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La orden de detención dictada contra Vito Quiles se debe a una querella por la publicación de un “bulo” que involucraba a un supuesto asesor de María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda, según ha confirmado Efe. Un juzgado madrileño decretó la orden este miércoles después de que el comunicador no acudiese a comparecer en esta causa, según han señalado fuentes judiciales a la agencia de noticias.

Agentes de la Policía Nacional acudieron el 1 de julio a las oficinas del medio Estado de Alarma (EDATV), donde trabaja Quiles, para ejecutar la orden de detención dictada por un juzgado de instrucción de Madrid, sin embargo, este no se encontraba en el edificio. En sus redes sociales, el afectado afirmó que la medida cautelar se debía a “una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez” tras su encuentro con la mujer del presidente, Begoña Gómez, y aseguró que no se entregaría “al gobierno de Sánchez”.

Este jueves, sin embargo, se ha revelado que el motivo de la orden es que Vito Quiles ha desatendido dos citaciones ante la jueza que investiga la presunta difusión de un bulo por parte del comunicador. El caso parte de la denuncia de un funcionario del Ministerio de Hacienda, que Vito Quiles presentó en redes sociales como un asesor de la exministra María Jesús Montero. Según la información difundida en su canal, este hombre habría salido de la cárcel gracias a la intervención de la entonces titular de la cartera de Hacienda.

Vito Quiles difundió información “absolutamente falsa” de un funcionario de Hacienda

El querellante, en realidad, trabaja en Hacienda desde hace 41 años, tiempo que ha pasado tanto bajo gobiernos del Partido Popular como del PSOE. El hombre asegura en su demanda que Quiles difundió información “absolutamente falsa”, en la que le señalaba como culpable de una serie de delitos por los que “habría entrado en prisión” y, posteriormente, habría sido puesto en libertad por Montero, que “lo encubrió y contrató” en el ministerio.

Quiles difundió el nombre completo y una fotografía del demandante, lo que “incrementó exponencialmente el daño causado” al provocar “una persecución pública” con cientos de reacciones y comentarios de usuarios de estas redes profiriendo “insultos, vejaciones y amenazas”, según consta en la demanda. El querellante afirma que el daño ocasionado es “constante y continuado en el tiempo”, pues las publicaciones siguen disponibles en internet.