El Ciudadano
Por Francisco Díaz Herrera
Permítanme comenzar con un número que debería quitarle el sueño a cualquier funcionario público: entre el 30% y el 50% de las tareas que hoy realizan los trabajadores del conocimiento en el sector público —redactar informes, clasificar solicitudes, atender ciudadanos, revisar documentos— podrían ser automatizadas o significativamente asistidas por inteligencia artificial en los próximos 10 a 15 años.
No es ciencia ficción. Lo dice McKinsey. Lo confirman Brynjolfsson y McAfee (2017). Y lo está demostrando la realidad en tiempo real.
Hay algo más perturbador aún: la mayoría de nuestros Estados latinoamericanos no tiene ni la más remota idea de cómo prepararse para esto. Seguimos gestionando el presente con herramientas del pasado, mientras el futuro ya está golpeando la puerta.
Cinco megatendencias convergen simultáneamente sobre nuestros Estados: la revolución de la inteligencia artificial; el cambio climático que ya no es una amenaza del futuro sino una catástrofe del presente; el envejecimiento acelerado de nuestras poblaciones que va a colapsar los sistemas de pensiones y salud tal como los conocemos; la reconfiguración geopolítica que rompe las certezas del orden internacional; y la crisis de legitimidad democrática que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
Ninguna de ellas actúa por separado. Todas se potencian mutuamente.
Cuando la naturaleza también factura
Chile lleva desde 2010 viviendo la megasequía más prolongada en registros de mil años. Mil años. Y nuestra administración pública sigue planificando como si la lluvia fuera a volver la próxima temporada.
El cambio climático no es solo un problema ambiental: es un problema de gobernanza. Los incendios forestales que devoran miles de hectáreas, las marejadas que destruyen caletas, los aluviones que borran infraestructura: todo eso tiene un nombre en la gestión pública. Se llama falla institucional de anticipación.
La Ley Marco de Cambio Climático de 2022 establece la meta de carbono neutralidad al 2050. Bien. Pero la brecha entre el papel y la realidad institucional es abismal. ¿Cuántos municipios tienen cartografía de riesgo climático actualizada? ¿Cuántos ministerios integran sistemáticamente proyecciones climáticas en sus decisiones de inversión? La respuesta, en la mayoría de los casos, es cero.
La bomba de tiempo demográfica
En 2050, el 32% de los chilenos tendrá más de 60 años. Hoy es el 17%. Ese salto, proyectado por el INE (2022), no es una estadística abstracta: es el anuncio de un sistema de pensiones que cruje, de hospitales que no darán abasto, de una demanda de cuidados que recaerá sobre familias —y dentro de ellas, sobre mujeres— que ya no tienen capacidad de absorberla.
El sistema de AFP fue diseñado en los años ochenta para una demografía que ya no existe. Y nadie ha tomado en serio que reformarlo requiere también reformar el aparato estatal que lo administra.
El Estado que viene: dos apuestas para no quedar obsoleto
Frente a este panorama, la ciencia política y la economía pública llevan años discutiendo dos respuestas que merecen ser tomadas en serio por los tomadores de decisiones en la región.
La primera la propone Mariana Mazzucato (2013, 2021), economista italiana que se cansó de escuchar que el Estado debe limitarse a corregir fallas de mercado. Su tesis es contundente: internet, el GPS, las pantallas táctiles, las energías renovables, los primeros fármacos contra el VIH —todas esas innovaciones que hoy privatiza el sector tecnológico— las financió el Estado.
La apuesta de Mazzucato es recuperar ese rol activo: un Estado emprendedor que oriente misiones públicas de largo plazo, que tome riesgos donde el mercado no llega, y que distribuya equitativamente los retornos de la innovación en lugar de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.
La segunda la articulan Bryson, Crosby y Bloomberg (2017): el paradigma del Valor Público Colaborativo, que reconoce algo que la Nueva Gestión Pública ignoró sistemáticamente: los grandes problemas de nuestro tiempo —el cambio climático, la desigualdad, la inseguridad— no los puede resolver ningún actor solo. Ni el Estado, ni el mercado, ni la sociedad civil. Requieren colaboración genuina, co-diseño de políticas, participación real de las comunidades.
El Estado deja de ser el diseñador solitario y jerárquico para convertirse en catalizador y facilitador de procesos colectivos de creación de valor.
Aprender a imaginar el futuro: el verdadero déficit
Finlandia tiene desde 1993 un Comité Parlamentario del Futuro con mandato constitucional. Singapur tiene el Centre for Strategic Futures directamente en la Oficina del Primer Ministro. El Reino Unido tiene el Government Office for Science. Canadá tiene Policy Horizons. En todos estos países, pensar el futuro es una función institucional permanente, con presupuesto, equipos y métodos. No un ejercicio de consultoría que se hace cada 10 años y se archiva.
Chile, en cambio, ha hecho ejercicios sectoriales de prospectiva —Energía 2050, algo en agricultura, algo en ciencia— pero de manera fragmentada, discontinua, sin impacto real en las decisiones de políticas. No tenemos institucionalidad prospectiva transversal permanente. Y eso, en un mundo donde las disrupciones se aceleran, es un lujo que ya no podemos darnos.
Esas preguntas no son académicas. Son preguntas de gestión. Y si nadie en su organización las está haciendo hoy, es porque nadie tiene el mandato ni la metodología para hacerlas. Eso es lo que hay que cambiar.
El tiempo se acaba
No me malinterprete: no estoy diciendo que todo está perdido. Estoy diciendo que queda poco tiempo para elegir entre dos caminos.
El primero: seguir administrando el presente con herramientas del pasado, y esperar que el futuro tenga piedad. El segundo: asumir que la administración pública del siglo XXI requiere capacidades radicalmente diferentes —anticipación estratégica, resiliencia institucional, gobernanza colaborativa, alfabetización en inteligencia artificial— y ponerse a construirlas ahora.
Los robots ya están adentro. La sequía ya llegó. Los adultos mayores ya están siendo pensionados con tasas de reemplazo vergonzosas. La pregunta no es si las megatendencias nos van a afectar. Nos están afectando ahora. La pregunta es si vamos a gestionarlas o simplemente vamos a administrar su colapso.
El Estado que viene, o aprende a imaginar el futuro, o se convierte en un monumento al pasado.
(*) Francisco Jonatan Díaz Herrera es Administrador Público, Licenciado en Gobierno y Gestión Pública, Licenciado en Seguridad y Defensa. Ha complementado su formación con diplomados en: cohesión territorial para el desarrollo, gobernanza, gestión organizaciones públicas y gestión política. Cuenta con más de diez años de experiencia en el sector público, desempeñando funciones de coordinación, análisis técnico y dirección institucional en organismos como la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, el Senado de la República, el Ministerio de Agricultura y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Es autor del libro Procesos de Modernización del Estado: Burocracia, Gestión Pública y la Era de la Inteligencia Artificial (Editorial Eunomía, 2026).
Referencias citadas en esta columna
Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). Machine, platform, crowd. W. W. Norton. | Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2017). Creating public value in practice. CRC Press. | Díaz Herrera, F. J. (2026). Procesos de modernización del Estado. Editorial Eunomía. | INE. (2022). Estimaciones y proyecciones de la población de Chile 1992-2050. | Mazzucato, M. (2021). Mission economy. Allen Lane. | McKinsey Global Institute. (2023). The economic potential of generative AI. | OCDE. (2019). Strategic Foresight for Better Policies. OECD Publishing.
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