Kinsasa, 9 jun (EFE).- La justicia militar de la República Democrática del Congo (RDC) condenó a pena de muerte a los 54 acusados por el asesinato de dos investigadores de la ONU en 2017, un fallo que revocó las absoluciones y penas menores que habían recibido cinco imputados en la sentencia de primera instancia de 2022, según informaron este martes a EFE fuentes judiciales.
“La Alta Corte Militar dictó sentencia, condenando en primera instancia a los 54 acusados por crímenes de guerra relacionados con el asesinato de dos expertos de las Naciones Unidas”, dijo a EFE el abogado Willy Wanga, quien participó del proceso penal y que precisó que tienen derecho a apelar.
Los acusados tienen 45 días para solicitar la anulación de la sentencia ante la Corte de Casación de la RDC, el máximo órgano judicial del país.
Este tribunal de última instancia se limitará a examinar si los magistrados militares cometieron errores de procedimiento o violaciones constitucionales al dictar la pena capital para dictaminar la anulación total o parcial del veredicto.
Con esta decisión, el tribunal militar reafirmó y amplió las penas del primer veredicto emitido en enero de 2022 en la ciudad de Kananga, capital de la provincia de Kasai Central, región donde se perpetró el asesinato del estadounidense Michael Sharp y de la sueco-chilena Zaida Catalán.
Ambos eran investigadores de la ONU que se habían trasladado a la zona para documentar violaciones masivas de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y la existencia de fosas comunes, una ola de violencia derivada del conflicto armado desatado por el levantamiento de la milicia rebelde Kamuina Nsapu.
En ese dictamen, la justicia condenó a la pena capital a 49 de los 54 procesados -incluidos 22 juzgados in absentia al encontrarse prófugos- y eximió de la pena máxima a cinco personas, una decisión que llegó bajo apelación ante la Alta Corte y que hoy fue revocada al sumarlas al grupo de condenados a muerte.
Entre esos cinco se encuentra el coronel Jean de Dieu Mambweni de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC), quien en 2022 había sido condenado a diez años de prisión por violación de órdenes y “denegación de auxilio”, por haber guiado a los investigadores hacia la emboscada del grupo rebelde.
Los cuerpos sin vida de Sharp y Catalán fueron hallados el 27 de marzo de 2017, dos semanas después de que se perdiera su rastro -junto al de otros cuatro trabajadores congoleños- mientras investigaban violaciones de derechos humanos en esta provincia.
En un principio, el Gobierno congoleño culpó del crimen a la milicia Kamuina Nsapu, que en 2016 se alzó contra las autoridades en Kasái Central para vengar la muerte de su caudillo a manos del Ejército.
Una investigación de la ONU en 2017 concluyó que los dos expertos pudieron ser víctimas de una emboscada al azar de una milicia, pero no descartó una posible implicación de las autoridades.
El juicio por el crimen empezó en 2017 y se vio obstaculizado en múltiples ocasiones por contradicciones, demoras y apelaciones. EFE
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