El Ciudadano
Vía Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA
Mientras las comunidades de la región de Atacama defienden la Bahía Chascos y su ecosistema, nuevos antecedentes refuerzan las dudas sobre el megaproyecto portuario Copiaport-E, cuya propiedad formal recae en St Matthew Assurance Ltd (SMA), una aseguradora que primero se constituyó bajo las leyes de la Nación Modoc en Estados Unidos y que en 2023 se trasladó sospechosamente a la Chiricahua Apache Mimbres Band Nation (CAMB).
Estos y otros hallazgos aparecen consignados en un reciente informe emitido por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA.
Allí, se señala que los propios operadores han señalado como ventaja el hecho de ampararse en legislaciones tribales (pueblos indígenas). Según su argumentación, esto les permitiría beneficiarse de protecciones frente a estándares internacionales que regulan la información financiera para prevenir delitos, como el promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la normativa estadounidense FATCA.
Sin embargo, este diseño abre interrogantes sobre un eventual uso instrumental de soberanías indígenas para eludir controles contra la evasión fiscal.
Además, la Nación Modoc ha estado involucrada en causas judiciales vinculadas al llamado “arriendo de tribus”. En el caso “United States of America v. Scott Tucker and Timothy Muir”, la justicia acreditó un esquema de préstamos usureros que generó más de 2 mil millones de dólares en ingresos mediante cobros ilegales a millones de personas.
Posteriormente, SMA fue trasladada a la CAMB, como se indicó anteriormente. No obstante, esta entidad no figura en el registro federal de tribus reconocidas por la Oficina de Asuntos Indígenas de Estados Unidos, ni registra tampoco un Número de Identificación del Empleador (EIN) ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), requisito habitual para operar formalmente en ese país.
A su vez, la estructura empresarial de Copiaport-E se articula con sociedades radicadas en Barbados, Bahamas e Islas Vírgenes Británicas. El proyecto es promovido por ejecutivos vinculados al Cotswold Group of Companies, conglomerado que ha transitado por distintas jurisdicciones de baja tributación. Algunos de sus representantes aparecen mencionados en los Panama Papers, reforzando la preocupación por el uso de paraísos fiscales.
Pero hay más. El empresario brasileño Eike Batista, impulsor de Copiaport-e, fue condenado en Brasil por corrupción y lavado de activos.
Batista y sus asociados han operado durante décadas mediante compañías offshore, y actualmente mantienen en Chile más de una docena de sociedades vinculadas a Copiaport-E. Varias de estas empresas aparecen interrelacionadas en informes del Servicio de Impuestos Internos (SII), incluso algunas no han declarado inicio de actividades pese a registrar actos comerciales y transformaciones ante notaría y en el Diario Oficial.
Asimismo, al menos dos sociedades del grupo obtuvieron derechos de agua en salares de Atacama en años anteriores.
De este modo, la superposición de empresas en Chile y en jurisdicciones extranjeras, el traslado de la aseguradora entre estructuras tribales y la falta de claridad tributaria configuran un entramado difícil de fiscalizar. Todo ello complejiza la identificación de la propiedad efectiva y de los intereses que controlan el megaproyecto.
“No solo se trata de un proyecto portuario de gran escala, también vemos que existen relaciones de sociedades empresariales cuestionadas, las cuales buscan aprovechar vacíos regulatorios donde operan”, advierte Lucio Cuenca, director de OLCA.
El defensor ambientalista recordó en ese sentido que “cuando una iniciativa que amenaza ecosistemas únicos se sostiene en paraísos fiscales y estructuras opacas, la alerta debe ser máxima. Chile tampoco puede permitir que su territorio sea plataforma de negocios que buscan esquivar estándares internacionales”.
En consecuencia, las dudas sobre Copiaport-E no se limitan al ámbito financiero. También interpelan a las autoridades que han permitido su avance sin despejar completamente estas interrogantes.
Por lo anterior, el informe del OLCA cobra relevancia y sus hallazgos tienen especial gravedad frente a los impactos proyectados sobre los ecosistemas marinos y terrestres de la región de Atacama y particularmente, sobre Bahía Chascos, uno de los territorios de mayor valor ecológico del norte del país.
Lee el informe completo de OLCA acá
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