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A partir del próximo 6 de agosto, el Congreso debatirá un proyecto denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada“.

Pocas expresiones generan un consenso tan amplio. La propiedad privada constituye uno de los pilares de la Constitución Nacional, de la seguridad jurídica y de cualquier economía capaz de atraer inversiones, generar empleo y promover el desarrollo.

Defenderla no solo es una obligación jurídica; también es una condición indispensable para que la Argentina recupere la confianza que necesita para crecer.

Precisamente por eso, el debate parlamentario merece una reflexión más amplia.

La protección de la propiedad privada no representa un vacío de nuestro ordenamiento institucional. La Constitución ya la consagra de manera expresa y ninguna estrategia seria de desarrollo puede prescindir de ese principio. La verdadera pregunta es otra: ¿qué instrumentos posee hoy el Estado para proteger aquellos activos cuyo control condicionará la capacidad de decisión de la Nación durante las próximas décadas?

Ese es el debate que todavía no hemos dado.

Mientras buena parte del mundo fortalece los mecanismos destinados a preservar sus infraestructuras críticas, sus recursos estratégicos y las tecnologías que definirán el poder económico y político del siglo XXI, la Argentina continúa discutiendo como si la soberanía solo pudiera perderse mediante una invasión militar o una ocupación territorial.

La realidad internacional demuestra exactamente lo contrario.

Hoy también se pierde influencia cuando un país renuncia a decidir sobre su energía, sus corredores logísticos, sus minerales críticos, sus capacidades científicas, sus datos o las infraestructuras que sostienen su desarrollo.

Por eso, la discusión no debería plantearse como una falsa elección entre Estado y mercado, ni entre inversión privada y soberanía nacional.

La propiedad privada debe seguir siendo inviolable y la inversión —nacional y extranjera— debe continuar siendo promovida.

Pero, al mismo tiempo, el Estado no puede renunciar a una responsabilidad que ninguna empresa o particular están llamados a ejercer: organizar estratégicamente el territorio nacional y preservar aquellos intereses permanentes que pertenecen a toda la sociedad y no únicamente a una generación de dirigentes.

Esa es, en realidad, la ley que el Congreso debería estar discutiendo.

La soberanía en el siglo XXI

Durante buena parte de la historia, la soberanía se definía por la capacidad de un Estado para controlar su territorio y defender sus fronteras. El poder se medía por el tamaño de los ejércitos, la fortaleza de las fronteras o la ocupación física del espacio.

Ese paradigma no ha desaparecido. Las guerras en Ucrania y el Golfo Pérsico, las tensiones en el Indo-Pacífico y la creciente competencia entre las grandes potencias demuestran que el poder militar continúa siendo un componente esencial de la política internacional.

Pero ya no es el único.

En el siglo XXI la competencia entre los Estados también se desarrolla en el control de la energía, de las rutas comerciales, de los minerales críticos, de las redes digitales, de los datos, de la inteligencia artificial, de las comunicaciones satelitales y de las cadenas globales de suministro. El dominio sobre esos factores determina la capacidad de un país para decidir con autonomía, sostener su crecimiento económico y proteger sus intereses nacionales.

El dominio sobre esos factores determina la capacidad de un país para decidir con autonomía, sostener su crecimiento económico y proteger sus intereses nacionales.

La soberanía, por lo tanto, ya no puede entenderse exclusivamente como un concepto jurídico o territorial. Es también una capacidad estratégica.

Un país puede conservar intactas sus fronteras y, sin embargo, perder gradualmente márgenes de decisión si deja de controlar los recursos, las infraestructuras o las tecnologías sobre las cuales descansará su desarrollo futuro.

Por esa razón, las principales democracias del mundo han comenzado a revisar su forma de entender la seguridad nacional. Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y la Unión Europea promueven activamente la inversión privada y mantienen economías abiertas, pero al mismo tiempo preservan aquellos activos cuya transferencia podría afectar su autonomía estratégica.

No existe contradicción entre ambas políticas.

