Madrid, 25 may (EFE).- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirma en su informe sobre la causa de Begoña Gómez que su asesora, Cristina Álvarez, estaba en la práctica "integrada en el equipo de trabajo de la cátedra" que codirigió la esposa del presidente del Gobierno, y tuvo "una gestión activa" en el marco de la misma.
El juez Juan Carlos Peinado ha recibido recientemente el informe -que encargó en agosto de 2024- en el que la UCO desgrana en 317 páginas su investigación sobre la creación de la cátedra que dirigió Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el 'software' vinculado a la misma y los movimientos bancarios de la mujer del presidente.
Begoña Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés están a la espera de conocer el futuro de sus recursos contra el auto en el que el juez Peinado propuso juzgarles por un jurado popular.
Sobre la asesora el informe concluye que fue convocada y participó en reuniones sobre el desarrollo de la plataforma de medición de impacto social y medioambiental y en "gestiones burocráticas al respecto".
"La figura de Cristina Álvarez responde íntegramente a este tipo de funciones de gestión y auxilio a la Dirección de la cátedra de la UCM", dice el informe, que añade que "independientemente de la ausencia de una relación formal con la Universidad", se la considera "integrada en el equipo de trabajo de la Cátedra" y destaca su "gestión activa" en el marco de la misma.
Tras detallar los correos en los que aparece la asesora, los investigadores subrayan que Álvarez conoció cómo fue la contratación de la empresa Deloitte para colaborar en la cátedra.
Previamente el informe explica que la contratación de Deloitte se tramitó con dos expedientes elaborados como "un mero marco administrativo" para darle "apariencia de legalidad", si bien "al margen del procedimiento establecido en la normativa".
Los pagos a la consultora se sustentaron en un contrato menor y en un procedimiento abierto simplificado, según la UCO, que sostiene que las adjudicaciones a Deloitte "estaban premeditadas" y "la consultora ya había iniciado sus funciones con anterioridad".
"Cristina Álvarez era conocedora del contenido de la propuesta de Deloitte a la cátedra, previo a la tramitación del contrato menor" y "fue partícipe en la gestión administrativa necesaria para justificar la facturación relativa al procedimiento abierto simplificado" en diciembre de 2023, afirman los investigadores.
También tuvo conocimiento de que Deloitte continuó prestando servicios tras la finalización del plazo establecido en el contrato.
En esta parte del informe la UCO añade que Begoña Gómez, "como directora de la cátedra y principal propulsora del proyecto, participó directamente" en la tramitación del contrato menor.
Añade que Gómez promovió "que ambos expedientes se rigieran por esas condiciones pactadas de antemano", estaba al tanto "de los trámites llevados a cabo para justificar dicha facturación", y era "consciente del alcance real de los servicios por parte de Deloitte y, especialmente, de la continuidad de estos más allá de la finalización del plazo de ejecución del contrato".
En el informe se desgrana que como el acceso a la plataforma fue público hasta que se abrió la causa judicial, en abril de 2024, los investigadores han descubierto que nuevos usuarios "desvinculados a los desarrolladores" se dieron de alta, algunos de ellos "con una clara intención de no revelar datos sobre la identidad del usuario" con datos "poco verosímiles y/o mediante el uso de servidores de correo caracterizados por sus condiciones de anonimidad o de carácter desechable".
Subraya el caso de una cuenta que "habría sido empleada para obtener información de la herramienta con el fin de incorporarla al escrito ampliatorio de la querella" que presentó la organización Hazte Oír -acusación popular en la causa-.
También han hallado "cuentas inventadas 'ad hoc'" con dominios como "Menuda Estafa Investigación".
La UCO detalla que el coste directo que habría supuesto para la UCM el desarrollo de la plataforma asciende a 108.765 euros, por el pago directo a proveedores de servicios. EFE
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