El Ciudadano
Por Verónica Aravena Vega
Yo también soy deudora del CAE. Lo escribo así, en presente, porque eso es lo que es: una condición que no termina. Tenía diecisiete años cuando “firmé”. Mis padres no podían pagarme la universidad. Acepté ese crédito entre la espada y la pared, como casi todos. ¿Soy culpable por haber querido estudiar? Cuando lo pregunto sola, suena a culpa. Cuando lo preguntamos quinientas mil personas, suena a otra cosa.
Somos 550 mil. Cuatro billones de pesos. Esta semana la Tesorería empezó a vaciar cuentas corrientes. Un hombre contó en The Clinic que fue a comprar el almuerzo, no le pasó la tarjeta, y descubrió que el Estado le había sacado hasta el último peso. Recién pagado. Sin tribunal, sin audiencia, sin nada. Una notificación de abril que casi nadie leyó y un saldo en cero en junio.
Esto no es un problema técnico. No es un mal diseño de política pública, no es un crédito que salió caro, no es una falla de mercado. Es una tecnología de poder. Lazzarato lo nombró: la deuda fabrica un tipo de sujeto. Un sujeto culpable, calculador, autocensurado, que vive midiendo lo que puede y lo que no puede hacer con su vida según la cuota del mes. Un sujeto que no proyecta, que no descansa, que no ama sin antes hacer la cuenta. Yo conozco ese sujeto. Lo encarno.
Luci Cavallero y Verónica Gago, desde Argentina, propusieron una idea simple y brutal: sacar a la deuda del closet. Decir en voz alta lo que las finanzas convierten en abstracción —curvas, tablas, porcentajes— y devolverle el cuerpo que tiene. Porque la deuda tiene cuerpo. Tiene insomnio, tiene postergación, tiene rupturas de pareja, tiene maternidades imposibles, tiene depresiones que no se nombran como depresiones de la deuda porque la vergüenza no deja. La deuda produce silencio. Esa es su forma más eficaz de operar.
Los deudores del CAE no somos cualquiera. Somos las primeras generaciones universitarias de nuestras familias. Hijos e hijas de profesores rurales, de empleadas, de trabajadores que apostaron lo que no tenían a la promesa de que un título iba a sacar a la familia de donde estaba. Esa promesa era una factura. Estudiamos para emanciparnos y salimos atados. Cada cuota es un pequeño no a algo. No al viaje, no al hijo, no a renunciar al trabajo que te enferma, no a irte del pueblo, no a empezar de nuevo. La deuda gobierna decisiones que creemos íntimas. Esa es su eficacia: te hace creer que las elecciones que la deuda te impone las tomaste tú.
El embargo administrativo es la forma más obscena de la intrusión. Mientras tanto, el debate sobre levantar el secreto bancario para perseguir el crimen organizado se empantana porque, dicen, requiere garantías judiciales. Para los narcos, garantías. Para los profesores de básica endeudados a los dieciocho, embargo express.
El Estado no nos dejó solos por accidente —nos dejó a la intemperie para que cada deudor enfrentara la cuota a solas, con la app del banco abierta, calculando.
Acá hay algo más. En Chile no tenemos lenguaje colectivo de la deuda. No tenemos imaginario común. No tenemos forma de decir lo que nos pasa sin que suene a queja individual, a fracaso personal, a no supe administrarme. Y sin lenguaje no hay organización posible. Sin imaginario, el sentido común se impone solo: tienen que pagar y punto. Eso no apareció de la nada. Eso lo prepararon. Los gobiernos anteriores, también. El Estado no nos dejó solos por accidente —nos dejó a la intemperie para que cada deudor enfrentara la cuota a solas, con la app del banco abierta, calculando. Y Kast remató la operación con inteligencia táctica: empezar los embargos por los deudores de altos ingresos. Nadie iba a salir a defender a un tipo que gana cinco millones. Pero el dispositivo ya está armado, la legitimidad ya está construida, y ahora se expande hacia abajo. Hacia nosotros.
La izquierda chilena perdió la batalla por la condonación. La perdió porque la peleó en el idioma del adversario —tramos, fórmulas, sostenibilidad fiscal— y porque le tuvo miedo al gesto. Condonar suena a regalar. Suena a irresponsabilidad. Suena a populismo. La izquierda chilena, formateada por treinta años de tecnocracia, prefirió discutir el porcentaje antes que cuestionar la legitimidad de la deuda misma.
Ese es el error.
Quién le debe a quién, escribieron Cavallero y Gago en otro libro. La pregunta no es decorativa. Es la operación entera. Cambia el eje moral, cambia quién está en falta, cambia el silencio individual por palabra colectiva. No le debemos plata al Estado. El Estado nos debe la educación que nos vendió como mercancía.
¿Qué hacemos ahora? Cosas pequeñas y cosas grandes. Hablar del CAE en voz alta, con nombre y monto. Escribirlo. Compartirlo. Buscar a los otros deudores —están en todas partes, son tu compañera de trabajo, tu primo, tu vecino— y dejar de tratar la deuda como un secreto. Apoyar a las organizaciones de deudores que ya existen y que llevan años intentando que esto se vea. Dejar de discutir cuánto se condona y empezar a discutir por qué tendríamos que pagar. Cambiar la vergüenza por rabia. Eso, antes que nada.
La Tesorería entró a las cuentas corrientes esta semana. Lo va a seguir haciendo. Va a expandir los embargos al resto del país. Y cada deudor va a vivir esa intrusión a solas, con la cara metida en la app del banco, calculando cuánto le queda para el mes.
Salvo que decidamos otra cosa.
Por Verónica Aravena Vega
Psicóloga. Doctora en Estudios de Género y Política, Universidad de Barcelona. Máster en Masculinidades y Género. Máster en Recursos Humanos. Máster en Psicología Social/Organizacional. En Instagram
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