El Ciudadano
Los cuestionamientos no han cesado desde que el pasado 2 de junio se desbarató la red del Tren de Aragua que sacó del país más de $75 mil millones. ¿Por qué el sistema de inteligencia financiera no actuó antes? La respuesta incomoda: la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sí alertó. Al menos en cuatro oportunidades, entre abril de 2024 y mayo de 2026, remitió documentos al fiscal nacional, Ángel Valencia, con Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) provenientes de múltiples bancos. Esa información detallaba movimientos de empresas y personas que hoy integran la nómina de imputados.
Los documentos enviados a Valencia incluían dos sociedades de fachada —Bexdigital Service y BexGroup— identificadas como las principales receptoras de fondos de la organización liderada por un sujeto alias “Yefri” y vinculada a Carlos Gómez Moreno (“Carlos Bobby”), uno de los miembros de mayor jerarquía del Tren de Aragua en Chile, actualmente preso en Colombia. Pero el dato más explosivo figuraba en los reportes bancarios: el nombre de José Pérez Asencio, entonces ejecutivo del Banco Santander y hoy detenido, aparecía en las alertas. También se mencionaba a Joel David Díaz, pareja de la funcionaria externa del BancoEstado Rossana Blanco, igualmente capturada.
Según reveló CIPER, el primer documento de la UAF lleva fecha abril de 2024, lo que significa que dos meses antes del quíntuple homicidio de Lampa —la balacera del 15 de julio de ese año en una parcela que dejó cinco muertos— el organismo ya había puesto en conocimiento del Ministerio Público los movimientos irregulares de esta estructura. Paradójicamente, fue ese crimen el que permitió recuperar el iPhone de Bárbara Henríquez, alias “Barby”, sindicada como uno de los principales brazos operativos de la organización criminal, y destrabar la investigación que terminó por desarticular la red.
Respuesta desde la Fiscalía Nacional
Consultada por el citado medio de investigación, la UAF declinó referirse al caso. La Fiscalía Nacional, en tanto, respondió que los informes son “recepcionados y analizados por las unidades especializadas” y luego remitidos a las fiscalías regionales que investigan «los hechos o las personas reportadas en los informes de la UAF».
Sin embargo, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, quien lideró la indagatoria que desbarató la organización, entregó una versión más cruda. En radio Duna, Barros reconoció que recibió los reportes “hace poco» y porque él mismo los había solicitado.
Afirmó que las alertas bancarias existían —el propio Pérez Asencio fue reportado por el Banco BCI “hace tiempo atrás”— y que la UAF las envió al Ministerio Público, pero que “no llegaron en este caso en particular a la Fiscalía Regional Sur”. Y sentenció: “Desconozco qué pasó ahí… debe estar en otra fiscalía”.
¿Qué contenían esas alertas que nadie aprovechó a tiempo? Los ROS provinieron de al menos tres bancos: Banco Falabella, Banco de Chile y BCI. En ellos se advertía que en la cuenta de José Pérez Asencio ingresaron más de $292 millones** entre diciembre de 2023 y enero de 2025, montos incompatibles con su capacidad económica como ejecutivo.
Según CIPER, otra alerta señaló que Marcos Reyes Acosta, constituyente de BexGroup, recibió transferencias por alrededor de $761 millones en solo seis meses (entre octubre de 2024 y marzo de 2025), con un promedio mensual de $128 millones,
La mayoría de esos fondos terminaban en Bexdigital Service, por donde fugaron un monto toral de $58.501 millones del país. También se detectó que Joel David Díaz recibió un depósito en efectivo de $19 millones en marzo de 2025, y que Jessica Yurimar Hernández Carrero, una “presta cuentas” sin actividad remunerada formal, acumuló traspasos por más de $56 millones entre febrero de 2022 y octubre de 2025.
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