La mentira de un ex Delegado Presidencial Regional que provocó el allanamiento e imputación a una funcionaria pública: ¿quién repara la injusticia?

I. El allanamiento

Era el mediodía del 17 de marzo de 2026 cuando funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile irrumpieron en el domicilio de Fernanda Romero C., funcionaria de la Delegación Presidencial Regional de O’Higgins. Lo hicieron con la fuerza propia de un operativo contra el crimen organizado: forzaron el portón de ingreso del condominio, generaron alarma entre los vecinos y dejaron a Fernanda en un estado de desconcierto y desconsuelo del que tardaría meses en recuperarse.

La PDI actuaba con respaldo legal: una orden del Juzgado de Garantía de Rancagua, instruida por la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins. En el procedimiento se incautaron teléfonos y un notebook. Pero el episodio no terminó ahí.

Esa misma tarde, a las 18:00 horas, los investigadores se presentaron en las oficinas de la Delegación Presidencial para incautarle también el computador de escritorio que Fernanda usaba en su trabajo. Esta vez, el escarnio fue ante sus propios compañeros.

Con los días, logró enterarse del motivo: se la acusaba del delito de falsificación o uso malicioso de instrumento público. La imputación era grave: supuestamente había falsificado la firma del entonces Delegado Presidencial Regional, Fabio López Aguilera, en una resolución que dejaba sin efecto un contrato de arriendo de vivienda fiscal que la beneficiaba a ella y a sus hijos.

II. El documento que nadie quiso firmar

Para entender cómo se llegó a ese punto, hay que retroceder al 24 de febrero de 2026, apenas días antes del cambio de gobierno. Fue entonces cuando el Delegado López, mediante resolución exenta y sin mayores fundamentos, ordenó la restitución de la vivienda fiscal que Fernanda habitaba junto a sus hijos.

No se trataba de un beneficio arbitrario. Fernanda había acreditado, con certificados del COMPIN y del Registro Nacional de Discapacidad, que dos de sus hijos presentaban porcentajes de discapacidad superiores al 70%, con plenas necesidades de apoyo escolar y médico. Era jefa de hogar. El arriendo fiscal, obtenido tras un largo proceso de gestiones, era su red de contención.

La resolución de término la dejaba, en la práctica, en la calle.

Fernanda, apoyada por su organización sindical, inició gestiones urgentes ante el Ministerio del Interior. Tras múltiples insistencias, el nivel central del ministerio intervino: se informó que el problema se resolvería con una nueva resolución que dejaría sin efecto la anterior, y que estaría ingresada al sistema el 11 de marzo, primer día del nuevo gobierno.

El 10 de marzo, López mantuvo una conversación por WhatsApp con una asesora del exjefe de la División de Gobierno Interior, Andrés Santander. Según consta en los antecedentes, el exdelegado le señaló que la firma del documento ya estaba «en proceso» y que, aunque no disponía de oficina de partes a esa hora, al día siguiente se le asignaría número y quedaría oficializado.

El 11 de marzo llegó. Y el documento no apareció.

III. La negación y sus consecuencias

Fernanda consultó directamente al asesor jurídico de la Delegación, Cristián Sobarzo, si la resolución ya tenía número asignado. La respuesta que obtuvo fue desconcertante.

«No tenía conocimiento de que el ex Delegado López haya firmado el documento«, le respondió Sobarzo. Y luego, en un segundo correo, fue más explícito: «Te reitero lo que me indicó: que no lo iba a firmar, y así me reiteró ayer; así es que no sé cómo salió firmado».

Fue entonces cuando Sobarzo puso en conocimiento de la nueva Delegada Presidencial Regional, Susana Pinto González —quien había asumido el 11 de marzo—, que existía una resolución supuestamente firmada por López que este negaba como propia. Le advirtió que podían existir responsabilidades administrativas y penales.

La Delegada Pinto ofició a la fiscalía regional. El mecanismo judicial se puso en marcha de inmediato. Y la principal sospechosa, por tener el móvil más evidente, era Fernanda.

IV. La confesión tardía

El 18 de marzo, Fabio López declaró ante la fiscalía regional. Sus dichos, según los antecedentes disponibles, resultaron fundamentales —y reveladores.

