Los países de la UE han dado este lunes su aprobación definitiva a una nueva directiva que establece reglas comunes sobre insolvencias, con el objetivo de simplificar los procedimientos de quiebra en la UE y facilitar las inversiones entre países.
La norma pretende reducir las diferencias entre legislaciones nacionales que, según el Consejo, hasta ahora complicaban los procesos y generaban incertidumbre para empresas e inversores, y mejorar la recuperación de deudas en caso de insolvencia.
En concreto, el nuevo marco permitirá anular operaciones realizadas antes de la quiebra que hayan podido perjudicar a los acreedores, así como facilitar la localización de activos de empresas insolventes mediante el acceso a registros bancarios en distintos Estados miembro.
Además, introduce los llamados procedimientos 'pre-pack', que permiten preparar la venta de una empresa en dificultades antes de iniciar formalmente el proceso de insolvencia y ejecutarla de forma rápida después, con el objetivo de preservar su actividad.
La directiva también fija obligaciones para los directivos, que deberán solicitar la insolvencia en un plazo máximo de tres meses desde que detecten problemas financieros, para evitar un mayor deterioro de la empresa.
Asimismo, la norma refuerza el papel de los acreedores en los procedimientos y obliga a los países a publicar información clara sobre sus sistemas nacionales.
Tras la aprobación definitiva por parte de los Veintisiete, los Estados miembros dispondrán de un plazo de dos años y nueve meses para transponer la directiva a su ordenamiento jurídico.
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