La apertura económica requiere seguridad jurídica, la soberanía requiere inteligencia estratégica, y las dos son condiciones necesarias para construir un Estado moderno. Argentina debería incorporar esa visión.

No porque deba copiar modelos extranjeros, sino porque posee un patrimonio estratégico cuya magnitud obliga a pensar el desarrollo con una perspectiva que trascienda la coyuntura política y los ciclos económicos.

Ése es el verdadero desafío que enfrenta nuestra dirigencia.

El patrimonio estratégico argentino

Argentina no enfrenta un problema de escasez de recursos. En realidad, enfrenta un desafío mucho más complejo: todavía no ha definido cuáles de esos recursos considera estratégicos para su desarrollo futuro.

Pocas naciones reúnen, al mismo tiempo, una posición geográfica privilegiada, enormes reservas de hidrocarburos no convencionales, algunos de los principales yacimientos de litio y cobre del planeta, abundancia de agua dulce, capacidad agroalimentaria, desarrollo nuclear, tecnología satelital y una proyección natural sobre el Atlántico Sur y la Antártida.

Cada uno de esos activos posee un enorme valor económico. Pero su verdadera importancia trasciende el mercado.

El Atlántico Sur constituye la puerta de acceso a la Antártida y a uno de los espacios marítimos más relevantes del siglo XXI, donde confluyen recursos pesqueros, rutas oceánicas, potencial energético y una creciente competencia geopolítica.

La Hidrovía Paraná–Paraguay es mucho más que un corredor de exportación. Es la principal arteria logística del Cono Sur y una infraestructura cuyo funcionamiento condiciona la competitividad de gran parte de la economía argentina.

Vaca Muerta representa una oportunidad excepcional para fortalecer la seguridad energética, incrementar las exportaciones y desarrollar nuevas capacidades industriales. Del mismo modo, el litio, el cobre y los minerales críticos se han convertido en insumos indispensables para la transición energética, la electromovilidad y las tecnologías que definirán la próxima revolución industrial.

A ellos deben sumarse otros activos menos visibles, pero igualmente decisivos: el agua dulce, las infraestructuras digitales, los centros de datos, las comunicaciones satelitales, la inteligencia artificial y el sistema científico nacional. En el siglo XXI, el conocimiento y la tecnología también forman parte del patrimonio estratégico de una Nación.

El desafío consiste en comprender que ninguno de estos recursos debe analizarse de manera aislada. Integran un mismo sistema, del cual dependerán la competitividad económica, la seguridad nacional y la capacidad de decisión de la Argentina durante las próximas décadas.

Integran un mismo sistema, del cual dependerán la competitividad económica, la seguridad nacional y la capacidad de decisión de la Argentina durante las próximas décadas.

Por esa razón, el verdadero debate no consiste únicamente en cómo explotar esos recursos, sino en cómo gobernarlos estratégicamente para que su aprovechamiento fortalezca el desarrollo nacional sin comprometer la autonomía del país.

El Estado Organizador del Territorio

Si aceptamos que la soberanía del siglo XXI también depende de la capacidad para preservar los activos estratégicos de una Nación, la discusión deja de centrarse en la cantidad de Estado para concentrarse en la calidad de sus funciones.

Durante décadas, la política argentina osciló entre dos visiones antagónicas: un Estado que pretendía intervenir en todas las actividades económicas y otro que aspiraba a retirarse casi por completo, dejando al mercado la asignación de los recursos. Ninguno de esos extremos ha demostrado ser suficiente para responder a los desafíos que plantea el escenario internacional contemporáneo.

La experiencia de las principales democracias demuestra otro camino.

El Estado ya no es concebido como un empresario ni como un mero administrador. Es, ante todo, el organizador estratégico del territorio nacional.

Ello implica identificar los intereses permanentes de la Nación, planificar las grandes infraestructuras, integrar las políticas de energía, transporte, minería, ciencia, tecnología, defensa y relaciones exteriores, y establecer reglas previsibles que permitan atraer inversiones sin resignar la capacidad de decisión sobre aquellos activos que condicionan el futuro del país.

El Estado ya no es concebido como un empresario ni como un mero administrador. Es, ante todo, el organizador estratégico del territorio nacional.