Reconoció que desde el 5 de marzo el asesor Sobarzo le transmitía la molestia del nivel central del Ministerio del Interior por la resolución que terminaba el arriendo de Fernanda. Que el 9 de marzo, en conjunto con Sobarzo, revisaron un oficio del exjefe de la División de Gobierno Interior instándolo a dejar sin efecto dicha resolución. Que el 10 de marzo en la tarde, desde el nivel central, se le insistió una vez más.

Y entonces admitió algo que cambia completamente el relato: finalmente accedió a firmar y timbrar la nueva resolución. Pero —afirmó— lo hizo entendiendo que, como no tenía acceso al sistema de ingreso de documentos, el acto carecería de validez formal.

Lo que no explicó con coherencia fue por qué, habiendo firmado el documento con el timbre oficial de la Delegación Presidencial, le dijo a su asesor jurídico que no lo había firmado.

Según consta en los antecedentes, López admitió haber mentido a Sobarzo y reconoció que «no tiene una explicación racional sobre su proceder». Dijo que solo «pensó rápido y mal».

Esa mentira, dicha en cuestión de segundos, desencadenó meses de angustia para Fernanda Romero.

V. Una historia más larga

El episodio no surgió del vacío. La historia de conflictos entre Fernanda y el entorno del Delegado López se remonta a marzo de 2022, cuando ella solicitó por primera vez acceso a una vivienda fiscal para mejorar las condiciones de vida de sus hijos con discapacidad.

Durante los años siguientes, cada gestión legítima de Fernanda —un permiso de teletrabajo, una autorización para llevar a su hijo a la Teletón y al Instituto de Neurocirugía, el acceso a la vivienda fiscal— fue respondida con trabas, demoras o exigencias desproporcionadas. En una oportunidad, el abogado de la Delegación le exigió una declaración notariada con dos testigos para acreditar que ella era la madre de sus propios hijos.

Las gestiones sindicales que buscaron soluciones racionales en el nivel central del ministerio generaron una percepción negativa hacia Fernanda y su organización dentro del equipo del Delegado. La situación derivó en una depresión que se prolongó por años, acreditada como enfermedad de origen laboral por la Mutual de Seguridad.

Fernanda no fue la única. Al menos otras tres funcionarias de la Delegación —Milena Acevedo, Mabel Chacón e Ingrid Cancino— padecieron situaciones similares durante la gestión de López. En todos esos casos, la Mutual de Seguridad calificó el origen de las enfermedades como laboral, repitiéndose en los informes la expresión «liderazgo disfuncional».

Resulta llamativo que en una sola unidad de Gobierno Interior —instituciones pequeñas por definición— se hayan concentrado tantos casos análogos con resoluciones tan categóricas, sin que ello haya derivado en medidas de gestión consecuentes.

VI. El cierre y las preguntas abiertas

El 5 de mayo de 2026, dos meses después del allanamiento, la Fiscalía cerró la causa contra Fernanda Romero bajo el concepto jurídico de «inexistencia del delito». Quedó libre de toda acusación.

Pero el caso deja interrogantes sin respuesta. ¿Comunicó el asesor Sobarzo a la Delegada Pinto la totalidad del contexto que rodeó la elaboración del documento cuestionado? Los correos que intercambió con Fernanda sugieren que conocía de antemano los intercambios entre López y el nivel central del ministerio, información que no quedó consignada en el oficio a la fiscalía.

Cabe preguntarse también si la fiscalía habría optado por diligencias tan intrusivas e inmediatas de haber contado con ese contexto completo desde el inicio.

Y sobre todo, persiste la pregunta más perturbadora: ¿por qué un alto funcionario del Estado mintió sobre su propia firma, sabiendo que esa mentira recaería sobre una simple funcionaria pública que solo buscaba proteger a sus hijos?

Hoy, Fernanda y las otras funcionarias están en proceso de recuperación. Saben que ese camino lleva tiempo, requiere cuidados y acompañamiento. En ellas no hay ánimo de revancha. Solo de justicia. Para conocer más antecedentes sobre los eventos descritos en esta nota y saber qué es lo que viene a partir de ahora, entrevistamos al Presidente de Fenaminsa (Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior, Ministerio de Seguridad Pública y Servicios Afines) Esteban Tumba Martínez.

