Los actores políticos vuelven a confirmar que siguen siendo parte del problema y no de la solución, como viene ocurriendo hace más de una década, cuando el país se dejó seducir por el imperativo de los cambios refundacionales. El corolario de ese empeño fue el estallido social, la violencia política como motor legítimo de dichas transformaciones. Y el resultado de esa complicidad entre ciudadanía, movimiento social y sistema político está hoy a la vista: dos procesos constituyentes fallidos, un deterioro estructural de la educación pública, una economía que dejó de crecer y que en los últimos diez años exhibe un PIB per cápita de 0,8% promedio.
En síntesis, la política impuso diagnósticos equivocados y, por tanto, malas soluciones a los problemas. Los ciudadanos caímos bajo el encanto de la demagogia y el populismo; la gente estuvo dispuesta a creer en una fantasía que no ha tenido éxito en ninguna parte: se puede gastar más de lo que se genera; éramos ya tan prósperos como para olvidarnos de la importancia del crecimiento y poner todos los esfuerzos en la redistribución.
Ahora estamos frente a un nuevo gobierno, como era de esperar, en las antípodas del anterior. La gente salta de una opción a otra con total inocencia, sin hacerse responsable de nada. Las autoridades recién asumidas presentan un mega proyecto de “reconstrucción nacional”, con más de 40 medidas destinadas a incentivar la inversión y a controlar el déficit fiscal. Un esfuerzo que, desde el inicio, ha recibido un rechazo categórico de las fuerzas políticas que fueron parte de la administración anterior, amenazando algunas incluso con un “tsunami” de miles de indicaciones, en un intento por trabar e impedir la tramitación legislativa. Sí, los mismos que durante el segundo gobierno de Bachelet impulsaron la reforma tributaria, los cambios educacionales y del sistema electoral que han estado en el centro de nuestro largo ciclo de deterioro.
Lamentablemente, el actual Ejecutivo no se queda atrás: pretende sacar un proyecto de esta envergadura con suma urgencia, en un trámite exprés; no se esfuerza por generar las condiciones para un acuerdo transversal, sino que prefiere comprar votos de un partido populista que es la más fiel expresión del desvarío que hoy socava nuestro sistema político. Esta semana el FMI, el CFA y JP Morgan coincidieron en valorar aspectos del proyecto, pero también en el riesgo de que la caída en la recaudación tributaria no pueda ser compensada por las futuras tasas de crecimiento y la reducción del gasto público. ¿Estará dispuesto el gobierno a acoger con seriedad algunas de estas observaciones y abrirse a discutir fórmulas para aminorar esos riesgos?
Por Max Colodro, filósofo y analista político
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