Los bloqueos de LaLiga están lejos de terminar. Lo que ha cambiado es que los afectados están hartos

Los bloqueos de LaLiga están lejos de terminar. Lo que ha cambiado es que los afectados están hartos

Desde el pasado mes de febrero, los bloqueos de LaLiga relacionados con las emisiones ilegales de partidos de fútbol han sido uno de los principales temas de conversación. El motivo no es otro que los daños provocados a plataformas sin relación alguna con el fútbol, situación que ha llevado incluso a cuestionar la legalidad de los bloqueos ordenados por LaLiga. En las últimas semanas, la polémica ha saltado al terreno político y desde RootedCON han decidido llevar los bloqueos al Tribunal Constitucional.

Los partidos de LaLiga han terminado, pero las quejas no dejan de llegar. La Asociación de Internautas (AI), junto con la Fundación España Digital (FED) y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), han presentado una reclamación ante el Defensor del Pueblo en la que solicitan la intervención de oficio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia.

La polémica con los bloqueos está dando lugar a nuevas reclamaciones

“Desde hace meses, cada fin de semana y coincidiendo con la retransmisión de los partidos, miles de webs dejan de funcionar en España de manera súbita, impidiendo a los internautas acceder a todo tipo de contenidos y servicios online”, asegura la Asociación de Internautas en el comunicado publicado en su web, en el que destacan que los bloqueos están afectando a plataformas que nada tienen que ver con el mundo del fútbol, como la web de la RAE o Steam.

La Asociación de Internautas afirma que esta forma de luchar contra la piratería es “excéntrica” y se escuda en una orden judicial que “en ningún momento impone el bloqueo de webs o IPs lícitas y ajenas totalmente a los intereses del fútbol”. Las tres asociaciones involucradas en la reclamación consideran que los poderes públicos están permitiendo que se vulneren los artículos 9, 20.1 a), 20.1 d), 20.5, y 38 de la Constitución Española, "provocando daños a terceros sin causa legítima y con el único fin de proteger unos intereses económicos particulares”.

Con este movimiento, las asociaciones esperan que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia tomen cartas en el asunto y pueda ponerse fin a los bloqueos. Las asociaciones sostienen que la situación “sienta un peligroso precedente para futuras intervenciones privadas sobre la red y los derechos digitales de todos los ciudadanos, inadmisible en cualquier Estado de Derecho”.

Imagen de portada | Daniel Norin (Unsplash)

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