El Ciudadano
La transparencia tiene precio en Perú, ya que el candidato a la Presidencia de la izquierda, Roberto Sánchez, deberá recaudar casi 1 millón de dólares para poder solicitar formalmente la impugnación de 2.400 mesas de votación que, según denuncias y análisis de patrones, presentan resultados desmesuradamente favorables a su rival de ultraderecha, Keiko Fujimori.
La legislación peruana establece un arancel de 1.337 soles por cada mesa que una agrupación quiera impugnar y esa cifra equivale a unos 393 dólares, multiplicada por las 2.400 mesas que el partido de Sánchez, Juntos por el Perú, identifica como sospechosas, el total se dispara a más de 943.000 dólares . El sistema convierte así un acto de fiscalización democrática en un privilegio al alcance solo de quienes disponen de un caudal financiero importante.
Alfredo Serrano Mancilla, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), planteó que en una «democracia tan mercantilizada como la peruana, solicitar la impugnación de actas tiene precio».
El economista y asesor político sintetizó la paradoja con una frase lapidaria: “El coste de exigir transparencia democrática se tasaba en casi un millón de dólares. Si no los tienes, pues te quedas sin poder exigir transparencia”.
Diferencia de 18.000 votos entre Sánchez y Fujimori
En la práctica, el sistema de aranceles condiciona el acceso a la impugnación al poder adquisitivo de cada organización política. Con un resultado tan estrecho —apenas 18.478 votos de diferencia—, las candidaturas sin respaldo económico quedan automáticamente excluidas de la posibilidad de apelar los escrutinios. No importa la solidez de las denuncias: sin fondos, no hay recurso.
Hasta el momento, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevaba contabilizado el 98,593 % de las actas, es decir, 91.461 de 92.766. Fujimori sumaba 9.075.116 votos frente a los 9.056.638 de Sánchez. La diferencia, mínima en términos porcentuales, exige cada voto escrutado. Y allí aparecen las mesas cuestionadas como elemento para poder definir la balanza.
Juntos por el Perú ya presentó un recurso de nulidad sobre 294 mesas en Argentina. También anunció acciones contra 1.657 mesas en Lima y 652 en Estados Unidos.
Paralelamente, las bases del progresismo se movilizaron en la plaza San Martín de Lima, así como en Chiclayo, Arequipa, Puno y Ayacucho, exigiendo que se respete el voto popular. Las protestas, reportadas por medios locales, acompañaron el reclamo con presión callejera, consignó TeleSUR.
Campaña de Sánchez realiza colecta solidad
Ante la urgencia, la campaña de Sánchez convocó a una colecta solidaria para financiar las impugnaciones por casi 1 millón de dólares. El foco está puesto en anular las actas de las 2.400 mesas con patrones de votación calificados como “muy anómalos”. Ss.
El viernes, Sánchez propuso a Fujimori solicitar de manera conjunta un recuento total de votos de la segunda vuelta, “sobre todo en aquellos lugares donde hay indicio presunto de que no haya ocurrido transparencia”. Fuerza Popular, el partido de la ultraderechista, rechazó la solicitud de inmediato.
Ante este escenario, el resultado de los comicios presidenciales de Perú depende de un modelo donde la justicia y transparecia electoral se compra y se vende como una mercancía.
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