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SEÑOR DIRECTOR:

En diciembre conmemoramos 10 años de la Ley Ricarte Soto, que ha cambiado la vida de miles de personas al garantizar acceso a tratamientos de alto costo. Sin embargo, su espíritu —no dejar a nadie atrás— sigue inconcluso: hay pacientes y diagnósticos que aún esperan.

A inicios de enero supimos que el proceso de actualización de la ley está detenido por la falta de un informe del Ministerio de Hacienda. Este no es un trámite administrativo más: cada día de retraso significa personas sin respuestas del Estado cuando más lo necesitan.

A dos meses de que asuman nuevas autoridades en salud, desde las organizaciones de pacientes hacemos un llamado urgente a que este proceso se retome a la brevedad. La Ley Ricarte Soto ha demostrado su valor social y sanitario; hoy es tiempo de fortalecerla sin más excusas.

Cecilia Rodríguez

Directora Somos Ciudadanía en Salud

Fundación Me Muevo