El Ciudadano
La investigación por presuntas irregularidades en la entrega de licencias de conducir en Collipulli se transformó en una de las causas de mayor impacto institucional registradas en la comuna durante los últimos años.
La formalización realizada en septiembre de 2023 incluyó imputaciones por cohecho, falsificación de instrumento público, soborno y asociación ilícita, además de la solicitud y posterior decretación de prisión preventiva para algunos de los principales involucrados, según consta RUC: 2300060840-8, RIT 52-2023 del Juzgado de Garantías de Collipulli.
Dos años después, sin embargo, la causa concluyó mediante procedimientos abreviados y sin llegar a juicio oral. La revisión de expedientes judiciales, registros municipales, antecedentes societarios, documentación electoral y resoluciones judiciales permite observar la reiterada presencia de un mismo grupo de actores en distintos ámbitos vinculados a la vida institucional de la comuna.
LA CAUSA DE LICENCIAS Y LAS DEFENSAS DE LOS IMPUTADOS
En la causa RIT 52-2023, RUC: 2300060840-8, Luis Toledo Rosales fue representado inicialmente por los abogados Alexis Gómez Valdivia y Manuel Contreras Lagos durante la etapa que culminó mediante procedimiento abreviado.
Según antecedentes revisados, ambos abogados registran domicilio profesional en Antonio Varas 989, piso 17, de Temuco. Asimismo, ambos han ejercido como abogados integrantes de la Corte de Apelaciones de Temuco.
Por su parte, la defensa de la exfuncionaria municipal Bania Inostroza Pinilla fue asumida por el abogado David Araya Parraguez, padre del actual administrador municipal David Araya Fuentealba y, en ese período, asesor legal de la Municipalidad de Collipulli.
LA CONTROVERSIA POR LAS CONCEJALAS QUERELLANTES
Uno de los episodios más controvertidos de la investigación se produjo cuando las concejalas Juliana Bustos, Carolina Valenzuela y Jacqueline Ponce intentaron incorporarse como querellantes.
David Araya Parraguez solicitó dejar sin efecto la admisión de la querella, argumentando que las concejalas carecían de legitimidad activa para actuar en representación del Concejo Municipal y que los intereses municipales ya se encontraban representados mediante una querella de la Municipalidad de Collipulli.
Alexis Gómez Valdivia, actuando en representación de Luis Toledo Rosales, también intervino en actuaciones relacionadas con esa controversia, solicitando lo mismo.
Los antecedentes muestran que las defensas de distintos imputados coincidieron en cuestionar la participación de las concejalas dentro del proceso penal.
EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO
La causa culminó mediante procedimiento abreviado.
En octubre de 2025 se desarrolló la audiencia respectiva, oportunidad en la que el Ministerio Público solicitó formalmente esa salida procesal, los imputados la aceptaron y el tribunal dictó veredicto condenatorio respecto de Maritza Castro Ruiz, Bania Inostroza Pinilla, Luis Toledo Rosales y Camila Galdames Inostroza.
Las condenas comprendieron delitos de cohecho, falsificación de instrumento público, soborno y asociación ilícita.
La utilización de este mecanismo puso término a una investigación que inicialmente había sido presentada por la Fiscalía como una causa de especial gravedad, con imputaciones asociadas a corrupción pública, falsificación de documentos oficiales y asociación ilícita.
El desenlace adquiere interés a la luz de un debate que actualmente también se desarrolla en otras investigaciones de alta connotación pública. El 15 de julio de 2026, durante una audiencia relativa a la situación cautelar del ex fiscal Manuel Guerra, formalizado por delitos de cohecho, violación de secreto y prevaricación, la defensa informó la existencia de un acuerdo con el Ministerio Público destinado a poner término a la causa mediante un procedimiento abreviado.
Durante esa audiencia, el Ministerio Público confirmó la existencia de dicho acuerdo y solicitó modificar la medida cautelar de prisión preventiva que afecta al ex persecutor. El Consejo de Defensa del Estado manifestó igualmente que no se oponía a la posibilidad de una salida abreviada.
La propuesta generó cuestionamientos por parte de algunos querellantes, quienes sostuvieron que una terminación anticipada del proceso podía afectar el esclarecimiento completo de los hechos investigados y de eventuales responsabilidades de terceros.