Respecto a las acciones concretas que ha tomado o tomará FENAMINSA con el fin de exigir responsabilidades administrativas y/o penales a López Aguilera por haber admitido ante la fiscalía que mintió sobre su propia firma, Tumba señaló que el equipo jurídico de la federación está evaluando la presentación de diversas acciones.

“Por lo pronto Fernanda ya presentó una denuncia administrativa al interior del Servicio. No sabemos si el procedimiento disciplinario ya comenzó debido a que es un sumario. Por lo pronto sabemos que no se ha tomado declaración a Fernanda”, señaló.

Consultado sobre por qué el asesor jurídico Cristián Sobarzo ofició a la fiscalía sin informar el contexto completo que rodeó la elaboración del documento, incluyendo las conversaciones entre el entonces delegado Fabio López y el nivel central del Ministerio del Interior, el presidente de FENAMINSA, sostuvo que resulta una interrogante evidente al analizar el caso. Según señaló, Sobarzo conocía los antecedentes que rodeaban la situación y, desde una perspectiva profesional, su actuar sería «inexplicable».

“Subrayo que esto es en términos profesionales ya que Sobarzo preside otra asociación de funcionarios en la Delegación Presidencial de O´Higgins que descalificó permanentemente la demanda de funcionarias afectadas, protegiendo de esa manera la gestión de López, a tal punto que salieron a la calle con lienzos de defensa de la ex autoridad. Todo esto debiera esclarecerse en el procedimiento administrativo”, agregó.

Por otro lado, Tumba señaló que a la Federación no le consta que la Delegada Pinto haya verificado los antecedentes antes de oficiar a la fiscalía. Sin embargo, señaló que “dado que la presentación de los antecedentes era tan específica, sumado a que en el Estatuto Administrativo existen obligaciones funcionarias respecto de estas materias es muy probable que la nueva autoridad no haya considerado otras posibilidades”.

Respecto a la falta de medidas de gestión oportunas, considerando que al menos cuatro funcionarias —Fernanda Romero, Milena Acevedo, Mabel Chacón e Ingrid Cancino— sufrieron situaciones similares bajo la gestión de López, con diagnósticos de la Mutual de Seguridad que coinciden en señalar “liderazgo disfuncional”, el presidente de la federación cuestionó la inacción de las autoridades.

Tumba sostuvo que, a la luz de las denuncias presentadas por las trabajadoras y de los informes emitidos por la Mutual, resulta inexplicable que no se adoptaran medidas más efectivas que el cumplimiento formal de acciones correctivas que calificó como inútiles o la realización de procedimientos disciplinarios que finalmente no produjeron resultados concretos

“Tanto Fernanda como Fenaminsa realizamos múltiples gestiones ante el Ministerio del Interior, La Contraloría General de la República, Tribunales, el Ministerio de la Mujer y Parlamentarios de la zona, sin obtener avances. Lo que queda claro en este sentido es que las autoridades no tuvieron la voluntad organizacional ni política de intervenir decididamente o separar de sus funciones a una autoridad que en este caso representaba al Presidente de la República, a quien también escribimos dando a conocer la situación, sin obtener una respuesta satisfactoria”, sostuvo.

Para Tumba, la falta de respuestas efectivas pese a la acumulación de denuncias y antecedentes obliga a plantear una interrogante de fondo: qué era más importante que la salud e integridad de las funcionarias afectadas. A juicio del dirigente, la magnitud de las gestiones realizadas, que incluyeron denuncias ante organismos públicos, manifestaciones y exposición mediática de los casos, lleva a concluir que la ausencia de medidas decisivas obedeció a consideraciones de carácter político más que a una falta de información sobre lo que estaba ocurriendo.

Por último, el presidente de FENAMINSA señaló que la federación cuenta con protocolos definidos sobre situaciones de origen laboral o administrativo que afecten a funcionarios:

“Lo anterior a través de un contrato que suscribimos hace ocho años con la Defensoría Popular de las y los Trabajadores, que implica defensa gratuita para socios y socias, que se ha desarrollado muy satisfactoriamente. Respecto de lo penal y dado que son situaciones bastante más excepcionales, la decisión de intervenir se hace a través del debate que se produce en el Directorio Ejecutivo de FENAMINSA”, concluyó.

El Ciudadano

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