El Ciudadano
El endeudamiento en Argentina sigue en ascenso pese a los continuos recortes aplicados por Milei. En enero de 2026 la deuda pública bruta de la Administración Central alcanzó los US$ 460.934 millones, un incremento de más de US$5.800 millones en apenas un mes. El fenómeno responde a la capitalización de intereses y la indexación inflacionaria, mientras la economía real muestra signos de deterioro con la pérdida de casi 22 mil empresas y más de 290 mil puestos de trabajo en dos años de gestión libertaria.
La deuda pública bruta de la Administración Central de Argentina registró un nuevo aumento en enero y cerró el primer mes de 2026 en US$ 460.934 millones, según el último informe oficial de la Secretaría de Finanzas. Este incremento, de US$ 5.867 millones respecto de diciembre, se produjo en un periodo de fuertes pagos de vencimientos, lo que evidencia el peso de los intereses y la indexación sobre las cuentas del Estado. El dato resulta particularmente llamativo si se considera que ocurre en el contexto de un gobierno que prometió reducir el gasto público mediante un ajuste profundo, simbolizado en la «motosierra» que Javier Milei convirtió en marca política.
El informe oficial detalla que la suba mensual respondió principalmente a la capitalización de intereses y a los ajustes por inflación que impactan sobre los títulos en pesos. Con esta nueva cifra, el endeudamiento del país austral acumula un alza superior a los US$35.000 millones desde noviembre de 2023, cuando el stock se ubicaba por debajo de los US$426.000 millones. Este crecimiento sostenido contradice el relato oficial de una administración ordenada de las cuentas públicas y evidencia la complejidad estructural que presenta el problema del endeudamiento, más allá de las intenciones de ajuste fiscal.
Pese al constante crecimiento del pasivo, el documento de Finanzas aclaró que casi la totalidad de la deuda nacional se encuentra en situación de pago normal. El dato de enero confirma la tendencia alcista de los últimos meses y consolida al endeudamiento como uno de los principales desafíos macroeconómicos para la administraión del ultraderechista.
La normalidad en los pagos, sin embargo, no impide que el stock total siga creciendo, alimentado por mecanismos automáticos que escapan a la decisión política de reducir el gasto.
Los mecanismos ocultos del crecimiento de la deuda
Sobre los motivos técnicos del incremento, la Secretaría de Finanzas indicó que la variación se debió a factores que no implican erogaciones inmediatas de caja. El ajuste de los instrumentos indexados por CER sumó US$3.410 millones al stock total, mientras que la capitalización de intereses de bonos y letras aportó otros US$ 3.171 millones.
Estos movimientos contables incrementaron el monto final, aunque el Tesoro efectuó pagos de capital e intereses por más de US$ 18.000 millones durante el mes. Es decir, el Estado destinó una cantidad significativa de recursos a cancelar obligaciones, pero aún así el stock total aumentó debido al efecto combinado de la inflación y los intereses que se acumulan sobre el capital.
En cuanto a la composición de los acreedores, el stock con organismos internacionales alcanzó los US$ 97.095 millones al cierre de enero. Esta cifra representa una parte sustancial del endeudamiento total y posiciona a los organismos multilaterales como actores centrales en la estructura financiera del país.
Misiones Online señaló que el Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue siendo el principal titular de esos compromisos con US$ 57.744 millones, seguido por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.
«Esta estructura de financiamiento externo convive con un calendario de vencimientos que tendrá sus picos más exigentes en los meses de abril y julio, momentos en los que el gobierno deberá demostrar su capacidad para refinanciar los pagos sin recurrir a nuevo endeudamiento que agrave aún más la situación», advirtió el medio digital.
El origen del pasivo: qué es y cómo funciona la deuda pública
La deuda pública equivale a la totalidad de los compromisos financieros que el Estado asume para cubrir el bache existente entre sus ingresos y sus gastos. Este pasivo se divide entre los préstamos otorgados por los acreedores externos y organismos internacionales, generalmente en moneda extranjera, a lo que se suman las obligaciones contraídas dentro del mercado local.
Cuando la recaudación tributaria no alcanza para costear el funcionamiento del Estado, el Tesoro recurre al endeudamiento como una fuente de liquidez inmediata. Esta práctica, en caso de Argentina, adquiere condiciones particulares por la persistencia de la inflación y la volatilidad cambiaria.
«El crecimiento del stock no responde únicamente a la toma de nuevos créditos, sino que se retroalimenta por la dinámica de los intereses y la inflación. En la economía argentina, la capitalización de intereses —donde los cargos no pagados se suman al capital original— y las cláusulas de ajuste por CER transforman a la deuda en un cuerpo que se expande de forma contable. Este fenómeno genera que el monto total aumente incluso en periodos donde el Gobierno logra cancelar vencimientos de capital, debido a la indexación que exigen los tenedores de bonos frente a la suba de precios», consignó Misiones Online.
El fenómeno observado en enero de 2026 es un ejemplo perfecto de esta dinámica: el Tesoro pagó más de US$ 18.000 millones, pero la deuda de Argentina aumentó en casi US$6.000 millones.
