El Ciudadano
La Comunidad Grupos Familiares Nómades del Mar, respondió a través de una réplica al reportaje de Televisión Nacional de Chile (TVN) sobre financiamiento extranjero, acusando un “relato construido” que omite vínculos clave entre capital noruego y la industria salmonera. La columna cuestiona el enfoque del reportaje y llama a revisar quién financia realmente la actividad en el maritorio.
En su réplica, la organización indígena también pone en tela de juicio las críticas a la Ley Lafkenche, defendiendo su rol en el reconocimiento de derechos ancestrales. Además, advierte sobre un contexto político que —afirman— busca instalar condiciones para debilitar la normativa y favorecer la expansión industrial en zonas costeras.
Ver a continuación, la publicación completa de la Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar
El pasado fin de semana, TVN emitió un reportaje titulado «Chile, Noruega y el salmón: cooperación en superficie, guerra bajo el agua». En él se revela que una ONG noruega habría financiado a comunidades indígenas con más de 500 millones de pesos para impulsar reclamaciones territoriales bajo la Ley Lafkenche, en zonas donde opera la industria salmonera. La cadena de reacciones fue inmediata: parlamentarios calificaron la situación de «gravísima», el senador Calisto pidió urgencia a un proyecto para transparentar el financiamiento de las ONG, y figuras como Johannes Kaiser llegaron a exigir directamente la derogación de la ley. El relato estaba construido y sólo faltaba que se cayera por su propio peso.
El reportaje instala una pregunta que pretende sonar incómoda: ¿es Noruega, competidora directa de Chile en el mercado del salmón, la que financia a las comunidades que se oponen a la industria? Es una pregunta legítima, que merece una respuesta también legítima. Pero antes de responderla, vale formular la que el reportaje no se hizo: ¿cuánto capital noruego sostiene, financia y controla la propia industria salmonera que opera en los fiordos patagónicos?
Los datos son públicos. Según un informe interno de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, reportado por Interferencia, Mowi —empresa noruega— es la firma con más concesiones salmoneras hipotecadas en Chile, con 145. El principal beneficiario de esas hipotecas es el DNB Bank, cuyo accionista mayoritario, con un 34%, es el Ministerio de Comercio e Industria del gobierno noruego. Ese mismo banco estatal noruego es, además, uno de los principales accionistas de Salmones Camanchaca. Dicho de otra manera: el Estado noruego tiene más territorio hipotecado en los canales patagónicos que cualquier comunidad indígena ha solicitado jamás bajo la Ley Lafkenche.
La transparencia que el senador Calisto le exige a las ONG que asesoran a comunidades para ejercer derechos legales debería aplicarse también, con la misma urgencia, a los vínculos financieros entre la banca estatal noruega y la industria que opera en nuestro mar.
El reportaje de TVN fue emitido pocas semanas después de que el gobierno de José Antonio Kast asumiera el poder. Antes de llegar a La Moneda, Kast visitó Puerto Montt y declaró que la Ley Lafkenche «impide el desarrollo portuario, el desarrollo de astilleros, el desarrollo de industrias salmoneras». También anunció su adhesión al Plan Salmón 2050. El propio reportaje, en su versión escrita, señala explícitamente que Chile está «trabado en términos regulatorios», situación que «cambiaría bajo el Gobierno de José Antonio Kast». Un canal de televisión pública, en un reportaje sobre política indígena y borde costero, adelanta que el nuevo gobierno resolverá el problema. Eso no es periodismo: es programa de gobierno disfrazado de investigación.
Se habla de 500 millones de pesos como si la cifra sola fuera una condena. Pero ni el reportaje ni los medios que lo replicaron aportaron documentos de rendición, destino específico de los fondos, ni contratos que acrediten que ese dinero fue utilizado para «frenar» la salmonicultura. Se nombra a la ONG Norwegian People’s Aid como canal del financiamiento, sin que ninguna voz de esa organización ni de las comunidades haya sido incorporada para responder. En periodismo, eso no es una revelación: es una acusación.
Ciper publicó en febrero de este año un análisis que es indispensable tener presente: desde que entró en vigencia la Ley Lafkenche en 2008, se han aprobado 43 ECMPO con más de 306.000 hectáreas. En ese mismo período, la industria salmonera no paró de crecer. Una solicitud de transparencia revela, además, que no existe ni una sola denuncia formal por abusos en la aplicación de la ley. Lo que se llama «abuso» no tiene evidencia; lo que se llama «bloqueo» convive con una industria que en 2025 exportó más de 6.400 millones de dólares.
La campaña no busca transparencia. Busca construir el relato necesario para derogar una ley que reconoce derechos territoriales ancestrales, en un momento político en que el gobierno es abiertamente favorable a la expansión industrial en el borde costero.
Para nuestra comunidad kawésqar, no es necesario que Noruega nos explique quiénes somos ni qué mar defendemos. Llevamos más de 7.000 años en estos canales, en los Kajef con los fuegos encendidos al centro, en las rutas, los relatos y los nombres que los antiguos enseñaron a los niños y jóvenes mientras navegaban y navegan entre el Golfo de Penas y el Estrecho de Magallanes. Esa memoria no llegó en un cheque: se heredó.
Reducir la defensa ancestral del Chams waes o maritorio a una operación de inteligencia comercial de un competidor extranjero no es un argumento periodístico. Es el argumento más desesperado que puede construir una industria que sabe que el tiempo, los hechos y la ciencia juegan en su contra. Frente al lobby y la desinformación, navegamos con la verdad por delante.
Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar
La entrada “La transparencia que le debemos al mar (y no a la industria)”: Réplica de Comunidad Kawésqar a TVN por “Ley Lafkenche” se publicó primero en El Ciudadano.
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