La Clínica Jurídica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha conseguido que la Audiencia Nacional adopte la medida cautelar solicitada por un equipo de trabajo de la entidad solidaria de la Facultad de Derecho y ordene al embajador de España en Islamabad (Pakistán) que proporcione la documentación para el traslado de un exfiscal afgano y su familia.
En un comunicado, la UPF señala que la sección 5 de la Sala Contencioso Administrativa de la Audiencia Nacional considera acreditado que la familia --integrada por el exfiscal, su mujer y 4 hijos menores-- se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, con riesgo real de persecución tanto en Afganistán como en Pakistán, donde reside actualmente en situación irregular y en un contexto de conflicto armado entre ambos países.
La Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha presentado un recurso contra la interlocutoria y se ha opuesto a esta medida cautelar con "argumentos difícilmente sostenibles", según el director de la Clínica Jurídica de la UPF, Maurici Pérez, que ha trabajado en el caso con la estudiante del Máster Universitario en Abogacía de la UPF-BSM, Anna Farrés, y la abogada voluntaria Marta Llonch.
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