Aunque, aparentemente, ambos casos corresponden a investigaciones distintas y sin relación procesal entre sí, las discusiones surgidas a propósito del caso Guerra han vuelto a instalar una interrogante que también aparece en la causa de las licencias de conducir de Collipulli: Cuál es el alcance del esclarecimiento judicial que se alcanza cuando investigaciones iniciadas con imputaciones graves, medidas cautelares severas y una importante exposición pública terminan resolviéndose mediante procedimientos abreviados y sin llegar a juicio oral.
En ese contexto, existe una diferencia relevante entre ambos procesos. Mientras en la causa seguida contra el ex fiscal Manuel Guerra el Consejo de Defensa del Estado intervino como querellante y manifestó su posición frente a la eventual salida abreviada, en la investigación por las licencias de conducir de Collipulli dicho organismo no figura entre los intervinientes del proceso. Esta circunstancia agrega un elemento adicional al debate sobre los distintos mecanismos institucionales de control y persecución de hechos asociados a presuntos actos de corrupción pública.
LOS ARAYA Y LA ESTRUCTURA MUNICIPAL
La documentación revisada muestra que David Ignacio Araya Fuentealba es hijo de David Elías Araya Parraguez.
Actualmente figura como Director de Administración Municipal de Collipulli, uno de los cargos de mayor relevancia dentro de la estructura administrativa comunal. En el año 2023 era el asesor jurídico del municipio.
Asimismo, ambos aparecen como socios de David Araya & Cía. Limitada.
De esta forma, el abogado que defendió a dos de las principales imputadas de la causa, -funcionarias públicas-, mantiene vínculos familiares y societarios con uno de los principales directivos de la administración municipal.
CONTRERAS, LOS CONTRATOS MUNICIPALES Y LA DEFENSA DE TOLEDO
En la audiencia de procedimiento abreviado, Manuel Antonio Contreras Lagos compareció como defensor de Luis Alberto Toledo Rosales.
Al mismo tiempo, registros de Transparencia Activa muestran que Contreras se desempeñaba como abogado de apoyo jurídico para la Municipalidad de Collipulli, percibiendo honorarios durante 2025 y manteniendo dichas funciones durante 2026, hasta el día de hoy.
ALEXIS GÓMEZ: DEFENSOR, ACADÉMICO Y MIEMBRO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
Otro nombre que aparece reiteradamente es el de Alexis Salvador Gómez Valdivia.
Documentos judiciales muestran que compareció como defensor particular, junto a su colega Manuel Contreras Lagos, de Luis Toledo Rosales en la causa por licencias de conducir RIT 52-2023.
Posteriormente compareció como defensor particular del alcalde Manuel Jesús Macaya Ramírez en una causa por desacato tramitada ante el Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli.
Según información institucional de la Universidad Mayor, Gómez figura además como director de la carrera de Derecho en la sede Temuco. Paralelamente, la nómina oficial del Tribunal Electoral Regional de La Araucanía para el período 2023-2027 lo identifica como Primer Miembro Suplente de dicho organismo.
La concurrencia de estas funciones ha generado interrogantes respecto de los distintos roles que pueden desempeñar los abogados en causas vinculadas a una misma esfera institucional. En particular, surge el debate sobre el alcance de las normas de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés cuando un profesional interviene en procedimientos relacionados con una misma administración municipal y durante períodos temporalmente coincidentes.
Los antecedentes revisados no permiten concluir la existencia de infracciones legales o éticas. Sin embargo, muestran cómo un mismo profesional aparece vinculado, en distintos momentos, tanto a actuaciones relacionadas con imputados de la causa por licencias de conducir como a la defensa particular del alcalde de Collipulli, mientras además ejerce funciones académicas y mantiene vinculación con un organismo de justicia electoral.
Asimismo, los antecedentes examinados muestran que Gómez intervino en actuaciones vinculadas a la defensa de Luis Toledo Rosales en la causa por licencias de conducir y en el mismo periodo de tiempo, asumió la representación judicial del alcalde Manuel Macaya Ramírez. Esta situación abre una interrogante de interés público respecto de los límites y alcances de la representación profesional cuando distintos actores de una misma controversia institucional aparecen vinculados a un mismo entorno jurídico, cuestión cuya evaluación corresponde, en definitiva, a los órganos competentes y a las normas que regulan el ejercicio de la profesión.
