erróneamente la ley argentina, por lo que debía ser revisada.
El pasado 19 de marzo, la Justicia ya decidió suspender una orden de descubrimiento de pruebas que habría habilitado a los demandantes de YPF a solicitar información sobre activos embargables del Estado argentino, como sus reservas de oro.
La jueza de distrito Loretta Preska dictaminó en septiembre de 2023 que los derechos de los litigantes se habían visto lesionados por la nacionalización y ordenó a Argentina depositar en una cuenta segura el 51% de las acciones que posee en YPF.
Buenos Aires alegó que Preska carecía de jurisdicción al recaer esta sobre la Justicia del país latinoamericano. En este sentido, dos de los tres miembros de la sala de apelaciones ya expresaron dudas durante la fase de instrucción sobre la competencia de los tribunales estadounidenses en esta materia.
CONTEXTO
YPF fue nacionalizada en 2012 bajo el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a través de una ley aprobada en el Congreso Nacional que avalaba que el Estado se quedase con el 51% de la petrolera, la cual, hasta entonces, estaba en manos de la española Repsol.
La cuestión aterrizó en los juzgados estadounidenses después de que los fondos Burford Capital y Eton Park presentasen una demanda tras adquirir los derechos de litigio de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora.
Estas sociedades pertenecientes al grupo argentino Petersen estaban constituidas en España y poseían un 25% del capital social de YPF en el momento de la nacionalización. Las dos firmas reclamaban compensaciones al considerar que Argentina debió lanzar una OPA sobre las acciones que no pertenecían a Repsol.
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