
El Parlamento Europeo y el Consejo (gobiernos) han alcanzado este miércoles un acuerdo provisional para reforzar la protección de los trabajadores frente a la exposición a varias sustancias cancerígenas y otros productos químicos peligrosos utilizados en sectores como la fabricación de baterías, la siderurgia, la industria química o el textil.
El pacto introduce nuevos límites de exposición profesional para varias de estas sustancias y refuerza las medidas de prevención en el lugar de trabajo, unos cambios con los que las instituciones europeas estiman que podrían evitarse alrededor de 1.700 casos de cáncer de pulmón y cerca de 19.000 enfermedades profesionales durante los próximos 40 años.
En concreto, el acuerdo fija nuevos valores límite para el cobalto y sus compuestos inorgánicos, empleados principalmente en la producción de baterías, así como para los hidrocarburos aromáticos policíclicos, presentes en actividades como la siderurgia y la producción de hierro y aluminio.
También establece restricciones para el 1,4-dioxano, una sustancia utilizada en la industria química y textil, e incorpora por primera vez un límite de exposición profesional de larga duración para el isopreno, empleado también en la industria química y en la fabricación de caucho, cuya exposición puede provocar irritaciones en las vías respiratorias y, en los casos más graves, enfermedades como cáncer de hígado o anemia, según explica la Eurocámara.
REFUERZO DE PROTECCIÓN PARA PROFESIONES DE RIESGO
El acuerdo incluye además disposiciones más precisas sobre el uso de equipos de protección individual, entre ellos los dispositivos de protección respiratoria, y reconoce el derecho de los trabajadores a realizar pausas periódicas en espacios libres de contaminación.
Asimismo, pone el foco en colectivos especialmente expuestos a sustancias peligrosas, como los trabajadores sanitarios que manipulan medicamentos peligrosos, para quienes subraya la necesidad de una formación adecuada, o los bomberos y otros miembros de los servicios de emergencia, para los que reclama medidas adicionales de protección.
Los colegisladores también piden a la Comisión Europea que siga evaluando la evidencia científica disponible sobre las emisiones de los motores de aeronaves, que contienen diversas sustancias cancerígenas, con vistas a una futura actualización de la normativa.
El acuerdo, que deberá ser aprobado formalmente por ambas instituciones, incorpora igualmente una referencia expresa al apoyo que los Estados miembro deberán prestar a las pequeñas y medianas empresas para facilitar su adaptación a las nuevas exigencias.
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