UNA OFICINA, DOS ABOGADOS INTEGRANTES
Los antecedentes revisados muestran además que Alexis Gómez Valdivia y Manuel Contreras Lagos registran domicilio profesional en Antonio Varas N.º 989, piso 17, de Temuco.
La coincidencia adquiere relevancia considerando que ambos participaron en actuaciones vinculadas a la causa de licencias de conducir y ambos ejercieron funciones como abogados integrantes de la Corte de Apelaciones de Temuco.
DEL CASO LICENCIAS AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Mientras la causa penal avanzaba hacia una salida abreviada, el requerimiento seguido contra el alcalde Manuel Macaya Ramírez continuó su recorrido por la justicia electoral y posteriormente llegó al Tribunal Constitucional.
El 5 de marzo de 2026, el Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento de inaplicabilidad presentado por el jefe comunal y resolvió mantener la suspensión previamente decretada en la gestión judicial sobre la que incidía la acción constitucional. Desde entonces, el procedimiento principal permaneció suspendido mientras la magistratura constitucional analizaba el caso.
Posteriormente, la causa fue incorporada a la tabla del Pleno del Tribunal Constitucional para el 21 de julio de 2026 bajo el Rol N.º 17.256-26-INA.
Sin embargo, el día anterior a la audiencia, el abogado Fernando René Cartes Sepúlveda, actuando en representación del alcalde, solicitó suspender la vista, argumentando dificultades derivadas de las condiciones climáticas que afectaban a La Araucanía, entre ellas cortes de energía, interrupciones de rutas, anegamientos y problemas operativos en el aeropuerto regional.
Por su parte, la contraparte solicitó alternativas que permitieran mantener la realización de los alegatos y continuar la tramitación del procedimiento, como es la alegación por zoom y así permitir que las instituciones funcionen regularmente.
Otro antecedente que surge de la revisión documental es que la integración oficial de la Corte de Apelaciones de Temuco correspondiente a esa misma semana registra al abogado integrante identificado como «Sr. Cartes» integrando la Primera Sala del tribunal de alzada el martes 21 de julio de 2026, fecha fijada para la vista del requerimiento constitucional.
PARALELAMENTE, LA CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA se abstuvo de pronunciarse sobre denuncias vinculadas a estos antecedentes, argumentando que se trataba de materias sometidas al conocimiento de órganos jurisdiccionales.
UNA HISTORIA QUE DEJA PREGUNTAS ABIERTAS
Los antecedentes revisados no permiten afirmar que el alcalde Manuel Macaya Ramírez haya sido favorecido o protegido por actuaciones irregulares. Tampoco permiten concluir responsabilidades distintas de aquellas establecidas por los tribunales.
Sin embargo, sí muestran que una investigación que comenzó con prisión preventiva e imputaciones por cohecho, falsificación de instrumento público, soborno y asociación ilícita terminó mediante procedimientos abreviados y sin juicio oral.
También muestran que las concejalas que intentaron intervenir como querellantes enfrentaron una intensa controversia procesal; que abogados vinculados a la defensa de imputados mantenían simultáneamente relaciones profesionales con la administración municipal; que algunos de esos mismos actores reaparecen posteriormente representando al alcalde; que otros ejercen funciones en universidades, tribunales electorales y cortes de justicia; y que el requerimiento constitucional promovido por el jefe comunal mantuvo suspendida la gestión judicial sobre la que incidía mientras era conocido por el Tribunal Constitucional.
Más que una conclusión definitiva, los antecedentes reflejan la reiterada presencia de determinados actores en espacios jurídicos, académicos, municipales, judiciales y electorales vinculados a la comuna, planteando interrogantes sobre transparencia, rendición de cuentas y confianza ciudadana en instituciones llamadas a resolver asuntos de evidente interés público.
La discusión de fondo trasciende a los nombres propios. Se relaciona con la capacidad de las instituciones para garantizar independencia, transparencia y control en causas que involucran hechos de presunta corrupción pública. Cuando los mismos actores reaparecen en distintos niveles de la estructura institucional y procesos de alta relevancia local concluyen lejos de un juicio oral, la demanda por explicaciones y escrutinio público se vuelve inevitable.
Más que entregar respuestas definitivas, los antecedentes reunidos permiten identificar una red de relaciones profesionales, institucionales y familiares que converge en distintos momentos de la vida pública de Collipulli, dejando abiertas interrogantes que continúan siendo materia de interés ciudadano
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