No existe contradicción entre una economía abierta y un Estado estratégicamente activo.

Por el contrario, cuanto más integrada se encuentra una economía a los mercados internacionales, mayor es la necesidad de contar con instituciones capaces de distinguir entre aquello que pertenece al ámbito de la libre competencia y aquello que constituye un interés permanente de la Nación.

Aquellos países a los que aspiramos parecernos no restringen la inversión extranjera por principio. La promueven.

Pero, al mismo tiempo, cuentan con mecanismos que les permiten evaluar aquellas operaciones que puedan comprometer su seguridad nacional, sus infraestructuras críticas o sus capacidades tecnológicas.

La Argentina necesita incorporar esa lógica.

No para cerrar su economía, ni para aumentar la discrecionalidad del Estado, sino para dotarse de herramientas modernas, transparentes y previsibles que permitan compatibilizar tres objetivos inseparables: seguridad jurídica para invertir, desarrollo económico para crecer y soberanía estratégica para decidir.

En definitiva, el verdadero desafío no consiste en optar entre Estado o mercado. Consiste en construir un Estado inteligente, capaz de organizar el territorio, orientar el desarrollo nacional y proteger aquellos intereses permanentes que ninguna coyuntura política debería poner en riesgo.

Una decisión sobre el futuro de la Nación

El debate previsto no debería interpretarse como una discusión más dentro de la agenda parlamentaria. En realidad, constituye una oportunidad para preguntarnos qué Estado necesita la Argentina para afrontar los desafíos del siglo XXI.

Nadie discute la inviolabilidad de la propiedad privada. Tampoco la necesidad de ofrecer seguridad jurídica y previsibilidad para atraer inversiones, generar empleo y recuperar el crecimiento económico. Esos principios forman parte del consenso sobre el que debe construirse cualquier estrategia de desarrollo.

Lo que aún no integra ese consenso es la necesidad de proteger los intereses estratégicos permanentes de la Nación.

Durante demasiado tiempo hemos debatido el desarrollo como si la energía, la minería, la infraestructura, la ciencia, la tecnología, la defensa o las comunicaciones fueran políticas independientes entre sí. La realidad demuestra exactamente lo contrario. Todas forman parte de una misma arquitectura de poder y todas influyen sobre la capacidad de un país para decidir con autonomía su propio futuro.

Todas forman parte de una misma arquitectura de poder y todas influyen sobre la capacidad de un país para decidir con autonomía su propio futuro.

Las grandes transformaciones históricas rara vez se anuncian con estridencia, generalmente comienzan con decisiones parciales, aparentemente aisladas, cuyos efectos solo se comprenden muchos años después. Por eso las naciones que alcanzan un desarrollo sostenido son aquellas que construyen instituciones capaces de pensar más allá de la urgencia política y de proteger aquellos intereses que pertenecen a varias generaciones y no únicamente a un gobierno.

Ese debería ser el verdadero horizonte del debate argentino.

No se trata de elegir entre Estado o mercado, entre apertura o proteccionismo, ni entre inversión privada o soberanía nacional. Esas dicotomías pertenecen a otro tiempo.

El desafío consiste en construir un Estado que ofrezca seguridad jurídica para invertir, reglas estables para producir y, al mismo tiempo, inteligencia estratégica para preservar aquellos activos cuya pérdida de control limitaría la libertad de decisión de las generaciones futuras.

Porque la soberanía ya no se defiende únicamente en las fronteras, también se ejerce cuando una Nación conserva la capacidad de decidir sobre los recursos, las infraestructuras, las tecnologías y el conocimiento que determinarán su desarrollo.

La historia probablemente no recuerde el nombre del proyecto que el Congreso debatió el 6 de agosto, pero recordará si la dirigencia argentina comprendió, a tiempo, que la propiedad privada constituye uno de los pilares de la República y que la protección de los activos estratégicos constituye una condición indispensable para preservar la soberanía de la Nación.

Ambas son inseparables.

Y ambas merecen ser defendidas con la misma convicción.