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Muchos celebraron la captura de Maduro. Y con razón. La narcodictadura venezolana se ha extendido ya por un cuarto de siglo, destruyendo (y robando) todo cuanto ha estado a su alcance: la democracia, la economía, las empresas, el petróleo y, lo más importante, las vidas y sueños de millones de venezolanos.

El legado de la revolución bolivariana es una ruina: la diáspora supera los ocho millones de personas, el tamaño de su economía se ha reducido un 70% desde su máximo en 2012, el ingreso per cápita ha caído un 65%, la producción de petróleo se ha desplomado, la criminalidad se ha disparado y la pobreza alcanza al 86% de la población. Una tragedia por donde se le mire.

Es cierto que la operación norteamericana en Caracas significa una seria abolladura al derecho internacional. Sin embargo, ¿cuál sería la alternativa? ¿Seguir esperando un milagro? ¿Apostar por el desgaste del chavismo? ¿Iniciar una nueva negociación? No hacer nada, o confiar en una hipotética intervención de la ONU –algo imposible dadas las reglas que la rigen–, solo aseguraba una cosa: el statu quo. O, lo que es peor, emular a Cuba, que ya lleva 67 años soportando una tiranía comunista. Tener preso a un dictador sanguinario como Maduro es un acto mínimo de justicia y abre una luz de esperanza para el sufrido pueblo venezolano.

Lo anterior en ningún caso significa estar de acuerdo con la agenda que ha venido impulsando Donald Trump. Todo lo contrario. A poco de asumir impuso un alza unilateral de aranceles que echó abajo décadas de integración comercial a nivel global. Con el paso de los meses no solo se enfrentó con sus vecinos (a México lo ha amenazado con acciones militares dentro de su territorio y a Canadá le ofreció anexarlo como un nuevo estado). También ha señalado que se va a quedar con Groenlandia (“por las buenas o por las malas”), tensionando la relación con sus aliados europeos de la OTAN. Ahora último, ha menospreciado gratuitamente a la oposición democrática venezolana y pareciera preferir un entendimiento con la cúpula chavista, que es tan criminal como Maduro. Y así la lista es larga. “Este es nuestro hemisferio”, señaló en sus redes sociales el Departamento de Estado, dejando en claro los propósitos de la nueva “Doctrina Donroe”.

Ni hablar de las amenazas veladas a la Corte Suprema ante los fallos que se avecinan, o de la investigación criminal en contra del presidente de la FED. Lo mismo con los jueces que han bloqueado las órdenes ejecutivas del mandatario, o con el recorte de fondos a instituciones que no son de su agrado y, en general, el hostigamiento a la prensa, a las universidades y a cuanto adversario real o imaginario se le cruce en el camino.

Pero lo más complejo son sus últimas declaraciones, en las que señala que el único límite que reconoce es su propia moralidad. Es decir, todo vale. O más bien, nada vale.

Reconocer un hecho positivo (la caída de Maduro) no puede llevarnos a hacer caso omiso de aquello que colisiona con las reglas democráticas más fundamentales. La gran diferencia entre el periodo de posguerra y el que lo antecedió, el más brutal de la historia, es precisamente el respeto por las reglas del juego y el orden institucional. Tanto a nivel interno (el Estado de Derecho) como externo (el derecho internacional).

Es tremendamente delicado que esto se ponga en duda. Especialmente para un país pequeño e integrado globalmente como Chile. La rueda de la fortuna nunca se detiene. Hoy gobierna un presidente republicano en EE.UU., pero mañana puede ser uno marxista. O fascista. Y si aquello ocurre, y las instituciones se encuentran debilitadas, que Dios nos pille confesados.

Como lo previeron los padres fundadores de Norteamérica, que el poder político cuente con contrapesos que funcionen es la única garantía de que el orden democrático no devenga en tiranía.

Por Gonzalo Blumel, Horizontal