La reforma de Kast y el futuro de Chile

El Ciudadano

Por Gonzalo Morales

La reforma económica impulsada por el gobierno de José Antonio Kast suele presentarse como un conjunto de medidas destinadas a recuperar el crecimiento. La fórmula parece conocida: bajar impuestos, reducir regulaciones, acelerar permisos ambientales, flexibilizar el mercado laboral y facilitar la inversión. El argumento es sencillo: si las empresas enfrentan menos costos, invertirán más; si invierten más, crecerá la economía; y si la economía crece, todos viviremos mejor.

Es un razonamiento que parece de sentido común. Precisamente por eso conviene hacerse una pregunta que rara vez ocupa el centro del debate público: ¿qué problema busca resolver realmente esta reforma y qué intereses sociales expresa?

No es necesario atribuir malas intenciones ni convertir la discusión económica en un juicio moral para analizar sus efectos. Chile lleva más de una década con un crecimiento más lento, la productividad avanza con dificultad, la inversión privada ha perdido dinamismo y el desempleo, la informalidad y la precarización laboral siguen afectando a cientos de miles de personas. Es razonable que cualquier gobierno busque respuestas. La verdadera cuestión es otra: ¿qué tipo de respuesta se está ofreciendo y quiénes obtienen sus principales beneficios?

Para responder esa pregunta es necesario mirar la estructura de la economía chilena y no solo las medidas aisladas. Chile no es un país pobre ni una economía fracasada. Es una economía profundamente integrada al mercado mundial, con sectores altamente competitivos como la minería, la agroindustria, la industria forestal, la pesca y los servicios financieros. Sin embargo, buena parte de su crecimiento continúa dependiendo de la extracción de recursos naturales y de actividades con relativamente poco valor agregado. Mientras otras economías concentran investigación científica, desarrollo tecnológico, patentes e industrias de alta complejidad, Chile sigue especializándose principalmente en exportar materias primas y productos semielaborados.

Ese patrón productivo no apareció por accidente. Es el resultado de décadas de decisiones empresariales, políticas públicas, condiciones geográficas e inserción internacional. Pero también tiene límites. Cuando una economía depende fuertemente de actividades extractivas y la productividad deja de crecer con fuerza, resulta más difícil aumentar la rentabilidad mediante innovación, sofisticación tecnológica o diversificación productiva.

En ese contexto, el debate público suele reducirse a una pregunta aparentemente técnica: ¿cómo incentivar más inversión? Sin embargo, esa formulación deja intactas cuestiones mucho más profundas. No se discute quién controla los principales recursos estratégicos del país; quién decide hacia dónde se orienta la inversión; quién se apropia de la renta generada por el cobre, el litio, los bosques o el sistema financiero; quién controla el crédito; quién administra el ahorro previsional de millones de trabajadores; ni bajo qué criterios se organiza el conocimiento científico financiado con recursos públicos. Todos esos elementos aparecen como datos naturales del funcionamiento económico, cuando en realidad constituyen decisiones históricas y políticas que estructuran la distribución del poder económico.

Vista desde esa perspectiva, la rebaja de impuestos, la flexibilización laboral y la reducción de regulaciones dejan de ser simples instrumentos para estimular la inversión. Forman parte de una estrategia orientada a fortalecer las condiciones de acumulación del capital en una economía cuyo crecimiento enfrenta límites estructurales. Si la rentabilidad disminuye, reducir costos puede incentivar nuevas inversiones. El problema es que los costos nunca desaparecen: simplemente cambian de lugar. Si el Estado recauda menos impuestos, dispone de menos recursos para financiar bienes públicos o deberá buscar nuevas fuentes de ingresos. Si el empleo se vuelve más flexible, una parte creciente de la incertidumbre económica deja de ser asumida por las empresas y pasa a recaer sobre quienes viven de su trabajo. Si se reducen controles ambientales o sociales para acelerar proyectos, parte de esos riesgos termina siendo soportada por los territorios donde esas inversiones se desarrollan.

La pregunta, entonces, ya no es si la inversión es necesaria. Lo es. La cuestión es quién asume los costos del crecimiento y quién captura sus beneficios.

