Chile cumplió 36 meses consecutivos con desempleo sobre el 8%. El dato más reciente marca 8,9% y el desempleo femenino llegó al 10%. Todavía faltan 318 mil empleos para recuperar la tasa de ocupación previa a la pandemia. El empleo informal crece mientras el formal se estanca: el 28% de las mujeres ocupadas y el 25% de los hombres trabajan sin contrato ni protección social.
Y un dato que concentra tanto injusticia como potencial desaprovechado: el 76% de las mujeres que hoy se dedican al hogar, estudian o están jubiladas, declaran que trabajarían si tuvieran la posibilidad. Ese porcentaje sube a medida que bajan los ingresos del hogar.
Frente a este cuadro, el Plan de Reconstrucción propone como medida emblemática en materia laboral: un crédito tributario equivalente al 15% de la remuneración bruta para trabajadores de salarios bajos —entre 7,8 y 12 UTM—, con un costo de US$ 1.400 millones anuales.
El propio Gobierno ha reconocido que su objetivo principal es proteger el empleo existente, no crear empleo nuevo. Eso plantea preguntas legítimas: ¿están todos esos empleos en peligro? ¿no sería preferible invertir en capacitación de calidad para reducir dicho riesgo?
En la práctica, el crédito tributario es una rebaja adicional del impuesto corporativo para empresas intensivas en mano de obra de baja calificación que son en su mayoría pymes.
Ello podría justificarse debido al importante aumento reciente de costos laborales. Si el objetivo es compensar el encarecimiento de la mano de obra, esto se debiera transparentar para poder evaluar la medida en su mérito, pues como política pro empleo existen alternativas más costo efectivas.
Por ejemplo, con una fracción de esos recursos se podría fortalecer sustancialmente el recientemente creado Subsidio Unificado al Empleo, un instrumento mejor focalizado y con mayor evidencia de impacto en los grupos que más lo necesitan.
Lo que el plan no contiene, y debería, son las reformas estructurales que sí pueden mover la aguja en el mercado laboral. Por esto es muy positivo la reciente creación de una Comisión Técnica que propondrá medidas pro empleo. Al respecto, se requiere reemplazar el sistema de indemnización por años de servicio y una posibilidad es crear una indemnización a todo evento financiada con una cotización mensual del empleador.
Desde Pivotes hemos propuesto un diseño que mantiene la protección del trabajador al término del contrato —cualquiera sea la causal, incluyendo renuncia— mientras reduce el costo del despido que hoy desincentiva la contratación de trabajadores con mayor riesgo percibido: jóvenes, mujeres con hijos, adultos mayores. La Mesa Técnica del Ministerio del Trabajo de 2019, con expertos de todas las tendencias como Eduardo Engel y Andrea Repetto, llegó exactamente a la misma recomendación.
Otra reforma pendiente es la flexibilidad laboral. Chile tiene una de las jornadas más rígidas de la OCDE: obliga a predefinir las horas semanales en el contrato, impide distribuirlas en períodos de referencia superiores a cuatro semanas, y prohíbe en la práctica la polifuncionalidad.
Esas rigideces no protegen a los trabajadores más vulnerables: los excluyen. La tasa de desempleo juvenil del 22%, el doble del promedio OCDE y la informalidad femenina, no son fenómenos aislados del diseño del Código del Trabajo. Jornadas variables, períodos de referencia semestrales o anuales y reconocimiento legal de la polifuncionalidad —propuestas concretas que Pivotes ha desarrollado— permitirían incorporar al mercado formal a cientos de miles de personas que hoy quedan fuera porque el empleo disponible no cabe en el molde rígido que exige la ley.
La delicada situación laboral que enfrenta el país requiere medidas que realmente muevan la aguja: un Código del Trabajo para el siglo XXI y un sistema de indemnizaciones que no castigue la contratación.
La autora de la columna es es directora de Evidencia de Pivotes
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