El Ciudadano
Por Luciano Fouillioux
Testigo directo del Golpe
Como es público, sabido y trágico, el año 1973 se dispuso un cruento Golpe de Estado por parte de la derecha política de entonces, más las Fuerzas Armadas y Carabineros, en contra del gobierno del Presidente Salvador Allende y contra, igualmente, la democracia social y política misma.
En ese momento yo cursaba cuarto medio en el colegio Instituto Nacional y, por lo mismo, tenía edad suficiente para tratar de entender lo que fui testigo directo, tanto por la ubicación de mi colegio en aquel entonces —calle San Diego al llegar a la Alameda—, como por mi domicilio particular, atendido que el hogar familiar estaba en cercanía inmediata del hogar presidencial de calle Tomás Moro, en Las Condes.
Fueron días de máxima violencia por parte de las fuerzas políticas de derecha y uniformadas golpistas. El correr nocturno de personas que en “toque de queda” se desplazaban, seguramente por cambio inesperado y urgente de domicilio, era la habitualidad especial de noche. Se escuchaban disparos y ráfagas de metralletas que, por orden, se dirigían contra personas para actos de fusilamiento callejero. Aquello se repitió en distintas unidades militares, comisarías, servicios públicos y lugares privados de publicidad en cerros y montañas.
La situación marcó a toda la población conforme sus propias posiciones anteriores, pero obligó a trabajar en protección de los perseguidos. Estos eran muchos, y más de los que hoy se encuentran calificados por las Comisiones Rettig y Valech, más otras instancias del Estado.
En lo personal, en 1974 ingresé a estudiar la carrera de abogado en la Universidad de Concepción y, el año 1975, en la Universidad de Chile, donde hice toda la enseñanza universitaria.
Así me encontré y conocí en la Vicaría de la Solidaridad a muy selectas personas, quienes desde sus propios refugios laborales asistían sin temor ni circunstancia contraria ninguna a las personas víctimas, anteponiendo el humanitarismo por sobre toda otra situación.
Sin embargo, la cruenta realidad sufrida por las personas de todo género, edad, condición, pensamiento y otra característica demandaba, creía yo, el acompañamiento y defensa de aquellas personas, quienes sin protección ninguna podían evitar el daño que se les ejercía.
En particular, las víctimas y sus familias habían pertenecido, o al menos adherido, al gobierno derrocado y sus partidos políticos que lo sostenían. Detenidos desaparecidos, torturados, exiliados, exonerados laborales, perseguidos y víctimas de toda clase de discriminación y horror por pensar distinto: desde la ética y el derecho más elementales, eso obligaba a estar juntos con ellas y ellos.
La Vicaría, un conjunto armónico y vital
Esto marcó mi opción total desde la universidad de ponerme a disposición de aquello en tanto así fuera posible, cuestión realizada desde poco antes de titularme y durante prácticamente todo mi ejercicio profesional, desde distintos ángulos y tareas.
El año 1976, la Iglesia Católica, la cual tenía una participación decidida en la materia, aceptó y se puso del lado del Cardenal Raúl Silva Henríquez, quien con especial valentía y arrojo creó la Vicaría de la Solidaridad con el fin de otorgar asistencia jurídica, social y documentación histórica del proceso que entonces se vivía en el país, no sin antes haber organizado dicha función de forma más acotada, pero muy relevante, en lo que se conoció como el Comité Pro Paz.
Así me encontré y conocí en la Vicaría de la Solidaridad a muy selectas personas, quienes desde sus propios refugios laborales asistían sin temor ni circunstancia contraria ninguna a las personas víctimas, anteponiendo el humanitarismo por sobre toda otra situación.
Conocimos el dolor, el horror y la solidaridad en el apoyo al trabajo, en muchas personas.
Abogados, asistentes sociales, administrativos, funcionarios, civiles y sacerdotes generamos un conjunto armónico y vital para llevar el presente objetivo de protección hasta ya recuperada la democracia (1976-1992).
Conocimos el dolor, el horror y la solidaridad en el apoyo al trabajo, en muchas personas.
Nos asesinaron vilmente, como todo asesinato y aún más, a José Manuel Parada Maluenda (28 de marzo de 1985), sociólogo, funcionario estable de la Vicaría, amigo y compañero de anhelos de justicia y protección.
El asesinato de José Manuel doblegó, por compromiso y amor, el trabajo junto a las víctimas como respuesta directa a los asesinos, hoy encarcelados después de muchísimos años.
Para mí, la impresión más fuerte tenida con los compañeros y compañeras de trabajo fue al cierre de la Vicaría, en donde, en la Catedral de Santiago, la Iglesia Católica —encabezada por Monseñor Sergio Valech— celebró una misa final.
La iglesia estaba, simplemente, repleta de personas anónimas en su gran parte, quienes aplaudieron nuestra salida por el pasillo central con estruendosos aplausos en señal de gratitud.
Por Luciano Fouillioux
Abogado. Estudió Derecho en la Universidad de Concepción y en la Universidad de Chile. Trabajó en la Vicaría de la Solidaridad desde su creación, en 1976, hasta su cierre, en 1992, defendiendo a víctimas de la represión y a sus familias.
Este testimonio integra el especial Voces que Recuerdan, de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (Funvisol). Su reproducción en medios requiere citar la fuente y enlazar a:
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Cuidemos la memoria entre todos.
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