Aquí aparece una dimensión que suele quedar fuera del debate. La riqueza nunca la produce un empresario aislado, del mismo modo que tampoco la produce un trabajador aislado. La produce una sociedad entera: trabajadores, profesionales, científicos, profesores, infraestructura pública, universidades, carreteras, puertos, recursos naturales e instituciones construidas durante generaciones. La producción es profundamente social. Sin embargo, las decisiones sobre esa riqueza permanecen altamente concentradas. Un número reducido de grandes grupos económicos, instituciones financieras y corporaciones decide buena parte de las inversiones estratégicas, mientras la mayoría participa principalmente como fuerza de trabajo, consumidora o deudora.

Esa es una de las contradicciones fundamentales del capitalismo contemporáneo: la producción depende de una cooperación social cada vez mayor, mientras las decisiones sobre la inversión, el crédito y la apropiación del excedente permanecen concentradas.

Chile ofrece ejemplos claros. Las cotizaciones previsionales de millones de trabajadores constituyen una gigantesca masa de ahorro administrada por entidades privadas que invierten esos recursos según criterios de rentabilidad financiera. La educación superior forma profesionales gracias al esfuerzo de las familias, al trabajo docente y a importantes recursos públicos, pero muchos terminan enfrentando empleos precarios y altos niveles de endeudamiento. La investigación científica depende en gran medida de financiamiento estatal, mientras parte de sus beneficios termina siendo apropiada por empresas privadas capaces de transformar ese conocimiento en rentabilidad. La paradoja es evidente: la sociedad produce capacidades colectivas que luego aparecen organizadas mediante mecanismos sobre los cuales esa misma sociedad tiene escasa capacidad de decisión.

Por eso resulta insuficiente presentar esta discusión como una elección entre «más Estado» o «más mercado». El Estado nunca desaparece. Construye infraestructura, protege la propiedad, regula contratos, financia educación, sostiene el sistema financiero cuando hay crisis y establece las reglas dentro de las cuales funcionan los mercados. La cuestión no es cuánto interviene, sino a favor de qué proyecto de desarrollo orienta esa intervención y qué intereses termina fortaleciendo.

…mientras el país aumentó sus exportaciones y consolidó importantes grupos empresariales, también crecieron el endeudamiento de los hogares, la precariedad de amplios sectores laborales y la dependencia de servicios básicos organizados como mercados.

Las reformas actualmente en discusión expresan una respuesta concreta a ese dilema. Buscan fortalecer las condiciones para la acumulación privada con la expectativa de que ese dinamismo termine beneficiando al conjunto de la sociedad. La pregunta es si la experiencia chilena de las últimas décadas confirma realmente esa promesa.

Porque mientras el país aumentó sus exportaciones y consolidó importantes grupos empresariales, también crecieron el endeudamiento de los hogares, la precariedad de amplios sectores laborales y la dependencia de servicios básicos organizados como mercados. El crecimiento económico convivió con una persistente sensación de inseguridad social.

Comprender esta realidad exige abandonar las caricaturas. No se trata de afirmar que toda empresa actúa contra el interés del país ni que toda regulación favorece automáticamente a las mayorías. Se trata de preguntarse quién decide sobre el producto social que millones de personas generan diariamente con su trabajo, su conocimiento, sus recursos naturales y su cooperación. El producto social no es solo el PIB o la riqueza monetaria; es el conjunto de bienes, capacidades, conocimientos, infraestructura y recursos que una sociedad produce colectivamente y cuya orientación determina las posibilidades de desarrollo de las generaciones presentes y futuras.

Por eso la tarea no consiste únicamente en apoyar o rechazar una reforma específica. Consiste en comprender las relaciones económicas que organizan nuestra sociedad para poder intervenir democráticamente sobre ellas. Mientras la mayoría de los chilenos participe únicamente como fuerza de trabajo, consumidora o deudora, pero permanezca al margen de las decisiones sobre la inversión, el crédito, los recursos estratégicos y el destino del excedente que ella misma produce, las reformas seguirán respondiendo prioritariamente a quienes concentran el poder económico.

Comprender esta realidad no garantiza transformarla. Pero constituye el primer paso para que trabajadores, profesionales, pequeños productores, estudiantes, pensionados y todos quienes viven principalmente de su trabajo puedan reconocerse en un interés común y organizarse democráticamente para disputar el rumbo del desarrollo del país. Porque cuando una sociedad decide quién controla la riqueza que ella misma produce, no está discutiendo solamente una política económica. Está decidiendo su futuro.

Por Gonzalo Morales

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