La gestión de esta carga financiera se convierte en un condicionante central para la política económica, ya que obliga al Estado estar renegociando de forma continua sus plazos para evitar el cese de pagos. El proceso de «rollear» la deuda, basado en la emisión de nuevos títulos para cancelar los anteriores, aunque permite sostener el funcionamiento financiero, ubica al país en medio de un escenario de dependencia directa de la confianza del mercado.
De esta forma, el volumen de la deuda bruta consolidada se posiciona como el termómetro principal de la solvencia estatal y la estabilidad macroeconómica a largo plazo. Cada vez que el stock alcanza un nuevo récord, como ocurrió en enero, se encienden alertas sobre la capacidad futura de pago y la sostenibilidad de todo el esquema financiero.
La otra cara de la motosierra de Milei: destrucción empresarial y pérdida de empleos
La «motosierra» que Javier Milei convirtió en marca política hoy aparece reflejada en números duros del propio Estado argentino. Datos oficiales publicados por el Gobierno nacional estiman que, en los últimos dos años, se destruyeron 22 mil empresas y 290.602 puestos de trabajo, un golpe que —según unreporte publicado por Página/12— dejó a la mayor parte del sector privado con menos empleo y a miles de familias con la incertidumbre a cuestas. El contraste entre la promesa de ordenamiento fiscal y los resultados concretos en términos de actividad económica resulta cada vez más difícil de conciliar para la gestión libertaria.
El informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) detalla que, entre enero y noviembre de 2025, la pérdida neta de empleadores llegó a 9.722, en una magnitud similar a la registrada en 2024. Y el ritmo no afloja: solo en noviembre de 2025 —último mes contabilizado— cerraron 892 firmas. Estos números reflejan una tendencia consistente a la contracción del tejido empresarial, que no muestra signos de recuperación a pesar de los anuncios oficiales sobre una supuesta reactivación económica. La destrucción de empresas implica no solo pérdida de empleo, sino también desaparición de capacidades productivas, redes comerciales y know-how que lleva años construir.
11 de 14 ramas privadas perdieron empleo
El deterioro no se concentra en un solo sector. De las 14 ramas privadas analizadas por la SRT, 11 registraron caída del empleo, afectando especialmente a actividades que suelen traccionar trabajo formal. En otras palabras: se les vino la noche a los rubros que más mano de obra suelen generar. La generalización del fenómeno indica que no se trata de problemas sectoriales específicos, sino de una dinámica macroeconómica adversa que afecta al conjunto del entramado productivo argentino.
En base al documento oficial, el Centro de Política Económica (CEPA) sintetizó el escenario con una frase contundente: «Cerraron 30 empresas por día, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período».
Las cifras del sistema de riesgos del trabajo muestran el retroceso: en noviembre de 2023 había 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores; para noviembre de 2025, la cuenta bajó a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores. El saldo del período: 21.938 empleadores menos y 290.602 trabajadores menos. Estos números, fríos y precisos, representan dramas familiares concretos: hogares que perdieron su fuente de ingresos, proyectos profesionales truncados, comunidades que vieron reducirse sus oportunidades laborales.
Según datos oficiales publicados por el Gobierno argentino y relevados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en dos años se perdieron casi 22 mil empleadores y más de 290 mil puestos de trabajo. La simultaneidad de estos fenómenos con el aumento constante de la deuda pública dibuja un panorama complejo: por un lado, el Estado acumula pasivos que comprometen el futuro; por el otro, la economía real se contrae, reduciendo la base productiva que debería generar los recursos para afrontar esos compromisos.
Los sectores más golpeados por la recesión
La actividad más afectada, según el reporte, fue la construcción, que pasó de crecer 3,4% anual (2003-2008) a caer 1,3% en 2024. Este sector, tradicionalmente intensivo en mano de obra y con fuertes efectos multiplicadores sobre otras actividades, sufrió una contracción que se refleja en la paralización de obras, la suspensión de trabajadores y el cierre de pequeñas empresas dedicadas a rubros conexos como la provisión de materiales o los servicios de arquitectura e ingeniería.
Detrás aparece la industria manufacturera, otro motor clásico del empleo. De acuerdo con datos del Indec citados en el texto, en diciembre la industria se desplomó 3,9% y encadenó seis meses a la baja, en un contexto marcado por devaluaciones y pérdida del poder de compra.
El agro, el comercio y la pesca mostraron variaciones positivas, pero no alcanzan a compensar la retracción general: históricamente requieren menos empleo y no dinamizan igual el mercado interno.
La paradoja que emerge de estos datos es evidente: mientras el gobierno de Milei aplica una motosierra sobre el gasto público, la deuda sigue creciendo impulsada por mecanismos automáticos de indexación y capitalización de intereses. Al mismo tiempo, la actividad económica se contrae, las empresas cierran y el empleo se destruye, reduciendo la base tributaria que debería alimentar las arcas estatales. Este círculo vicioso plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo de ajuste en un contexto recesivo.
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