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El nuevo gobierno promete enfrentar tres emergencias; el debate público insiste en discutir solo dos. No es casualidad: la victimización está en su máximo de la década, el 87,7% percibe más delincuencia y crecer al 2% equivale a estancarse. La trampa es creer que las prioridades en juego compiten entre sí, cuando en realidad se sostienen unas a otras. Según la Encuesta CEP, la seguridad aparece como la principal prioridad, seguida estrechamente por lo social, que duplica a lo económico. Pero esta jerarquía no implica una disyuntiva: la economía y lo social se cruzan en el empleo. Sin crecimiento no hay empleo ni autonomía —la mejor política social—, pero hoy el mercado laboral excluye a 2,5 millones de informales y a un 8% de desempleados, con brechas de género persistentes.

Miremos la emergencia social, sin anestesia.

Educación (Ahí parte todo)

La emergencia educativa en Chile es, ante todo, de aprendizajes. El rezago es temprano y persistente: seis de cada diez niños en 2° básico no comprenden lo que leen y, a los 15 años, más del 60% no logra interpretar textos. El contraste es elocuente: notas altas conviven con aprendizajes bajos, señal de exigencia distorsionada. Pese a una década de reformas, la prueba PISA confirma quince años sin mejoras. A ello se suma el ausentismo, que hace imposible aprender. En educación inicial, la cobertura se estancó en 75%, diez puntos bajo la Ocde. El déficit docente no es solo de stock, sino de flujo: 23 mil profesores han abandonado las aulas y las postulaciones caen. Cada talento que se pierde deja de impactar a cerca de 8 mil estudiantes. Esta emergencia se juega en la sala de clases, sin interrupciones ni burocracia.

Pobreza

La Casen 2024 muestra avances frágiles, sustentados en subsidios. El principal desafío es reordenar prioridades hacia la niñez, donde la pobreza sigue rezagada (22% de los hogares con niños son pobres) y donde el impacto intergeneracional de una mejor focalización es mayor. Incluso a nivel internacional, la política social chilena es intensiva en pensiones, por lo que seguir eludiendo su rediseño resulta éticamente insostenible. La focalización no puede seguir siendo un tabú cuando se trata de proteger a quienes más lo necesitan.

Ciudad

La emergencia habitacional se juega hoy en la ciudad. El déficit cayó desde comienzos de los 2000, pero cuatro quintos del avance ocurrieron antes de 2017; desde entonces, la producción se frenó mientras la demanda creció, con soluciones más caras y gran parte del presupuesto del Minvu ya comprometido. Desde 2010, los precios de la vivienda subieron cerca de 110% y los salarios apenas 34%, dejando a miles de hogares excluidos. El resultado es visible: más de 120 mil familias viven en campamentos, aumenta el hacinamiento y los barrios se degradan; en casi uno de cada cinco se reportan balaceras. Los megaincendios reponen la urgencia: Valparaíso ya mostró el camino que no hay que repetir. Aquí el problema no es de diagnóstico, sino de ejecución: permisos lentos, gestión fragmentada y un Estado convertido en fábrica de espera. Sin destrabar estos cuellos de botella, esta emergencia seguirá reproduciéndose.

Salud

El problema no es de recursos, sino de gestión: Chile gasta 10,5% del PIB, más que la Ocde (9,1%), pero rinde menos. Los pabellones operan al 53%, Fonasa actúa como caja pagadora y las listas de espera persisten. Además, el 34% del gasto sale del bolsillo de las familias; un tercio es para medicamentos. No sorprende, entonces, que Chile esté entre los países con menor satisfacción respecto de la calidad y disponibilidad de los servicios de salud. Se requiere una reforma, pero antes que el sistema funcione; si no, más recursos no moverán la aguja y el problema escalará con la demografía.

La trampa de lo urgente es elegir entre frentes que se sostienen entre sí. Sin seguridad no hay libertad; sin crecimiento, bienestar y sin igualdad de oportunidades, no hay estabilidad. Avanzar exigirá cooperación política y capacidad de gestión. Ese será el verdadero test del próximo ciclo.

*El autor de la columna es coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP).